Querella contra el pastor Soto, fraude en Carabineros y cautelares de cabo Zamora: los casos del juez que ve audiencia de Monsalve
El juez lidera la audiencia de garantía de cautela para Manuel Monsalve, indagado por abuso sexual y violación.
A las nueva de la mañana comenzó la audiencia de cautela de garantías para Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior que dejó el cargo tras la denuncia por abuso sexual y violación en su contra. La parte acusadora, liderada por el fiscal Xavier Armendáriz de la Fiscalía Centro Norte y la defensa de la otrora autoridad, presentan sus alegatos frente al magistrado Ponciano Sallés del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien deberá acoger o rechazar las solicitudes de los abogados de Monsalve, que entre otras cosas, solicitan secreto de la causa y acceso a la carpeta investigativa.
Esta no es el primer proceso judicial de interés publico que encabeza el joven juez Sallés. Sobre su trayectoria pesa su inhabilitación por imparcialidad en el caso Tsunami, las cautelares en la causa Pío Nono, fraude en Carabineros, y así una larga lista. En 2015 se pronunció sobre la querella interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en contra de Javier Soto, autodenominado pastor Soto.
En concreto, el magistrado sobreseyó la acción judicial argumentando que “la tolerancia debe correr necesariamente en ambos sentidos y es menester entonces señalar cuando una persona decide adoptar determinadas posiciones en el concierto ciudadano público necesariamente también deberá considerar estar expuesto a respuestas que no pueden ser del todo queridas o aceptadas”.
Y señaló que las declaraciones de Soto manifiestan “una postura diferente (..) respecto del debate de este tipo de cuestiones legislativas que eventualmente pueden tener un lenguaje más allá del correcto del que deberíamos estar acostumbrados los ciudadanos”.
Además de este fallo, que después fue revocado por la Corte de Apelaciones y Soto debió enfrentar un juicio, el magistrado también es recordado por su intervención al dictar arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse a los imputados por el millonario fraude en Carabineros, revelado en 2017.
En esa oportunidad, remarcó que no “solo se ha afectado el patrimonio público, sino que también hay un daño, y quizás sea el daño más relevante que puede verificar este sentenciador y que dice relación con la fe pública” y afirmó que el caso produjo “un quiebre en la sociedad en términos de que una de sus instituciones que gozaba de mayor prestigio es afectada por la corrupción”.
Tres años más tarde, fue el juez que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario al cabo Sebastián Zamora, posteriormente declarado inocente por el caso Pío Nono.
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