Subsecretario del Interior por homicidios en Los Ángeles: “No vamos a aceptar que organizaciones criminales tomen el control de las ciudades”

El arribo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la Región del Biobío no fue fácil. La autoridad de gobierno viajó hasta la zona para sostener reuniones con distintas autoridades locales, comunidades mapuche y gremios del sector productivo.

Sin embargo, en su traslado a la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco, fue recibido por protestas por parte de desconocidos, quienes impidieron su acceso. La agenda tuvo que ser modificada, pero tras lo ocurrido el subsecretario insistió en que desde el gobierno serán “perseverantes” en el diálogo y aseguró que “no vamos a pararnos frente a los obstáculos”.

Durante este jueves la agenda de trabajo continuó y esta mañana Monsalve detalló parte de los avances que han sostenido respecto al cronograma de hoy en la ciudad de Los Ángeles, en materia de seguridad.

“La situación es efectivamente de extraordinaria gravedad. A la misma fecha del año anterior en la ciudad de Los Ángeles habían ocurrido, lamentablemente, tres homicidios. Transcurrido el mismo periodo del año 2022 han ocurrido tres homicidios, las cifras hablan por sí mismas”, expresó el subsecretario y agregó que “constituye una tarea urgente” por parte del gobierno.

En ese marco, anunció la constitución de un espacio de trabajo en la comuna de Los Ángeles para la recuperación de espacios públicos. “En los barrios hay miedo porque el Estado se retiró, no está el Estado”, señaló al respecto.

Así también, detalló que darán prioridad al proyecto que permite elevar la categoría de la subcomisaría de Paillihue a la de comisaría, según explicó Monsalve, “por todo lo que implica en materia de seguridad para el sector”.

“Por lo tanto, hemos comprometido con el alcalde y con el gobernador que esta semana vamos a tener una respuesta en conjunto con Carabineros para que se pueda apresurar la etapa de evaluación y diseño, que permita al ejecución pronta de la infraestructura que eleva la categoría”, agregó.

“Nosotros no vamos a aceptar que organizaciones criminales tomen el control de las ciudades y no queremos hacer un hito comunicacional al respecto, pero lo que sí quiero decir es que vamos a tener resultados y resultados contundentes en esa materia”, puntualizó.

Respecto a la agenda de este jueves, Monsalve detalló que tras sostener reuniones en materia de seguridad en Los Ángeles, continuarán con una reunión con gremios productivos de la provincia del Biobío, un encuentro con el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, y también con la Cámara de Comercio.

El subsecretario del Interior también abordó la toma de un fundo en Alto Biobío, atribuida por la comunidad Aukin Wallmapu. Según explicó, “tanto la delegada presidencial regional como de la delegada provincial han estado en el lugar, han tenido contacto con la familia que es dueña del predio y también han abierto puerta para un diálogo con comuneros que están en la toma”.

Si bien precisó en que desde el gobierno avanzarán para profundizar en el diálogo, “respecto a este caso hay una denuncia en el Ministerio Público y esto está en manos de la Fiscalía, por lo tanto las decisiones que se tomen allí en términos de medida de protección o eventualmente de desalojo no son medidas que hoy estén en manos de la decisión del gobierno”.

“Lamentablemente quiero decir que hasta ahora el Ministerio Público no ha tomado decisiones conocidas respecto de medidas de protección ni de ninguna otra medida en torno a la toma que hay en el predio”, agregó e insistió en que “el Ministerio Público pertenece a un poder autónomo del Estado y nosotros no mandamos a los fiscales”.

Sin embargo, detalló que desde el gobierno solicitaron a Carabineros mantener rondas regulares preventivas en la zona y que a la familia “se le ha provisto un medio de comunicación que le permite mantener contacto directo” con funcionarios policiales.

En relación a este caso, el subsecretario apuntó a “un problema estructural”. “Hay una toma de un terreno que hoy tienen un propietario. Detrás de esa demanda también hay una demanda de recuperación de tierras que debería haber sido canalizada a través de la Conadi, a través de un proceso de diálogo que fue completamente inoperante”.

“No me gusta hablar de lo que han hecho antes, pero el Estado chileno todos los años tiene 73 mil millones de pesos que aprueba el Parlamento para que a través de la Conadi los gobiernos puedan llevar adelante el proceso de compra de tierras, justamente porque esto es una de las principales demandas y puntos de conflicto”, explicó.

Pero advirtió que “cuando el Estado no hace uso de las herramientas de las cuales dispone, lo que hace es profundizar la crisis, y quiero decir que durante los últimos 4 años se ha subejecutado el presupuesto de tierra y agua. Habiendo 73 mil millones los gobiernos gastaban 20 o 25 mil”. “Hay problemas que se agravan producto de la inoperancia”, sentenció.