Suprema elige quina para sucesor de Brito en medio de exposiciones teñidas por críticas al sistema de nombramientos

La tarde de este lunes el pleno de la Corte Suprema escuchó las exposiciones de los 14 ministros de Corte que aspiraban a integrar el máximo tribunal y ocupar el puesto que dejó vacante Haroldo Brito, quien el pasado 16 de noviembre cumplió la edad máxima -75 años- que se permite para formal parte de la entidad.

Quienes se presentaron fueron los ministros Mireya López Miranda, Roberto Contreras Olivares, María Carolina Catepillán Lobos, Omar Astudillo Contreras, Mario Gómez Montoya, Álvaro Mesa Latorre, Sylvia Pizarro Barahona, Marisol Rojas Moya, Romy Rutherford Parentti, Eliana Quezada Muñoz, Hernán Crisosto Greisse, Liliana Mera Muñoz y Miguel Vázquez Plaza. En el caso de Juan Manuel Muñoz Pardo, decidió no hacer su presentación.

Así, tras un encuentro que se extendió por dos horas horas y media, y un receso para deliberar, la vocera de la Suprema, María Soledad Melo, le transmitió a los presentes que la quina seleccionada estaba integrada por Muñoz Pardo (por derecho propio), Quezada Muñoz, López Miranda, Vázquez Plaza y Contreras Olivares.

De esta forma los titulares del máximo tribunal dejaron en el camino a magistrados como Romy Rutherford -reconocida por haber investigado el fraude en el Ejército-, pese a que había sido “ungida” por el propio Brito para sucederla en el cargo.

Y si bien las exposiciones estuvieron centradas en temáticas variadas, en algunas de ellas los postulantes esbozaron lo referente a la crisis que atraviesa el máximo tribunal producto de la polémica por eventual tráfico de influencias en el nombramiento de integrantes del Poder Judicial.

Eliana Quezada Muñoz, quien hasta ahora se desempeña como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, centró su exposición en lo referente a la tutela judicial efectiva en el ámbito de la justicia laboral, esto es el recurso de nulidad. Hizo presente, en ese sentido, que la reforma sobre la materia permitió notorias mejoras en el sistema, generando, entre otros efectos, baja en los tiempos de tramitación y la posibilidad de contar con un sistema gratuito de defensa especializada.

Sin embargo, recalcó que aún hay voces que sostienen que hay una “excesiva limitación” en cuanto a la posibilidad de recurrir de nulidad respecto de resoluciones.

Por su parte, Mireya López Miranda, actual integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, dedicó su presentación a abordar las repercusiones del crimen organizado. En ese sentido, hizo presente que “hemos visto con estupor como este (fenómeno) ha ido en aumento”.

Señaló, en la misma línea, que se debe tener claro que esa es una problemática que pone en riesgo el trabajo que realiza el Poder Judicial y que, por lo mismo, se debe tener un diagnóstico claro elaborado por un organismo especializado. Se podría crear, además, una oficina de cumplimiento para así evitar que los tentáculos de la criminalidad puedan permear las instancias.

Miguel Vázquez Plaza, en tanto, dedicó sus minutos para abordar lo referente a la urgencia con que se debe enfrentar la precariedad de las instalaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que como dijo, hay una “imperiosa necesidad” de ocuparse de solucionar dicha cuestión.

“Varias de las salas no tienen baño directo, sus instalaciones son pobrísimas. La Primera Sala, donde residen los alegatos de asuntos de pleno no permiten que estén todos en el mismo lugar y no hay espacio para el público y la Tercera Sala, producto del incendio, ahora funciona en un privada de un ministro”, sostuvo junto con mencionar otros ejemplos.

Dado lo anterior, propuso se reactive el proyecto de las tres cortes para la RM, dado, además, del alto número de causas que ingresan a tramitación.

Por último, Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, expuso sobre neuroderechos, dadas las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías. Y manifestó, en ese sentido, que se debe contar con regulaciones y sistemas de contención que permitan “un mejor fluir de la naturaleza humana”.

Durante las intervenciones, en todo caso, hubo al menos tres ministros que hicieron presente la necesidad de que los jueces respondan de manera efectiva a la independencia que requieren para ejercer sus labores de manera adecuada y sin influencias, punto que se ha puesto en entredicho en medio de la polémica por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales.

Entre ellas, estuvo la ministra María Carolina Catepillán, quien fue explícita en sostener que la reciente polémica hizo reflotar la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa al interior del Poder Judicial. Insistió, acto seguido, en la necesaria independencia de la que deben gozar quienes ejercen la labor jurisdiccional, incluida la disociación que deben hacer respecto de sus propias convicciones personales.

“No hemos sido nombrados para juzgar de acuerdo a nuestras convicciones”, sostuvo, haciendo presente que un juez debe autorestringirse y dejar las visiones partidistas a un lado. “Debe prescindir tanto de lo interno como de lo externo”, dijo, agregando que un juez “no se debe dejar influir por poderosos”.

Postura similar esbozó Mario Gómez Montoya, quien partió citando “El Quijote”: “Lucho contra gigantes. La injusticia, el miedo y la ignorancia”, manifestó. Junto con ello hizo presente que el sistema de selección de jueces debe estar guiado por las capacidades que se tengan. “Debemos pretender ascender por meritocracia y criterios objetivos”, indicó.

A ellos también se sumó Rutherford, quien de manera menos explícita sostuvo: “La justicia tiene que prevalecer a cualquier tipo de distorsión en el sistema”. Agregó, además, que la independencia judicial se debe sostener a como de lugar, al igual que un acceso equitativo a la justicia.

Con más o menos influencia, la audiencia de selección de los candidatos se dio en una jornada especialmente ajetreada en tribunales a raíz de la polémica por nombramientos. Dado que desde hace algunas semanas la Comisión de Ética analiza el caso de cuatro ministros presuntamente involucrados, durante este lunes siguieron las labores.

Tras ser convocados por el secretario Marcelo Doering, llegaron hasta las dependencias los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes participaron en la comisión investigadora de la Cámara por caso audios -en medio del cual se evaluaron vínculos de supremos con el abogado Luis Hermosilla- y también presentaron querella por los hechos indagados. Ambos, como pudo recabar este medio expusieron ante los ministros que integran el comité.

Asimismo, durante la jornada la ministra Adelita Ravanales encabezó la primera reunión en el marco de la creación de un código de ética para el Poder Judicial, medida que fue anunciada por la vocera en medio de la polémica.

“La ética es una invitación a cambiar de conductas desde nuestro interior, no desde la sanción exterior. Se trabaja desde la convicción de ser el mejor juez o jueza lo que nos traerá legitimidad y confianza en la ciudadanía. Los aportes de todos siempre serán bienvenidos”, dijo la ministra.

De acuerdo con los detalles entregados, el trabajo se realizará durante siete meses y tendrá una agenda dividida en etapas: Planificación, sensibilización, propuesta de modelos, aprobación de bases para un código de ética, elaboración del código, redacción de borrador y aprobación por parte del Pleno de la Corte Suprema.