Suprema inicia inédito proceso de expulsión de jueces de Rancagua
El pleno aprobó en simultáneo la apertura de cuadernos de remoción en contra de tres ministros de corte.
El pleno de la Corte Suprema decretó la apertura de cuadernos de remoción contra los tres suspendidos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Si bien esta medida se había aplicado contra jueces en ocasiones anteriores, de acuerdo a diversas causas judiciales, se trata de la primera vez que el máximo tribunal la adopta en simultáneo en contra de tres magistrados.
La decisión responde a la propuesta de la ministra investigadora Rosa María Maggi, quien solicitó iniciar el procedimiento en contra de los magistrados, a quienes acusó de tráfico de influencias y falta a la probidad, en el caso de Vásquez y Elgueta. Todo esto, durante la permanencia de los jueces en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Este caso gatilló una verdadera crisis en la judicatura, en que la misma Corte Suprema admitió que generó "un gran daño a la confianza, credibilidad y prestigio del Poder Judicial".
La decisión de los ministros implica la máxima sanción contra magistrados: la suspensión por cuatro meses y el medio goce de sueldo. En este aspecto, los meses previos que permanecieron apartados de sus cargos son considerados como una medida cautelar, por lo tanto, según se apunta desde el Poder Judicial, no existe posibilidad de que se permute por el castigo adoptado este martes.
En cuanto a la votación, la sanción contra Elgueta fue votada de forma unánime, mientras que para Vásquez y Albornoz fue por la mayoría de los ministros integrantes. De acuerdo a fuentes del pleno, la minoría fue manifestada por cinco o seis ministros, quienes rechazaron uno de los cargos que se le imputan a Albornoz o Vásquez.
Además, el castigo ligado a la suspensión y remuneración también contó con votos en contra por parte de algunos magistrados.
Cargos
La ministra Maggi acusó a Elgueta de intervenir en la tramitación y fallo de un recurso de protección; tomar contacto con abogados ligados a causas en tramitación; solicitar al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, la incorporación de personas al organismo; exigir el ingreso de una de sus alumnas a un tribunal, así como solicitar y aceptar dinero.
En el caso de Vásquez, es dictar la resolución que nombró a su hija como consejera técnica suplente de un tribunal de la jurisdicción; aconsejar a un imputado e instalar una sala de forma diferente a lo acordado en el sorteo.
Por último, Albornoz enfrenta cargos por solicitar dinero a un imputado.
De los tres, Elgueta además fue formalizado por el Ministerio Público por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
El ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, afirmó que "si se aplica la máxima sanción, es porque se estima que las faltas son graves, afectan a la probidad y se infringen las normas del Código Orgánico de Tribunales, los autoacordados de la Corte Suprema de los principios de probidad y normas del Código".
A partir de este martes, la Corte Suprema tiene un plazo de 10 días para elaborar sentencia de la investigación. Recién a partir de este día se materializa la apertura de los cuadernos de remoción, instancia donde las defensas podrán presentar nuevos antecedentes que impidan la salida de los jueces del Poder Judicial.
"Esta sentencia tiene que estar notificada. Ahí corre el plazo para solicitar los informes que requiere el cuaderno de remoción, que son informes a los afectados y a la corte respectiva. Y ahí la Suprema tiene que votar si efectivamente se decide la remoción", explicó Cisternas.
Además, una vez que se dicte sentencia, las defensas tendrán la posibilidad de presentar un recurso de reposición para que la Suprema estudie nuevamente la medida.
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