El sábado, pasadas las 23.00 de la noche, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco se enteró de que estaba en serios problemas.
Desde su entorno dicen que su celular comenzó a tintinear y amigos le mandaban el link de una publicación de Ciper. Ahí se vertían todas sus conversaciones vía WhatsApp -desde 2018 en adelante-, con Luis Hermosilla.
Los diálogos, en poder de la fiscalía, fueron develados por dicho medio y en el reportaje no solo quedaron expuestos los mensajes enviados antes de ser jueza del máximo tribunal -en los que se preocupaba de los votos que tendría en el Senado-, sino que también las conversaciones sostenidas cuando ya era una influyente ministra de la Tercera Sala de la Suprema.
En solo pocas horas toda su carrera quedó en entredicho, a sólo dos meses de que la Universidad Católica -institución en la que hasta ahora es académica-, le realizara un homenaje por sus 40 años de docencia.
La magistrada ya estaba siendo indagada por la Comisión de Ética del máximo tribunal, pero por una imputación que no era directa, sino que por los mensajes de su pareja Gonzalo Migueles. Esa situación le costó varias críticas de sus pares, pero la publicación de Ciper dio vuelta el tablero. La divulgación de sus conversaciones con el mencionado penalista la involucraba directamente, porque sus compañeros endurecieron su posición y definieron que su permanencia en el máximo tribunal, al menos temporalmente, sería insostenible.
La indagatoria en la Comisión de Ética, abierta hace varias semanas atrás, estaba revisando las conversaciones que habría sostenido Migueles, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Ahora, con la publicación de sus chats, lo cargos se ampliaron, el pleno de la Suprema en un pleno extraordinario la suspendió de su labor como jueza y se confirmó la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. El peor escenario para quien decidió postular a un cupo de abogado externo al máximo tribunal y cargo para el cual le quedaban aún 14 años, por haber arribado muy joven al Palacio de Tribunales.
Un golpe más que Blanco
Para nadie es un misterio en pasillos de tribunales que la relación entre el presidente de la Corte Suprema y la jueza de la tercera sala no era la mejor. Y fue el propio Ricardo Blanco quien tomó la palabra tras el pleno extraordinario al que él mismo citó y anunció la suspensión de Vivanco de sus funciones como ministra y la apertura de un cuaderno de remoción. Para los entendidos, una resolución “fuerte” por lo que significa. En dos décadas, no se veía un “golpe” sobre la mesa tan duro como el que se vivió en la reunión de este lunes. Sólo comparable, comentan fuentes judiciales, a lo que ocurrió en 2001 con el exministro Luis Correa Bulo, removido por tráfico de influencias.
De los presentes, 12 ministros titulares y algunos suplentes, nadie alzó la voz para defenderla. En una resolución unánime -e histórica, dicen algunos-, se determinó iniciar un proceso disciplinario para expulsarla de la Corte Suprema. Fue tan importante para los magistrados el poder expresar lo delicado de los cargos, que el pleno se extendió por tres horas y se tuvo que suspender por completo la vista de las causas en las cuatro salas del máximo tribunal.
En el mismo documento, que le fue notificado durante la tarde, se explicitaban seis cargos que se le atribuyen y que se desprenden de los chats de Hermosilla, pero también de una denuncia que ya estaba estampada en la Comisión de Ética.
A Vivanco sus pares le piden hacerse cargo de supuestas interferencias en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón; intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla; entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las FF.AA. de conocimiento de la Tercera Sala antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado; y concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.
A todo esto se suma la denuncia que realizaron unos abogados que aseguran “situaciones extrañas” en la tramitación de un recurso de protección que tuvo como desenlace la condena a Codelco al pago de US$20 millones a la empresa bielorrusa consorcio Belaz Movitec. Por este último caso, la Fiscalía Regional de Los Lagos, la misma que ya investigaba a su pareja, abrió este lunes -de oficio- una causa penal en que tendrá calidad de imputada, abriendo no solamente un flanco en sus labores como magistrada, sino también uno más complejo al tener que responder ante la justicia ante sospecha de delitos de tráfico de influencia y cohecho.
Cuando el ministro Blanco salió a hablar, pese a ser un hombre de pocas expresiones, endureció el tono para decir que la información recopilada es “seria y grave, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”. Los 12 titulares del organismo que estuvieron presentes en el pleno extraordinario de este lunes manifestaron conformidad con ello, ninguno instaló matices y solo firmaron la resolución.
Armando las defensas
Desde el entorno de Vivanco aseguran que han sido horas oscuras, para una abogada ”acostumbrada a brillar”. Antes de que saliera el reportaje de Ciper, el 27 de agosto, había solicitado permiso para ausentarse de la Corte entre este lunes 9 de septiembre y el viernes 13, por lo que no estuvo presente ni comunicó descargos formales. Pese a ello, estuvo atenta a lo que ocurría en el Palacio de Tribunales y sostuvo que no renunciará y que se mantendrá firme para probar su inocencia.
“Se defenderá con todas las herramientas que le confiere la ley”, comentaron quienes han conversado con ella. Las mismas fuentes agregan que la magistrada cree estar en una situación “desmejorada”. Estima que no se le han transparentado todos los antecedentes, y que, por ello, pedirá copia del expediente de la Comisión de Ética y, asimismo, de los chats de Hermosilla revelados, ya que asegura que no los tiene en su celular.
En paralelo, la magistrada comenzó a sondear quiénes podían asumir su defensa. En el proceso que enfrentaba ante la Comisión de Ética, ya estaba siendo asesorada por el experto en derecho administrativo Cristóbal Osorio, y de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, seguirá contando con él.
Pero dado que también es indagada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por la causa que se inició por los chats de Migueles con Palma, y la que ahora la tendrá directamente como imputada, comenzó a sondear los servicios de un penalista. Como pudo conocer este medio, se contactó con un conocido abogado de la plaza: Juan Carlos Manríquez.
Bajo esta arista, como comenta el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, se deberá despejar si la ministra incurrió o no en delito de revelación de secreto. “Los hechos que se han conocido son gravísimos y podrían ser constitutivos de delito. La mantención de Vivanco en la Corte era insostenible y por ello es una buena decisión que se le haya suspendido”, sostuvo el profesional.
Por su parte, la abogada Catherine Lathrop manifestó que “las comunicaciones sostenidas con el abogado Hermosilla, al menos, son indiciarias de que hay conductas alejadas de la probidad. De esta forma, aparecen como relevantes ciertas figuras penales, las que por cierto deben ser previamente investigadas, pues pese a lo evidente de las comunicaciones incautadas, sigue rigiendo la presunción de inocencia”.
Más dolores de cabeza
Las aristas administrativas y penal, en todo caso, no son las únicas. Con el correr de las horas tomó fuerza la posibilidad de que Ángela Vivanco sea blanco de una acusación constitucional y, además, que sea objeto de reproches por parte de la casa de estudios donde por años ha impartido clases.
Como pudo conocer este medio, durante esta jornada se reunió de manera extraordinaria el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC). Durante la noche de este lunes, la unidad académica informó que tomó la decisión de suspender a la jueza de sus labores docentes. Esto abrirá la puerta para que la Secretaría General de la UC inicie en sumario en su contra. La facultad informó a su cuerpo docentes que uno de los cursos que hacía este semestre llamado “Derechos fundamentales y derechos humanos” quedará a cargo exclusivamente del profesor Máximo Pavez.
