TC admite a trámite los requerimientos que buscan la destitución de Isabel Allende del Senado

La tarde de este jueves el relator del Tribunal Constitucional José Francisco Leyton informó que fueron admitidos a trámite los dos requerimientos con que parlamentarios de derecha buscan la destitución de Isabel Allende del Senado. Esto, por la cuestionada y ahora fallida venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, al Fisco.

Ahora, al ser notificada de manera formal, la defensa de la senadora tiene 10 días corridos para responder a los antecedentes. Eso sí, su equipo de abogados está trabajando en la respuesta desde que fueron contactado por ella, hace dos semanas.

La determinación se conoció luego de que a eso de las 9.30 horas de este jueves comenzara el pleno en que los ministros del organismo encabezado por Daniela Marzi analizaran en términos formales ambos escritos, sin entrara al fondo. En esta oportunidad sólo se revisó la admisión a trámite de los escritos ingresados por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano.

Así, poco antes de las 14.00 horas, se dio a conocer la resolución del organismo.

Allende arriesga perder su escaño en la Cámara Alta por haber suscrito un contrato para venderle a Bienes Nacionales la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, lo que vulneró el artículo 60 de la Constitución, que señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Cabe hacer presente que nunca antes, en los casi 50 años del TC, ha sido interpretado el mencionado artículo.

Y se debe tener presente, además, que este tipo de requerimientos no pasan por un proceso de “admisibilidad”. Por tanto, después de que la defensa responda, el Pleno sólo podría habilitar plazo probatorio, que de disponerse tendría una extensión de 15 días corridos. Ese paso, sin embargo, dependerá de lo que la instancia determine.

De todas maneras, es altamente probable que cualquier definición se concrete ya en marzo, porque en febrero no hay sesiones del Pleno.

Los requerimientos no incorporaron a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del fallecido líder de la Unidad Popular (UP), que también suscribió el contrato para dicha compraventa.

Ambas, de todas maneras, están siendo indagadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que la semana pasada fue designado para encabezar la investigación penal que surgió tras la querella presentada por el abogado Raimundo Palamara.

Leyton leyó el comunicado con el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, que preside la ministra Daniela Marzi.

El documento indica que se “acordó admitir a tramitación los requerimientos deducidos por grupos de honorables diputadas y diputados de la República, en que han solicitado la declaración de cesación en el cargo de la honorable senadora señora María Isabel Allende Bussi”.

“De conformidad a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 17.997, Orgánica Constitucional de esta magistratura, se conferirá traslado por diez días a la honorable senadora señora Allende Bussi para la contestación del requerimiento, luego de que sea notificada personalmente de la resolución de admisión a trámite”.

Si bien en la izquierda la apuesta era que sólo uno de los requerimientos fuera admitido a trámite, asumieron rápidamente que los avanzaron. Eso sí, fueros tajantes en transmitir que esta es sólo una primera etapa.

Así lo manifestó el diputado y jefe de la bancada PS Daniel Melo, quien sostuvo: “El tribunal lo que hizo el día de hoy fue evaluar si las presentaciones cumplían con requisitos de forma, confío que cuando se pronuncie sobre el fondo, estas presentaciones no van a prosperar, la derecha buscar sacar ventajas políticas tratando una vez más de destruir el legado del presidente Allende”.

En el Partido Republicano, en todo caso, celebraron. El Tribunal Constitucional ha acogido a tramitación el requerimiento presentado. Pero no nos quedaremos aquí. Seguiremos avanzando en la persecución de responsabilidades”, afirmó el diputado Cristián Araya.

“Tanto la hija como la nieta del difunto presidente de la República deben asumir la responsabilidad por intentar violar la Constitución. Tras 50 años, en la familia Allende siguen intentando pasar a llevar nuestro ordenamiento jurídico. Los republicanos no lo permitiremos. Por eso, perseguiremos por todas las vías las responsabilidades de la familia Allende”, agregó.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, aseguró que la determinación del TC los deja “muy tranquilos, porque da cuenta de la solidez de nuestro requerimiento y que este no tiene ningún vicio de forma. Ahora, el TC tiene que entrar al fondo y la senadora tienen que contestar. Va a tener que buscar argumentos bastantes creativos porque a nuestro juicio no hay cómo sacarse de encima la evidente infracción en que ella incurrió”.

Y desde RN, Camila Flores, sumó: “Estamos conformes. La norma es clara. Ningún parlamentario puede celebrar contratos con el Estado, y la sanción establecida es el cese del cargo. Esperamos que el Tribunal actúe con la celeridad que se necesita, porque no puede haber impunidad en nuestro país, independientemente de quién infrinja la ley”.