Tren de Aragua: Fiscalía abre investigación penal de oficio por decisión de juez de garantía sobre identidad de testigos

El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal de oficio, luego de que el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, ordenará entregar los nombres de 57 testigos protegidos a las defensas de los imputados del clan Los Gallegos. Esto, en medio de las acciones que se llevan contra la banda criminal ligada a la organización delictual venezolana “Tren de Aragua”.

Si bien la Corte de Apelaciones de Arica acogió la orden de no innovar solicitada por la Fiscalía, mediante un recurso de protección, el fiscal nacional, Ángel Valencia, notificó la apertura de las indagación para determinar si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial.

Así las cosas, la máxima autoridad del Ministerio Público designó al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, como el encargado de liderar la investigación y ejercer la acción penal en caso de que correspondiese. Asimismo, también de garantizar las protección de las víctimas y testigos.

Luego de conocerse la noticia, el fiscal Raúl Arancibia señaló que “el fiscal nacional ha resuelto abrir una investigación de oficio, designándome a mí como fiscal regional para estar a cargo de la misma, a fin de esclarecer los hechos y circunstancias en virtud de las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada, que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida contra la banda criminal Los Gallegos”.

“A partir de este momento, me avocaré a hacer las diligencias que corresponden”, agregó el persecutor.

Esto, la misma jornada en que se conoció que la Defensoría Penal Pública ya accedió a sobres con los nombres de los testigos protegidos en el caso.

“Están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de los mismos en las próximas horas esperamos que de manera voluntaria”, señaló el fiscal Mario Carrera.

Esta no es la primera acción que ha sido anunciada tras la repercusión que tuvo la decisión del juez Barraza. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que el gobierno está analizando las facultades constitucionales que posee, con el fin de poder revisar la conducta de Barraza.

“Estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución, y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial”, dijo Monsalve este jueves.

Monsalve también indicó que es la Defensoría Penal Pública la que debe asegurar que nadie tenga acceso a los nombres de los testigos.

“La Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, y eso implica que la Defensoría Nacional, el defensor público que tiene en sus manos los sobres con los antecedentes, no debería entregarlos a nadie. Esperamos que eso se cumpla hasta que se decida el fondo, que es el recurso de protección que busca revocar esta decisión del Juzgado de Garantía”.

Sobre si el gobierno tiene “garantías” de que nadie ha obtenido acceso a los sobres con los nombres, Monsalve enfatizó que “esa certeza la tiene que dar la Defensoría Penal Pública”.