Tren de Aragua: Monsalve valora decisión de Corte de Arica sobre identidad de testigos y anuncia que el gobierno está “analizando facultades constitucionales”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica, que acogió la orden de no innovar solicitada por la Fiscalía, mediante un recurso de protección, para evitar entregar la identidad de los testigos protegidos en la causa contra el clan Los Gallegos, ligado a la organización delictual venezolana Tren de Aragua.

La acción del tribunal de alza suspende la resolución del juez de garantía, Héctor Barraza, que ordenó entregar los nombres de 57 testigos protegidos a las defensas de los imputados.

Sobre aquello, Monsalve señaló que “como gobierno valoremos la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica. Hay que recordar que el día de ayer una resolución del juez de garantía de Arica autorizó la entrega de información que para nosotros es de extrema reserva y además de extrema gravedad la posibilidad de entregarla, pero ayer un juez de garantía autorizó la entrega de los antecedentes de 57 personas, cuyos nombres se mantiene en reserva, que han llevado adelante la posibilidad de detener a 44 integrantes del clan de Los Gallegos”.

“Nos parece que esta es una decisión grave, porque primero no se permitió escuchar a las partes intervinientes, como el propio fiscal a cargo, quien tenía que declarar y no se le permitió participar en la audiencia y tampoco se le permitió participar en esa audiencia a los abogados del Ministerio del Interior”, agregó el subsecretario de la cartera.

Por otro lado, Monsalve confirmó que el gobierno está analizando las facultades constitucionales que posee, con el fin de poder revisar la conducta del juez de garantía de Arica involucrado en este caso.

“Quiero decir que el gobierno está analizando la facultades constitucionales y legales que tiene, para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente, por tanto, estamos analizando las facultades que el gobierno tiene, entre ellas, estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución, y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial. Esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta es grave y no debió haber ocurrido”, enfatizó Monsalve.

Consultado sobre si el juez Barraza, quien autorizó que las defensas de los imputados conocieran los nombres de los testigos, podría haber recibido amenazas por parte de sujetos ligados a organizaciones criminales, Monsalve afirmó que “no tenemos ningún antecedente que nos indique aquello, de lo que si tenemos antecedentes es que los fiscales y testigos que participan de la causa sí habían recibido previamente amenazas. Por algo, el fiscal está con medidas de protección, y por lo tanto, una medida como la que tomó el juez de garantía, para nosotros eventualmente coloca en riesgo la vida de las personas cuyos antecedentes hasta ahora se mantiene en reserva”.

Por otro lado, respecto de los sobres con la identidad de los denunciantes, que están en poder de la Defensoría Penal Pública, el subsecretario del Interior dijo que “la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, y eso implica que la Defensoría Nacional, el defensor público que tiene en sus manos los sobres con los antecedentes, no debería entregarlos a nadie. Esperamos que eso se cumpla hasta que se decida el fondo, que es el recurso de protección que busca revocar esta decisión del Juzgado de Garantía”.

Sobre si el gobierno tiene “garantías” de que nadie ha obtenido acceso a los sobres con los nombres, Monsalve enfatizó que “esa certeza la tiene que dar la Defensoría Penal Pública”.