Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de acusado en Operación Cóndor

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el exoficial del Ejército y miembro de la Dina, René Riveros Valderrama acusado de homicidio calificado en el marco de la llamada "Operación Cóndor", quien argumentó que en el proceso que llevó el ministro en visita Mario Carroza bajo el antiguo sistema procesal se vulneraron derechos fundamentales.

El argumento de Riveros Valderrama fue rechazado por el TC, que indicó en su sentencia que "los preceptos legales reprochados no recibirán aplicación atendido el estado de plenario de la causa penal; que varios de los preceptos legales impugnados ya fueron aplicados sin que le hubiese generado menoscabo en el ejercicio de sus derechos por los reproches abstractos que aquí se hicieron, especialmente en lo relativo al secreto del sumario y a las declaraciones judiciales. Y, finalmente, porque un conjunto importante de normas legales que se solicita su inaplicabilidad se corresponde con garantías para el inculpado, incluso, varias de ellas con derechos constitucionales que expresamente la disponen. En consecuencia, a partir de estos criterios mínimos y sin recurrir a otros elementos argumentativos adicionales, estimamos que el presente requerimiento es improcedente por lo cual debe rechazarse".

Sin embargo, el fallo advierte que "el juez natural responsable de la gestión judicial pendiente se encuentra ante un mandato legal expreso de aplicación de las normas y garantías procesales del actual Código Procesal Penal, a fin de cautelar debidamente los derechos de las partes del proceso consagrados tanto en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como en las garantías de un justo y racional procedimiento desarrolladas en aquel cuerpo legal".

La presentación ante el TC hecha por la defensa de Valderrama fue declarada admisible en fallo dividido el 4 de diciembre de 2017, fecha desde la que la causa se encontraba detenida en la justicia ordinaria, suspensión que fue levantada por el tribunal, que agilizó los procesos de delitos de lesa humanidad, tras las críticas por la demora hechas tanto desde el Poder Judicial, como de agrupaciones de Derechos Humanos.