Tribunales declararon más de 3 mil arrestos ilegales en 2017

Según las cifras del Poder Judicial, en 2017 se realizaron 327.556 audiencias de control de detención a nivel país y, en ellas, 3.266 fueron declaradas ilegales.

El análisis de estas cifra cobra importancia tras las críticas que el Presidente Sebastián Piñera lanzó a un juez de garantía de San Antonio por declarar ilícito el arresto de dos sospechosos que transportaban armas, municiones y dinero en un vehículo.

De acuerdo con las estadísticas judiciales, en 2016 los tribunales declararon ilegales 2.743 arrestos. Pese a que las cifras son menores, en relación al total de casos analizados por los tribunales, este tipo de decisiones muestra un alza sostenida si se consideran los casos desde 2010 (ver infografía).

Los factores que se pueden atribuir a este aumento son diversos. Cristián Riego, abogado penalista, señaló que "una de las cosas que podría estar contribuyendo a esto es que para la policía es un poco confuso manejar tantos regímenes distintos; pensando fundamentalmente en el control de identidad antiguo y el control de identidad nuevo, que tienen distintos requisitos y distintas facultades".

Asimismo, aseguró que existe una falta de información respecto de los controles de detención y que se incumplió un compromiso que hubo cuando se aprobó la nueva medida: "No se puede saber dónde se realizan estos controles, qué personas los sufren, a qué hora del día, cuáles son los motivos para hacerlos. Por lo tanto, es muy difícil saber qué está pasando", aseguró.

Para el académico de la U. Diego Portales, Mauricio Duce, se trata de cifras bajas, pese a que haya incrementos. Añadió que "hay que considerar que nuestra legislación redujo los efectos de una ilegalidad de la detención en una reforma que se hizo el año 2008, a partir de la cual el decreto de ilegalidad de una detención no impide (a la fiscalía) solicitar la formalización posterior ni solicitar medidas cautelares, entre otras cosas".

En cuanto a las causas, Duce aseguró que requiere mayor investigación. "Esto no solo se debe a que los jueces se hayan puesto más duros, sino que también puede que los procedimientos se hayan relajado y, por tanto, más masivamente se estén realizando con infracción de derechos básicos", afirmó.

Durante 2017, la fiscalía solicitó 24.920 prisiones preventivas, de las cuales se decretaron 21.531 y otras 3.389 fueron rechazadas.