#VíaInclusiva | Diputado Rocafull solicita fiscalizar que infraestructura pública cumpla con la ley de accesibilidad universal

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Sendero inclusivo en el Parque Nacional Queulat, Región de Aysén.

El escrito precisa que las materias más urgentes de fiscalizar son la adecuación de pasarelas, mejoras en el transporte público e incorporación de accesos para personas con discapacidad en edificios de uso públicos. A la fecha, sólo el 20% de los edificios públicos cumple con la norma.


A más de diez años de la publicación de la Ley de Inclusión para personas con discapacidad, el diputado de la región de Arica y Parinacota, Luis Rocafull (PS), llamó al Presidente Sebastián Piñera a hacer uso de sus facultades y solicitar una fiscalización exhaustiva de la norma, por falta de cumplimiento.

La solicitud escrita que realizó Rocafull a través de un Proyecto de Acuerdo firmado por cinco diputados más, establece que el Estado de Chile es el principal deudor en materia de cumplimiento de los estándares de accesibilidad en transporte e infraestructura.

"Es necesario que el Presidente Piñera solicite a los ministerios de Obras Públicas y Transporte que se instruyan sobre la real adhesión a la norma. En Chile conviven casi 3 millones de personas con discapacidad, lo que representa más del 15% de la población total y aún el Estado sigue sin proteger los derechos fundamentales de todas las personas", aseveró el diputado.

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El escrito precisa que las materias más urgentes de fiscalizar son la adecuación de pasarelas, mejoras en el transporte público e incorporación de accesos para personas con discapacidad en edificios de uso públicos.

Lo anterior es respaldado por el informe que realizó el Departamento de Estudio de la Ley de la Cámara de Diputados en 2012, donde se informó que a dos años de la publicación de la Ley 20.422, su cumplimiento por parte de los organismos del Estado, era deficiente. Precisando que sólo 5 de los 9 que debían ser dictados, habían sido publicados en la fecha correspondiente.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), en el Informe Nacional de Accesibilidad en Entornos Arquitectónicos en Edificios Públicos de Chile, reveló que al evaluar 814 instituciones públicas en 2017, sólo el 20% estarían cumpliendo con los estándares de inclusión en infraestructura.

Se suma el reclamo de la organización sin fines de lucro, Corporación Ciudades Accesibles, donde plantean que pese a la existencia de la ley; ni públicos ni privados, se apegan a los estándares de inclusión en materia de diseño universal de pasarelas o puentes peatonales.

"Este es un tema que no dejaremos de lado, porque además de que el Estado no es inclusivo en la infraestructura de sus organismo, no se hace responsable de escuchar las demandas sociales. Exigimos, por la dignidad de todos, que el Presidente se pronuncie si dará o no continuidad al plan de fiscalización que inició el gobierno anterior. No puede ser que, mientras las carreteras, a unos los une, a otros los aísla", puntualizó el diputado.

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