Este martes, el vicepresidente del Consejo Constitucional, el consejero Aldo Valle (Independiente-PS), se refirió al reclamo interpuesto por las fuerzas del oficialismo al interior del órgano en la Corte Suprema, con el fin de impugnar la presentación de cinco enmiendas que crean nuevos capítulos en el anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta.

El escrito que presentaron las fuerzas alineadas con el gobierno fue presentado el domingo en la noche, contiene 37 páginas y fue ingresado porque según la izquierda esto implicaría una infracción a las reglas del procedimiento que rigen al Consejo Constitucional.

En ese sentido, el consejero y exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, aseguró que el propósito de la reclamación activada por el oficialismo ante el máximo tribunal es “proteger el procedimiento de toda imputación de falta de legitimidad”.

“Se trata de un recurso que quiere corregir un vicio de procedimiento, las formas y las oportunidades en procesos regulados por el derecho púbico deben cuidarse de la manera más esmerada, porque eso puede tener efectos no solo jurídicos sino que políticos. La idea es evitar cuestionamientos, queremos proteger el proceso de toda imputación de falta de legitimidad”, planteó la autoridad en entrevista con Radio Cooperativa.

En el fondo, el reclamo del oficialismo -explicó Valle- radica en que habría un error de procedimiento, toda vez que se presentaron como enmiendas lo que, de acuerdo al proceso, se debió presentar como capítulos o acápites al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.

La notificación, para una buena parte de la bancada de republicanos, se transformó en la mejor señal política para el momento por el cual atraviesa el Consejo. Algunos consejeros republicanos estaban esperando que la izquierda diera el paso ante el máximo tribunal para luego hacer un punto político y criticar al oficialismo por “oponerse a las enmiendas que fortalecen la seguridad”.

Sin embargo, a juicio de Valle esa narrativa que buscaría instalar la derecha ante la opinión pública no se condice con el objetivo del reclamo presentado ante la Suprema, ya que para el oficialismo también se deben incluir normas de seguridad en el proyecto de nueva Constitución que se plebiscitará en diciembre.

“Nosotros estimamos que debe haber normas de seguridad, lo que no queremos es que se produzca sobre la base de un procedimiento ventajoso para unos y desventajoso para otros. En su momento se dijo lleguemos a un acuerdo y propongamos unas bases de discusión que luego seguirán la suerte de las enmiendas. Pero en la medida en que eso no se cumplió hay razones reglamentarias que nos permiten, al menos, solicitarle a la corte que declare nulo o que aclara el procedimiento de modo que no tengamos más adelante ningún cuestionamiento. Este es un proceso que incumbe a toda la ciudadanía, no puede ser simplemente el sentido de oportunidad que tenga algún sector en el Consejo Constitucional”, fue el llamado de Valle.

El documento fue ingresado a través de la Oficina Judicial Virtual y contó con 14 firmas de los 17 consejeros oficialistas, alcanzado el quórum requerido, ya que la Constitución establece que se necesita el apoyo de diez consejeros.

Los tres constituyentes faltantes fueron Miguel Littin (PS), Jessica Bengoa (CS), quienes no firmaron por temas prácticos al no poder ser ubicados, y propio Aldo Valle, quien por su rol institucional optó por mantenerse al margen, pese a apoyar abiertamente el reclamo de sus pares.

“En el derecho público hay mandatos y formas que se deben respetar”, cerró Valle.

El primer paso de la Suprema para dirimir el conflicto fue el sorteo público de los cinco ministros que conocerán y resolverán la reclamación. La sala quedó integrada por los magistrados Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo.

Este martes los cinco supremos se reunirán para analizar -en la cuenta del día- la admisibilidad de la reclamación. Esto implica determinar si los reclamantes cumplieron con los requisitos de plazo de ingreso y el número de firmas suficientes.

Cuando la sala pase a resolver el fondo de la reclamación, se deberá probar que el “vicio que se reclama” es “esencial” y, además, se tiene que constatar claramente cuál es “el perjuicio que causa”.

Una vez recibido el informe, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, convocará a los cinco ministros a audiencia pública para escuchar los alegatos. Estas intervenciones no podrán exceder los 30 minutos.

Luego de los alegatos la sala tiene dos días para dictar la sentencia. El procedimiento de la Suprema estipula que todo el proceso de tramitación no puede prolongarse por más de diez días hábiles desde que se ingresó la solicitud. Es decir, a más tardar el viernes de la próxima semana la reclamación ya deberá estar fallada.