Vocera de la Suprema cuestionó falta de recursos adicionales para “leyes que han recargado la labor de los tribunales”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió este jueves a la “importante recarga laboral” que existe en los tribunales del país, asociada a la recalendarización que se efectuó con motivo de la pandemia de coronavirus.

En un punto de prensa matinal la ministra entregó detalles de las medidas tomadas por el Poder Judicial para afrontar la acumulación de juicios producto de la pandemia y los cambios que introduce la Ley 21.379 que acaba de entrar en vigencia. Asimismo, dio a conocer cifras respecto a las retenciones del retiro de 10% de fondos de AFP a deudores de pensiones de alimentos.

En esa línea, Gloria Ana Chevesich valoró que se hayan hecho llegar esos dineros a familias que lo necesitaban y deslizó a una crítica al poder político, señalando que “es importante que en las futuras, si hay futuras normas o leyes que autoricen aquello, es importante recabar la opinión del Poder Judicial y además entregar los recursos financieros necesarios por cuanto últimamente estas leyes que han recargado la labor de los tribunales no han traído este apoyo suplementario lo que dificulta mucho más poder cumplir esta labor”.

Las AFP pagaron por orden de los Juzgados de Familia un total de $ 492.659.081.416.

“El Poder Judicial y los Juzgados de Familia trabajaron en forma inmediata una vez dictada la primera ley, se reforzó las dotaciones y se implementó todos los recursos informáticos para dar una pronta respuesta a esta demanda de justicia de pago de pensiones y que las deudas fueran saldadas”, dijo la autoridad.

Además, Chevesich explicó que ante la necesidad de planificar la labor judicial para el próximo año, considerando los ajustes para abordar las tareas pendientes, se trabajó con Hacienda y la Dirección de Presupuestos pero “no se obtuvieron los recursos que realmente se requerían para reforzar todos los tribunales del país”.

“En definitiva se obtuvo un monto aproximado de 15 mil millones de pesos y ello conlleva que este plan post Covid-19 no va a poder reforzar todos los tribunales del país, sino solamente un grupo aproximado de 100 tribunales a través de un programa dinámico”, precisó.

Sobre los tribunales más complicados, dijo que, si bien todas las materias tuvieron un alto impacto en su labor, la justicia civil es las más atrasada. “Hay una importante recarga en todas las materias, pero la materia civil quedó impactada por una ley de suspensión de causas y estableció que las acciones judiciales quedaran pendientes. Es por esto que la justicia civil es la mas afectada ya que las demás avanzaron vía telemática”.

Por otra parte fue consultada por la situación del economista Franco Parisi, que en noviembre que participó de la elección presidencial, representando al Partido de la Gente, y que mantiene una deuda que supera los $ 200 millones por el no pago de las pensiones de alimentos de dos de sus hijos.

Parisi, que reside en Estados Unidos y no estuvo en Chile durante su segunda campaña por La Moneda, presentó el pasado 29 de septiembre un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar la orden de arraigo decretada en su contra en agosto de 2020 por el incumplimiento.

Advirtiendo que no puede “dar opiniones sobre la situación particular de una persona que fue candidato”, Chevesich señaló que “si hay una liquidación judicial respecto a la cual las partes tuvieron la oportunidad de objetarla, que es un plazo de tres días, y esa objeción si se dedujo fue desestimada, y las partes ejercieron los recursos porque esta decisión es apelable ante las cortes de apelaciones respectivas y esa decisión quedó ejecutoriada, bueno, las decisiones judiciales deben cumplirse”.

“Las partes tienen la oportunidad de objetar en su momento, incluso deducir recursos de apelación y si todo eso fue desestimado, es una resolución judicial ejecutoriada que debe ser cumplida”, sostuvo.

Consultada por la decisión de la Corte Penal Internacional de no iniciar un examen preliminar en torno a las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades por casos vinculados al estallido del 18 de octubre de 2019, la ministra de de la Corte Suprema explicó que “es un tema que no se ha tratado en la Corte Suprema, pero puedo decir que es una decisión adoptada por un organismo internacional sobre derechos humanos y obviamente que los tribunales de justicia son los primeros llamados a resolver cuestiones que surgen en el territorio de la República. Los tribunales de justicia están cumpliendo íntegramente su mandato constitucional, conociendo y fallando las causas. En materia penal la investigación la lleva el Ministerio Público”.

Respecto a la imagen de la justicia chilena aseguró que “los jueces chilenos dicen al mundo que aquí estamos en un estado de derecho y que cumplen su labor de manera independiente e imparcial. Los tribunales cumplen su mandato constitucional”.