Vocera de la Suprema llama al gobierno y a la fiscalía a “coordinarse” por caso Héctor Llaitul: “No se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros”

La semana pasada, durante una entrevista, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -otro integrante de la CAM, muerto durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

Conocidos los dichos, el gobierno ha rechazado, hasta ahora, la idea de presentar una querella, pese a que el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que para abrir una indagatoria contra el líder de la CAM se requería una acción legal en el marco de Ley de Seguridad del Estado. “En la medida que haya acciones constitutivas de delito, se suman a las investigaciones en curso”, dijo ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Hoy en la mañana, la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que la fiscalía podría utilizar las querellas presentadas en el gobierno anterior para indagar estos dichos. “Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”.

Y hoy, en su vocería semanal, la ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco abordó este hecho, haciendo un llamado a la “coordinación” entre el gobierno y el Ministerio Público.

”Lo hemos dicho en numerosos fallos de la Corte Suprema, que es importante que las autoridades se coordinen entre sí para cumplir su propósito, en consecuencia aquí no se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros y decir, ‘‘no si el que tiene que hacer esto es este y no el otro. Es importante, desde este punto de vista, que todos aquellos encargados de la persecución penal se coordinen adecuadamente y que se haga uso de todas las herramientas legales que permitan que no vivamos en un clima de amenazas o de inminentes delitos, sino que vivamos en un clima en que impere el estado de derecho y la paz desde todo punto de vista”.

En ese sentido, la jueza profundizó: “Lo que creo más importante es que las autoridades tengan que necesariamente coordinarse. En consecuencia, si la ministra (Siches) visualiza que hay querellas, revise con su equipo jurídico si esas querellas dan para eso o si no se tendrían que ampliar. Por otro lado, el Ministerio Público revise también cuál es la batería de herramientas legales que hay para esto. Esto se puede hacer, no es una cuestión exótica, no tenemos que hacer una especie de concilio para discutir lo que se puede hacer. La ley lo permite y hay suficientes herramientas, el asunto es la voluntad de coordinación y fundamentalmente querer resolver este tipo de problemas”.

Respecto a los dichos de Siches, de que el Ministerio Público utilice querellas antiguas para cursar una investigación por los últimos comentarios de Llaitul, Vivanco afirmó que “ignoro exactamente cuáles son las tipificaciones que tienen esas querellas anteriores, porque cada conducta tiene su propia tipificación. En consecuencia, si usted presentó una querella por A y resulta que en definitiva se suma un delito B, usted puede ampliar la querella si quiere que aquí se incluya también la investigación de ese delito. También depende de si esas son querellas que se están tramitando o están archivadas y cuál es el estado de avance que hay”.

Por último, en torno a lo comentado por Abbott, sobre la necesidad de que el gobierno presente una querella por la Ley de Seguridad del Estado para indagar a Llaitul, Vivanco sostuvo que “lo que dice el fiscal nacional es correcto, efectivamente la Ley de Seguridad del Estado requiere querella que específicamente puede ser presentada por los delegados regionales o provinciales, pero por supuesto para ello requiere de una instrucción del gobierno”.

Sin embargo, agregó: “También es verdad que el Ministerio Público puede investigar directamente cualquier situación que aparezca como una situación delictual y luego, si en esa situación que el Ministerio Público está investigando surge una situación relacionada con la Ley de Seguridad del Estado, entonces tendrá que dar la información necesaria y esperar si es que el gobierno va a querellarse o no. Pero el Ministerio Publico puede actuar investigando de oficio”.

Asimismo, utilizando el caso de Llaitul y “otros casos más donde se han generado estas situaciones de amenazas”, Vivanco se refirió al derecho constitucional de libertad de expresión.

“No hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro de muerte, sabotaje, lesiones, venganzas, etc. La libertad de expresión es un derecho constitucional previsto en la Constitución del 80 y también previsto en el proyecto de nueva constitución, por lo cual es una garantía democrática transversal que permite que las personas podamos hacer calificaciones de bueno, malo, bonito, feo, excelente, reprobable. En consecuencia, que nos manifestemos libremente sobre qué es lo que pensamos”, explicó la jueza.

En ese sentido, expresó que “ese tema de yo poder expresarme en cuanto a mis ideas, principios, política, etc., no tiene nada que ver con que yo amenace con realizar crímenes, delitos, venganza o cualquier otro tema. En consecuencia, esto no es un tema de libertad de expresión, es un tema de amenaza de cometer delitos que tiene que ser canalizado de ese modo”.

En ese sentido, la Fiscalía de Los Lagos anunció este martes que inició una investigación contra el dueño de una cadena de supermercados en al ciudad de Osorno, el empresario Pedro Leonidas Pool Vargas, quien en un programa de internet amenazó con “fusilar” a algunos integrantes de la Convención. “Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar”, dijo.