Auditorías del SII en 2017 arrojan diferencias de impuestos a favor del Fisco por US$ 1.673 millones

En pleno proceso de Operación Renta 2018, donde más de 1,5 millones de contribuyentes repartidos en los nuevos sistemas tributarios deben empezar a cuadrar sus registros contables -con el desafío que supone la implementación en régimen de la reforma tributaria-, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó el resultado de las 6.978 auditorías que finalizó el año pasado.

Estos procesos de revisión, dirigidos a los casos más complejos que detectó el organismo fiscalizador en 2017, arrojaron diferencias de impuestos considerables entre lo que los contribuyentes declararon y lo que estimó el SII debía pagarse, totalizando $ 993.522 millones, más de US$ 1.673 millones.

Con todo, y pese a que la recaudación de estas diferencias de impuestos supondría ingresos para el Fisco incluso superiores, por ejemplo, a todo lo que genera el impuesto específico del tabaco, los cigarros y los cigarrillos (ver página 4), el órgano precisó que el ingreso a las arcas fiscales dependerá del proceso de posibles reclamos que lleven a cabo los contribuyentes en sede administrativa y en los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Es decir, dependerá de la capacidad del SII de defender y llevar adelante sus auditorías.

De acuerdo a Víctor Villalón, subdirector de Fiscalización del SII, las cifras son "muy positivas", en parte, porque dan cuenta de una productividad en alza respecto del proceso de auditorías. "El rendimiento por cada auditoría que realiza el servicio va aumentando; por ejemplo, en 2016 cada una promedió una diferencia de impuestos por $ 189 millones, cifra que aumentó a $ 202 millones en 2017", dijo Villalón respecto del total de auditorías revisadas y en revisión. Además, el trabajo de los 1.029 funcionarios que llevaron adelante estos procesos, que dedicaron 650.270 horas a estos, arrojó diferencias en impuestos en 71,67% de las casi siete mil auditorías.

Esta mejor efectividad destacada por el servicio sería gracias al sistema de focalización en los contribuyentes de mayor riesgo, lo que en 2017 significó que 34,4% de las auditorías se concentrara en el segmento de alto riesgo. Es decir, en quienes tienen un historial de no cumplimiento de su obligación tributaria, tienen mal comportamiento de pago de renta o IVA, realizan esquemas de planificación agresiva y, además, pueden generar un daño serio al Fisco por el monto de la contribución, entre varios otros. En este sentido, Villalón remarcó que "no hay una persona apuntando al dedillo quién es fiscalizado o no. No es una decisión aleatoria el llevar adelante una auditoría, se ocupan los modelos de riesgo que hemos venido implementando".

Finalmente, el subdirector de Fiscalización del SII planteó que en 2017 se llevaron a cabo en torno a 623 mil "revisiones de cumplimiento", destacando que la gran mayoría se resuelve con una simple autocorrección del contribuyente. Otro grupo relevante, 140 mil casos aproximadamente, debe acercarse al servicio para resolver, por ejemplo, problemas en la declaración del FUT, la justificación de inversiones o el uso de créditos, lo que requiere "la mirada de un funcionario experto con papeles en mano".

Así, las auditorías, que suponen "probablemente contactar a proveedores, clientes, tomar declaraciones juradas y revisar movimientos bancarios", como explicó Villalón, representan apenas el 1% de las revisiones del SII.

Abogados y contadores en el país confirmaron la mejora en la fiscalización del servicio los últimos años, señalando que los sistemas de información y la identificación de mapas de brecha de incumplimiento han mejorado la efectividad del organismo.

Así lo planteó Javier Jaque, académico DCS de la U. de Chile y socio de Consultoría de EY. "El SII viene sistemáticamente automatizando los procesos y generando métodos digitales para el desarrollo de la acción de fiscalización", indicó, agregando que "es importante destacar el trabajo que se está realizando en cuanto a la fiscalización de grupos económicos y que era una tarea pendiente". Con todo, Jaque afirmó que "en Chile, como en muchos otros países, la recaudación fiscal no descansa en la recaudación directa que se pueda obtener producto de fiscalizaciones específicas, sino que debiera depender de la presión fiscal que generen estas sobre el resto de los contribuyentes".

Según cifras del propio servicio, las acciones de fiscalización directa sólo generan en torno al 3% de la recaudación, siendo el resto producto del cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

En tanto, Diego Berríos, abogado y socio director de IUS Abogado Tributario, indicó que "los montos involucrados en las liquidaciones y giros que realiza el SII dan cuenta de que el trabajo de auditoría resulta efectivo", señalando que "se ha hecho un esfuerzo por segmentar las brechas de cumplimiento, identificando y delimitando las áreas de riesgo de cumplimiento y evasión".

Respecto de la posibilidad de recaudar casi el billón de pesos que arrojaron las auditorías en diferencias de impuestos, Berríos indicó que el número de reclamos de los contribuyentes son bajos, debido a "los costos asociados y también por la falta de fundamentos", agregando que en los tribunales es elevado el número de reclamos favorables al SII (60%).

En esta línea, Eduardo Elgueta, director ejecutivo de Astur, si bien consideró que el servicio realiza "un trabajo correcto respecto de la determinación de montos y diferencias de impuestos", puso el foco en que existen "grandes problemas respecto de los plazos que toman las revisiones del SII para determinar estas diferencias. Esto genera muchas veces incertidumbre y preocupación en los contribuyentes". Por lo mismo, destacó la incorporación de la fase de conciliación en los procedimientos de reclamo, lo que, a su juicio, disminuirá el tiempo de resolución de los conflictos tributarios.

En una mirada más bien crítica, el ex subdirector jurídico del SII y actual socio de BDO Chile, Cristián Vargas, señaló que "el hecho de que se determinen diferencias de impuestos por el organismo fiscalizador no quiere decir necesariamente que esas diferencias sean correctas", asegurando que "en muchas ocasiones se constata que las diferencias no son tales y que hay una errada o insuficiente apreciación de los antecedentes". Por lo mismo, Vargas llamó a "dar más garantías a los contribuyentes (...), de manera que las acciones de fiscalización no sean percibidas como actuaciones arbitrarias o que los dejan en la indefensión".

En su opinión, "aparece como una buena idea el establecimiento de un Defensor del Contribuyente, que se ha planteado como un contrapeso al SII para aquellos contribuyentes que no pueden costear una adecuada asesoría jurídica y tributaria".

A su turno, Jaque agregó que "desde la perspectiva de los tribunales y a la luz de la congestión que existe en algunos, se comenta que una debilidad importante en el sistema es que los casos que le son derivados vienen con falencias en el proceso administrativo que congestiona el sistema y no permite un actuar eficiente sobre las materias".

Asimismo, Berríos acotó que "aunque el número elevado de casos resueltos a favor del Fisco habla bien de los procesos de fiscalización, esto no es el único factor. Resulta fundamental la participación (o su falta) en el proceso ante el SII, la forma de acompañar o no los antecedentes, la asistencia de asesores, el interés por dilatar el pago, entre otros".