Alcatel paga a Costa Rica 10 millones de dólares pactados tras caso corrupción
El dinero recibido por el gobierno, fue por un acuerdo al que se llegó el pasado 24 de febrero ante un juez del Tribunal Penal de San José.
La empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel pagó al Estado costarricense 10 millones de dólares pactados con el Gobierno como indemnización por el daño social causado por un caso de corrupción en la adjudicación de un contrato de telefonía móvil, informó hoy una fuente oficial.
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, confirmó hoy a Efe que Alcatel depositó el dinero cumpliendo con un acuerdo al que se llegó el pasado 24 de febrero ante un juez del Tribunal Penal de San José, donde el próximo 13 de abril comenzará el juicio por ese caso.
Brenes explicó que el "daño social" es "un concepto nuevo" que la Procuraduría General de la República (PGR) ha estado desarrollando en los últimos años y tiene su razón de ser en la "afectación a la colectividad".
La Fiscalía acusa a Alcatel por el supuesto pago de 2,5 millones de dólares en comisiones a funcionarios costarricenses, incluido el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (19982002), a cambio de la adjudicación de un contrato de telefonía celular en 2000.
Pese al acuerdo con la Procuraduría, Alcatel debe aún enfrentar en el juicio un reclamo por 70 millones de dólares del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que para la época de los hechos mantenía el monopolio de las telecomunicaciones, y que en enero rechazó una oferta de conciliación de la empresa francesa de 12 millones de dólares.
La procuradora calificó el acuerdo con Alcatel como "un paso importante" porque "se está estableciendo que frente a este tipo de actos el Estado puede hacer un reclamo en representación de la colectividad y que debe haber un resarcimiento civil".
La PGR ya informó al Ministerio de Hacienda sobre la transacción y le recomendó invertir el dinero en proyectos sociales.
Brenes aseguró que en América Latina no existen registros que evidencien el reconocimiento de empresas o particulares que participaron en actos de corrupción, en perjuicio de la colectividad.
Agregó que la PGR mantendrá un reclamo por 58 millones de dólares contra los imputados en el juicio, que comenzará el próximo 13 de abril y será el segundo en la historia del país en el que aparece como imputado un ex presidente de la República por corrupción.
El primero fue Rafael Ángel Calderón (19901994), condenado en octubre pasado a cinco años de prisión por un reparto de comisiones de un contrato de la Caja Costarricense del Seguro Social.
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