Asociación de Bancos reelige a Segismundo Schulin-Zeuthen como presidente del gremio

Segismundo Schulin-Zeuthen fue reelecto por unanimidad por el directorio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) como presidente de la entidad gremial para el período 2017-2019.

La nueva mesa directiva del gremio quedó constituida por Luis Enrique Yarur (presidente de Banco BCI), como primer vicepresidente, y Claudio Melandri (gerente general y country head de Banco Santander), como segundo vicepresidente.

Además de los mencionados directores titulares, el nuevo directorio de la Asociación de Bancos está compuesto por Pablo Granifo (Banco de Chile), José Said (Banco BBVA), Jorge Andrés Saieh (Itaú Corpbanca), Francisco Javier Sardón (Scotiabank Chile), Renato Peñafiel (Banco Security), Bernardo Matte (Banco Bice) y Patricio Parodi (Banco Consorcio).

Respecto a los directores suplentes, los cargos serán ocupados por representantes de JP Morgan Chase Bank, Banco Ripley, Banco Internacional, HSBC Bank Chile, Banco Falabella, Banco BTG Pactual Chile, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Banco do Brasil y Banco de la Nación Argentina.

Tras la junta, Segismundo Schulin-Zeuthen destacó que uno de los principales desafíos para la banca es la discusión técnica de una serie de iniciativas legales, tales como la Ley General de Bancos, la modernización del Sernac, consentimiento tácito y consolidación de información crediticia.

"En general, las iniciativas regulatorias son bienvenidas en la medida que contribuyen a la estabilidad y fortaleza del sistema financiero. La evidencia es clara en señalar que el aporte a la sociedad de la industria bancaria se da en múltiples niveles -crecimiento, equidad, productividad- y, en definitiva, constituye un eje central de las sociedades modernas. En este sentido, el llamado es hacia regulaciones modernas y coherentes con los estándares internacionales", señaló.

En el caso concreto de la información crediticia, el presidente planteó que el sistema financiero chileno, a diferencia de las economías más avanzadas y recomendaciones internacionales, no ha avanzado.

"En términos prácticos, el restringir la información crediticia se traduce en una combinación de menor nivel de inclusión financiera y mayores costos, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos", dijo.

Estos efectos negativos se ven potenciado con la interacción de la Tasa Máxima Convencional (TMC). Un ejemplo de ello es el significativo número de personas potencialmente excluidas del acceso al sistema crediticio bancario, estimado en torno a los 200 mil clientes, indicó.

El consentimiento tácito es otra muestra de regulación pendiente. Para Schulin-Zeuthen, esto no sólo introduce costos a la industria sino también genera ineficiencias en el sistema.

"Por un lado, existe un importante stock de contratos que no pueden ser actualizados por la ausencia de un marco normativo. Por otro lado, si la normativa no incorpora a la regulación local las mejores prácticas internacionales en esta materia, y termina rigidizando los mecanismos de consentimiento, entonces se incentivarán servicios financieros de corto plazo -aspecto claramente ineficiente- y, además se generarán las condiciones propicias para arbitrajes regulatorios", señaló.

En el caso de la nueva Ley General de Bancos, el presidente de la Abif advirtió que este proceso implicará definir numerosos aspectos de un alto nivel de complejidad y cuya implementación es gravitante para la industria -por ejemplo, ponderadores por riesgo y los diferentes requerimientos por tipo de banco.

"Es necesario recalcar la relevancia de establecer un dialogo técnico, cuyo principal objetivo sea robustecer la solvencia de las instituciones bancarias con el fin de que la banca continúe aportando al desarrollo del país", puntualizó.

Las estimaciones de requerimientos de capital más recientes para cumplir el estándar mínimo de capital se ubican en torno a US$2.800 millones, las cuales, sin embargo, podrían aumentar en casi US$1.000 millones en caso de no adecuar los ponderadores a los estándares internacionales, con especial impacto en el costo de las operaciones con las pymes, dijo la Abif.