Brasil recibe pedidos de 31 países por Lava Jato

La llamada Operación Lava Jato, iniciada hace más de tres años para investigar una compleja trama de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, no sólo se convirtió en la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, sino que también salpicó a políticos y empresarios de varios países de la región. Tal ha sido su repercusión, que 31 países en cuatro continentes ya han pedido informaciones o han adoptado medidas judiciales en torno a este caso, según informó ayer el diario Folha de Sao Paulo.

Se trata del caso que "más interés oficial de autoridades extranjeras generó en la historia de las investigaciones brasileñas", destacó el periódico paulista. Folha asegura que la operación llamó la atención en el exterior porque contratistas brasileños, en especial la constructora Odebrecht, usaron estructuras de generación y transferencia de dinero ilícito con muchas empresas offshore y bancos de varios países, y porque contratos de Petrobras con proveedores extranjeros están bajo investigación.

Según la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) del Ministerio Público Federal, las autoridades de 31 países enviaron en total 139 solicitudes de cooperación en el marco de la Operación Lava Jato, número récord para un solo caso.

En el caso de América, 16 países han pedido informaciones o han adoptado medidas judiciales: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A continuación aparece Europa, con 12 países: Andorra, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. A esto se suman dos en África (Angola y Mozambique) y uno en Asia: Israel.

Ayer el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que la acusación de que Odebrecht lo contrató como consultor hace una década es falsa. En tanto, la Fiscalía de Costa Rica informó de la reactivación de la causa penal contra el ex Presidente peruano Alejandro Toledo por supuesto lavado de dinero en el país relacionado a aparentes sobornos de la constructora brasileña.

Por su parte, la Fiscalía de Colombia le pidió ayer a la Corte Suprema investigar a cuatro congresistas, entre ellos tres oficialistas, por supuestamente favorecer a Odebrecht con un contrato de estabilidad jurídica en 2001.