¿Caerá Michel Temer?

No exactamente, pero esa pregunta, que está en boca de su pueblo y de medio mundo, define todo lo que sucede y sucederá en el futuro inmediato. Pésima noticia para un país en el que por fin, aunque tímidamente, se están haciendo las reformas indispensables para modificar un sistema que no da más de sí y que es, vaya cruel ironía, gran responsable de la podredumbre moral que ha llevado a tantos empresarios y políticos a la cárcel, y podría llevar allí a muchos de quienes hoy pretenden cambiarlo.

Hasta ahora, como parte del proceso relacionado con Odebrecht y Petrobras, no había una prueba del delito contra Temer. Se sabía que su partido era parte, en grado inferior al del Partido de los Trabajadores pero no pequeño, del mercantilismo brasileño mediante el cual política y negocios se han solapado como esferas concéntricas. Pero desde hace pocos días existen acusaciones, en base a grabaciones editadas y todavía bajo investigación, más serias. Según ellas, Temer habría estado al tanto y avalado los sobornos de la gran empresa de procesamiento de carne, JBS, a políticos, jueces y fiscales. También, según estos materiales subrepticiamente obtenidos, habría sugerido que el presidente de JBS, Joesley Batista, contacte a un político de confianza para resolver, con pagos de por medio, un asunto pendiente en una compañía eléctrica controlada por JBS.

Es pronto para saber si estos indicios acabarán conduciendo a las pruebas que permitan uno de los cuatro escenarios en los que la caída de Temer es posible: 1) Su procesamiento por el Tribunal Supremo Federal por obstrucción a la justicia y otros delitos; 2) La anulación de las elecciones de 2014 en las que Temer fue electo Vicepresidente en el "ticket" de Dilma Rousseff; 3) La destitución por vía política o "impeachment"; 4) La renuncia presidencial. Pero lo que sí está claro es que instancias creíbles del país, como el propio TSF y la Orden de Abogados de Brasil, la primera judicial y la segunda profesional, han visto razones para actuar. En el primer caso, el TSF va a seguir investigando a Temer a pesar de su pedido de anulación de un caso que nace, según él, de grabaciones tramposas; en el segundo caso, la organización en cuestión (equivalente al Colegio de Abogados de otros países) ha pedido al Congreso destituir a Temer, lo mismo que hizo en su día con Rousseff y que había hecho, años antes, con Collor de Mello.

Por tanto, las consecuencias no se han hecho esperar. La más importante es política: los aliados de Temer, es decir los muchos grupos que sostienen su gobierno en un Congreso altamente fragmentado, dudan entre darle la espalda y seguir jugándose por él. Ya tres partidos menores se han apartado (uno de ellos, el Partido Socialista Brasileño, maneja 35 diputados y siete senadores, de manera que tiene cierto peso parlamentario). Los más importantes, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (del propio presidente) y el Partido de la Social Democracia Brasileña, el de centroderecha del que el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso es figura patriarcal, se mantienen junto a Temer. Pero este último lo hace cada vez con menos convicción y más hesitación pública.

Lo que antes no estaba en peligro, ahora lo está: la coalición que hizo posible tanto la caída de Rousseff como el ascenso del entonces vicepresidente al poder.

La segunda gran consecuencia de lo sucedido tiene que ver con las reformas. Temer hizo dos cosas significativas al asumir el mando. Anunció que en ningún caso se presentaría a las elecciones de 2018, pues se limitaría a terminar el mandato truncado de Rousseff, evitando la sospecha de que sus actos estaban encaminados a hacerse elegir estando en la Presidencia. Además, fue explícito en cuanto a la necesidad de reformar un sistema populista quebrado que tenía al país en recesión desde 2014 y prácticamente sin crecer desde finales de 2010, soportando niveles de endeudamiento, déficit y desempleo abrumadores.

Gracias a ello, y a que fue un gestor competente, pudo iniciar las reformas y sobrevivir a una impopularidad enorme, producto tanto del despecho de los grupos y movimientos afines a Lula y Rousseff, como del hartazgo de la sociedad con toda su clase política. La telaraña del caso Lava Jato había enredado a su partido y a grupos afines (seis ministros tuvieron que renunciar en su primer medio año de gobierno), y de tanto en tanto su nombre aparecía en los escándalos mediáticos, pero nada tenía suficiente sustancia como para poner en riesgo su coalición política y por tanto sus reformas.

Esas reformas eran tan necesarias, que cualquiera que hubiera ocupado su lugar habría tenido que llevarlas a cabo. Más fácil era que lo hiciese un presidente interino, de por sí impopular y ya mayor, que un nuevo mandatario preocupado de proteger su aprobación popular y con mucho destino por delante. Gracias a eso, Temer logró que el Congreso aprobara un techo fiscal para impedir el aumento del gasto público en el futuro; el Banco Central, por su parte, muy sintonizado con Henrique Mireilles, el ministro de Hacienda, controló la inflación, que se redujo a menos de 4,5%. Temer logró, asimismo, que la Cámara de Diputados aprobara la legislación laboral para reducir el poder de unos sindicatos que tienen el monopolio de la negociación colectiva gracias a una ley corporativista de 1943 y bajar el costo del empleo. Además, una comisión clave aprobó la reforma de las pensiones para bajar el descomunal costo que tiene el sistema provisional estatal (equivalente a 10% del PIB) en aquel país.

Todo esto, ahora, corre peligro. La reforma de las pensiones no ha llegado aún al plenario en diputados y por tanto ni siquiera está en el Senado. La legislación laboral, por su parte, sólo ha sido aprobada en una de los dos Cámaras, por tanto está a la espera de que los senadores la refrenden. Para no hablar de la reforma educativa, que está sólo en proyecto.

¿Qué sucederá? Si Temer sobrevive en la Presidencia, no está claro que tenga la fuerza para hacer aprobar lo mucho que queda de su plan de reformas. Si cae y, de acuerdo con la Constitución, el Congreso elige a su sucesor, no hay garantía alguna de que la persona escogida quiera seguir adelante con estos cambios impopularísimos y menos de que, si decidiera suicidarse políticamente dándoles continuidad, los grupos políticos de la actual coalición del gobierno lo respalden.

Hay que entender que el contexto actual es el de una agitación social masiva y violenta, en la que grupos de izquierda radicales y bien organizados han confundido, en el memorial de agravios, la corrupción de los políticos con la legitimidad de las reformas, de manera que todo ha pasado a ser parte de un mismo paquete socialmente repudiado. Hay en esto, claro está, mucho de interesado, pues los grupos afines a Lula y Rousseff están abocados a la caída de Temer (y lo estarán de su sucesor). Para ello resulta importante que las reformas no procedan. Protestar contra estas medidas es fácil siempre, pues ningún cambio costoso para desmontar el populismo es indoloro, pero hacerlo en un clima de odio contra los políticos y de impopularidad presidencial masiva lo es todavía más.

Lo que vive Brasil desde 2013 es una película de terror. Recordemos, para dar algo de orden a este magma, la secuencia. Aquel año estallan las protestas por el dinero que el gobierno está gastando en los estadios del Mundial de Fútbol del año siguiente. Rousseff, sin sospechar la caja de Pandora que está abriendo, introduce medidas a fin de reforzar el poder de los fiscales brasileños para negociar "delaciones premiadas", acuerdos mediante los cuales se reduzca la condena o exima de juicio a quienes colaboren con la judicatura. Es entonces, ya entrado 2014, cuando la policía y los fiscales arrancan las investigaciones que llevarán, a veces por vías fortuitas, a Petrobras y las constructoras que pagaban sobornos a esa empresa y a muchos políticos a cambio de contratos de obras.

Odebrecht fue la más importante, pero no la única. Su caso ganó dimensiones abultadas cuando negoció con tres países -Brasil, Estados Unidos, Suiza- un acuerdo para pagar una multa de 3.500 millones de dólares y revelar la verdad. Se supo así que Odebrecht había pagado sobornos en 12 países por un total de 786 millones de dólares (por cierto, no todas las revelaciones han sido todavía ciento por ciento corroboradas).

Luego el caso "madre" desovó otros casos, entre ellos uno que involucra, precisamente, a JBS: la Operación Greenfield, relacionada con varios fraudes en el sistema estatal de pensiones. JBS ha negociado con los fiscales acuerdos de delación premiada (gracias a lo cual, por ejemplo, los acusadores de Temer viajaron a Estados Unidos en libertad poco después de revelar las grabaciones que le hicieron al presidente sin su conocimiento).

Es importante entender, para saber lo que está en juego, que en Brasil han campeado durante años el populismo y el mercantilismo (entendiendo por mercantilismo la colusión entre política y negocios). No se trata sólo de personajes o partidos (hay 35 inscritos) corruptos. Se trata de todo un sistema que el "lulapetismo" llevó a dimensiones impresionantes. Un instrumento fundamental de este sistema fue BNDES, el banco estatal de desarrollo, que los gobiernos anteriores (a los que Temer y su partido apoyaban, claro) convirtieron en punta de lanza de su estrategia económica.

BNDES pasó de prestar 100 mil millones de reales en 2000 a prestar 700 mil millones en 2015. Este banco compraba participación en grandes empresas brasileñas, les daba préstamos subvencionados a mansalva y las ayudaba a adquirir otros negocios, no siempre en la misma industria de sus actividades principales. Entre las empresas que recibieron estos favores del gobierno -un gobierno interesado en crear grandes campeones nacionales", a la usanza de los "chaebols" coreanos o los "champions" franceses- estaban Odebrecht, JBS, Embraer, la propia Petrobras y muchas más. Este contubernio de política y negocios, y un vasto sistema de subvenciones sociales, permitió a los gobiernos mantener apoyo tanto en la cúspide como en la base de la sociedad durante mucho tiempo. Hasta que se derrumbó la economía, a partir de finales de 2010… y empezó el desencanto con un sistema del que distintas capas sociales eran culpables y beneficiarias, y que se había revelado como un espejismo. A ello contribuyó mucho un sistema de partidos anticuado y tendiente a la proporcionalidad que hacía de cada Congreso un bazar.

De cuántos brasileños entiendan que esta es la raíz del drama que viven dependerá también que las reformas en marcha tengan continuidad sea quien sea el presidente.