Camioneros: un acuerdo marcado por el paro de taxis
Senador Felipe Harboe (PPD) dijo que tema influyó para que el gobierno y los transportistas acercaran posiciones.
Tras una semana de incertidumbre, este miércoles finalmente el gobierno firmó un protocolo de acuerdo con los gremios de camioneros, que buscará resolver los problemas de inseguridad que los afectan, en especial en la zona sur. Con esto se "suspendió" el paro nacional convocado, que implicaba colocar los vehículos en las rutas a nivel nacional.
Y es que tras la quema de 29 camiones en la Región de Los Ríos, el 28 de agosto, los transportistas amenazaron con la movilización -que comenzaría hoy- a menos de que La Moneda respondiera a una serie de solicitudes, entre ellas poner suma urgencia a la tramitación de la Ley Antiterrorista. Algo a lo que el Ejecutivo accedió. "Una vez más hemos demostrado que cuando hay diálogo y un acuerdo adecuado entre el mundo privado y el público, es posible solucionar los problemas", dijo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras sellar el acuerdo.
En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, instó a los transportistas a desistir de realizar la manifestación. "Les pido a los colegas que están en las bermas de las carreteras, que regresen a sus casas, porque esta justa movilización ha sido suspendida", subrayó el dirigente.
Respecto a los tiempos que los camioneros y el gobierno acordaron para implementar las medidas, la ministra de Transportes, Paola Tapia, explicó que será dentro de un mes. Además, se acordó que se reanude la escolta de los camiones durante los trayectos y la posibilidad de nombrar un fiscal preferente interregional para indagar los atentados.
Sin embargo, lo que ninguno de los firmantes del acuerdo reconoció, no públicamente al menos, fue que la protesta de los taxistas el lunes pasado cerca del aeropuerto terminó por convencer al Ejecutivo de que lo más sensato era ceder ante los transportistas. "Todos son temas absolutamente distintos. Esta fue una conversación paralela y son temas independientes", dijo la ministra Tapia.
Pero lo cierto es que tras los incidentes ocurridos en las cercanías de la terminal aérea, que hizo que el gobierno se querellara por la Ley de Seguridad del Estado, La Moneda habría intensificado sus contactos con los camioneros. Primero a través del presidente de ChileTransportes, Víctor Manuel Jorquera, y luego por intermedio del presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.
Otro que habría tenido un rol conciliador fue el senador UDI Hernán Larraín, quien se contactó con la CNTC.
En la otra vereda también hubo preocupación por lo ocurrido con los taxistas. Fuentes del gremio de los camioneros indicaron que uno de sus asesores envió a las 15.00 horas del lunes una minuta a los dirigentes, pidiendo especial cuidado con las manifestaciones que se estaban planificando. Se instaba a evitar impedir el paso de los vehículos y que en caso de que ambulancias necesitaran transitar por los puntos fijados, se les debían dar todas las facilidades. Esto con el fin de evitar posibles querellas como pasó en el aeropuerto, donde murió un turista brasileño, o con el bloqueo de los micreros en 2002.
"Sin duda que lo ocurrido con los taxistas generó molestia ciudadana generalizada. Creo que hubo un buen accionar del gobierno porque esta gente está detenida, así que creo que es una buena señal que se ejerzan las responsabilidades de quienes convocan a manifestaciones y el tema de los camiones iba a generar un trauma desde el punto de vista de los desplazamientos, así que creo que efectivamente generó un impacto", dijo el senador PPD Felipe Harboe.
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