Caval: fiscalía pide que Dávalos, Ana Lya Uriarte y Luksic declaren en juicio

A las 12.30 de hoy, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, los fiscales Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allendes ingresaron un escrito que significó la culminación de una indagatoria que duró más de dos años y medio. Se trató de la acusación del caso Caval, documento en el cual el Ministerio Público solicitó las penas para las nueve personas que se encuentran acusadas en esta causa.

Este escrito, además, contempla el listado de los testigos que el Ministerio Público quiere llevar a juicio, el que debe ser aprobado por un juez en una audiencia previa. Entre estos, se encuentran el empresario Andrónico Luksic y la jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte

En este caso, la fiscalía investigó la compra y venta de tres predios en Machalí que realizó la empresa Caval en 2014, cuyos dueños son Mauricio Valero y Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

Según la imputación, en este proceso habrían ocurrido dos hechos delictuales. El primero es por las supuestas ventajas indebidas que habría protagonizado el síndico de quiebras Herman Chadwick, quien estaba a cargo de la liquidación de los bienes de la sociedad Wiesner S.A., dueña original de los predios.

La segunda "familia" de delitos son por las gestiones y presuntos sobornos que se habrían realizado en la Municipalidad de Machalí para intentar cambiar el uso de suelo y, así, que estos tres terrenos pasaran de uso rural a urbano. Esta modificación -que interesaba tanto a Caval como a los que liquidaban los bienes de Wiesner S.A.- elevaría valor de los predios.

La pena individual más alta fue pedida para el síndico Chadwick, quien arriesga 5 años y 1 día por el delito de ventajas indebidas del síndico (ver recuadros). Además, se le solicitó penas por delitos tributarios. Respecto a Compagnon, se solicitó cuatro años de pena por declaraciones tributarias falsas.

El fiscal regional Emiliano Arias indicó que "el criterio de la fiscalía es solicitar, dentro del marco legal, la pena más alta posible. Eso fue respecto de todos los imputados y en relación al hecho".

Así, todos los imputados (con la excepción de Chadwick, quien arriesga pena de presidio efectivo) podrían a optar por cumplir la sentencia en libertad en caso de ser condenados. La empresa Caval, en tanto, arriesga dos penas de 20.000 UTM ($ 935,7 millones cada una).

El declarante número 18, de los 129 considerados, es Sebastián Dávalos. Según el escrito, "declarará sobre los hechos de la acusación, creación de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, organigrama de dicha sociedad, reuniones en las que participó".

El testigo número 66 será Andrónico Luksic, "quien declarará sobre el otorgamiento de financiamiento para la adquisición de los terrenos de la comuna de Machalí por parte de la Sociedad Caval Limitada", así como "reuniones en las que participó con los acusados de la causa". Esto se debe a que Caval compró los terrenos gracias a un préstamo de $ 6.500 millones que le realizó el Banco de Chile.

Por otra parte, la testigo 121 es Ana Lya Uriarte, quien declarará "sobre su conocimiento de Caval" y "los informes que evacuó". Este último punto tiene relación con documentos que la jefa de gabinete presidencial entregó a Caval en 2012 y que tenían relación con la sustentabilidad en temas mineros.

Si bien en algún momento el Ministerio Público evaluó citar como testigo a la Presidenta Bachelet, esto fue descartado ya que en su declaración no entregó elementos que ayudaran a aclarar los hechos indagados.