Cese al fuego en 180 días y zonas especiales: Los principales puntos del acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc

El histórico acuerdo firmado hoy en La Habana contempla la participación de la ONU como garante en el retiro de armas y el regreso a la vida civil garantizando la seguridad, entre otros puntos.




En un máximo de 180 días después de la firma del acuerdo final terminará el proceso de entrega de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), de acuerdo a lo señalado hoy en La Habana, Cuba, tras el anuncio de paz con el gobierno colombiano.

El acuerdo contempla además una serie de otras disposiciones que buscan asegurar la desmilitarización y el regreso a la vida civil de los guerrilleros tras 52 años de enfrentamientos.

Uno de los principales puntos del documento contempla el establecimiento de 23 "zonas veredales de transición" y 8 campamentos que tienen el objetivo de "iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las Farc-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses", dichas zonas se comenzarán a establecer entre uno y cinco días después de la firma del acuerdo, facilitando el traslado de los guerrilleros a dichos lugares.

En tanto, el proceso de dejación de armas será supervisado por la ONU, el que tendrá un plazo máximo de 180 días, al término de los cuales además se dará por terminado el funcionamiento de las zonas de transición.

El acuerdo también contempla un mecanismo para la seguridad de los guerrilleros y de los ciudadanos colombianos durante el proceso, el gobierno colombiano se comprometió a asegurar "la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática".

Otro de los puntos señala medidas de protección para garantizar la participación política, "incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las Farc-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios".

Finalmente se sumaron medidas complementarias que apuntan a el diseño y puesta en marcha de una "política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo"; "la activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo"; un "instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales"; y "medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional".

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