Chahuán pide a UAF información de sociedad ligada a Ernesto Silva
Organismo tiene 10 días para entregar los antecedentes requeridos por el fiscal nacional.
Un "oficio secreto" envió el pasado 12 de marzo el fiscal nacional, Sabas Chahuán, al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la investigación del caso Penta. Según el documento, la máxima autoridad del Ministerio Público pidió "todos los antecedentes que obren en su poder" respecto de 15 personas naturales y 13 personas jurídicas.
Entre ellas, Chahuán solicitó información de todos los formalizados en la causa, además de otras personas. Se trata de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; sus cónyuges, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez; los ex gerentes de la empresa, Hugo Bravo y Marcos Castro; y los ejecutivos del grupo, Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal.
También pidió información del ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez, y del suspendido funcionario del organismo, Juan Martínez.
A ellos se suman el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada, María Carolina de la Cerda. Además, requirió la información de Verónica Winkler, esposa de un ex ejecutivo del grupo, y de Orlando Carvajal, condenado por soborno y fraude tributario en el caso FUT.
Respecto a las personas jurídicas, Chahuán pidió a la UAF antecedentes de la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Ltda, de la cual son socios el diputado UDI, Ernesto Silva, el actor Vasco Moulian, el ex subsecretario, Pablo Wagner, y William Díaz, ex vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Asimismo, se requirieron datos de cinco empresas de Penta, dos de propiedad de Hugo Bravo, entre otras sociedades.
La diligencia apunta a obtener reportes de operaciones sospechosas en que hayan incurrido estas empresas. Estas corresponden a movimientos financieros inusuales o carentes de justificación económica o jurídica que puedan derivar en delitos de lavado de activos o financiamiento terrorista.
La fiscalía dio un plazo de 10 días para que la UAF responda a su solictud.
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