Colegios reconocidos por el Estado no podrán hacer entrevistas ni test de admisión

A las 9.45 horas, en el Palacio de La Moneda, está planificado el inicio de la ceremonia en la que la Presidenta Michelle Bachelet firmará el primer gran proyecto de la reforma educacional escolar, que apunta a poner fin al lucro, establece la gratuidad, eliminando el copago y termina con la selección en colegios.

Además, anunciará una iniciativa que crea una nueva institucionalidad en Educación Parvularia, que incluye una nueva subsecretaría especializada en jardines y salas cuna.

El grueso de las modificaciones en el ámbito escolar está dirigido hacia los establecimientos que reciben recursos del Estado, es decir, los municipales y los subvencionados. Sin embargo, en el proyecto -que anoche fue presentado en La Moneda a parlamentarios y al oficialismo- se establece que un colegio reconocido por el Estado no podrá aplicar pruebas de conocimiento ni entrevistas en el proceso de admisión. Esta medida, según fuentes que tuvieron acceso al documento, podría abrir un debate en el Congreso respecto de los colegios particulares pagados.

La propuesta para modificar el sistema de selección se basa en que sean la familias quienes elijan dónde serán educados sus hijos y que tengan la posibilidad de postular de acuerdo a sus preferencias.

Además de lo anterior, la reforma que plantea el Ejecutivo también incluye que los niños no pueden ser expulsados de los establecimientos escolares en todos los niveles, de 1º básico a 4º medio, y que podrán repetir por dos años.

DERECHO SOCIAL

Establecer la educación como un derecho social es uno de los cambios que se realizarán a la Ley General de Educación, concepto que en esencia plantea que existirá una garantía que dará a los ciudadanos la facultad de exigir, por ejemplo, una educación de calidad.

Según explicó el ex ministro José Joaquín Brunner, los alcances que pueda tener este cambio en la ley "van a depender mucho de cómo va a quedar redactado el proyecto, porque el programa de la Presidenta habla de la educación como derecho social con garantía de exigibilidad".

Esto implica, según el académico de la U. Diego Portales, que "al agregar una garantía hay que estar dispuesto a que las personas la hagan valer y esto podría llevar a una judicialización". Por ejemplo, indicó, "alguien podría llegar a tribunales si el ramo de historia que dicta un colegio cumple o no con lo que el Estado ha definido por calidad".

FIN DEL LUCRO

En el proyecto también se señala que el Estado va a perseguir el lucro, evitando que los colegios busquen fines económicos. Para esto, se va a modificar la Ley General de Educación (LGE), que permite esta actividad en los colegios.

De acuerdo a la reforma que proyecta el gobierno, los sostenedores de los colegios que actualmente persiguen beneficios económicos deberán optar por transformarse en fundaciones sin fines de lucro en un plazo de dos años, para lo cual podrán solicitar al Estado la compra de los inmuebles en los que funcionan dichos establecimientos.

Esto es visto como una "indemnización" por los dirigentes estudiantiles. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Lorenza Soto, señaló que "rechazamos que se pretenda indemnizar a los empresarios que están lucrando con la educación y que no se condonen deudas a las familias endeudadas con la educación".

El proyecto de educación escolar ingresaría el martes a la Cámara Baja. En tanto que la iniciativa que crea una nueva institucionalidad de educación parvularia sería presentada ese mismo día al Senado. Ambas reformas tendrán urgencia simple.