Confirman existencia de centro clandestino de tortura de dictadura brasileña

Un ex oficial del Ejército brasileño confirmó, en entrevista publicada hoy por el diario O Globo, la existencia de un centro clandestino de tortura durante la dictadura (1964-1985) del que sólo se tenía conocimiento por las denuncias hechas por una única sobreviviente.

"Había otros. Pero éste fui yo quien lo organizó. Decidí quiénes eran los centinelas, la rutina y hasta cuándo se organizaba una fiesta para intentar pasar desapercibido", aseguró el teniente coronel de la reserva Paulo Malhaes, de 74 años y que fue oficial del Centro de Informaciones del Ejército (CIE).

El militar admitió haber operado como oficial de este organismo de inteligencia de la dictadura en la década de 1970 en una casa en la ciudad de Petrópolis, a unos 60 kilómetros de Río de Janeiro, donde eran recluidas personas detenidas ilegalmente.

Malhaes aseguró que la residencia, que había sido alquilada por un militar, era utilizada para intentar convencer a militantes de organizaciones guerrilleras a que actuasen como informantes infiltrados del Ejército en sus respectivos grupos armados.

"Para darle la vuelta a alguien (reclutarlo) hay que destruir sus convicciones sobre el comunismo. En general conseguía darle la vuelta a los que me tocaba tan sólo conversando. Pero lógicamente siempre dábamos sustos, y el susto era siempre la muerte", relató el exoficial al admitir los métodos violentos usados.

Malhaes se abstuvo de responder lo que ocurría con los presos que se negaban a colaborar con la dictadura y aseguró que todo lo que ocurría en el local clandestino era de conocimiento de sus superiores en el Ejército.

La existencia del centro clandestino de tortura en el que se calcula que fueron muertos al menos 22 militantes contrarios a la dictadura fue denunciada en 1979 por la exguerrillera Inés Etienne Romeu, quien pasó 96 días en la prisión clandestina y fue liberada tras haber convencido a los militares de que los ayudaría a capturar a otros integrantes de su organización.

Hasta ahora ningún militar había admitido la existencia del centro pese a diferentes denuncias que ayudaron a identificar a un sargento del Ejército y a un comisario de policía como torturadores que actuaron en el local, y a un médico, ya prohibido de ejercer la profesión, como colaborador de las operaciones.