Contraloría aún no da visto bueno a nombramiento de ministros de Bachelet

Por falta de antecedentes, órgano contralor no ha tomado razón de designaciones que fueron firmadas el 11 de marzo. Rodrigo Peñailillo es el único que tiene su decreto de nombramiento completamente tramitado.




A tres meses y medio de iniciado gobierno de Michelle Bachelet, el titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, es el único ministro con sus papeles administrativos al día.

En la ceremonia de traspaso de mando del 11 de marzo, la Presidenta firmó dos decretos para nombrar a los miembros de su gabinete. En el primero designaba a Peñailillo en Interior y en el segundo nombraba al resto de los ministros.

Si bien estos documentos deben ser revisados por la Contraloría (control jurídico denominado "toma de razón), la legislación permite que los nuevos secretarios de Estado asuman inmediatamente "por razones impostergables de buen servicio" sin necesidad de tramitar completamente los respectivos decretos.

Pero, desde entonces, sólo el nombramiento de Peñailillo cuenta con el visto bueno de la Contraloría, que realizó la "toma de razón" de ese decreto el pasado 15 de abril. El trámite de nombramiento de los otros 22 secretarios de Estado, en tanto, sigue pendiente.

FALTAN ANTECEDENTES

En el órgano contralor informan que el decreto de los otros ministros fue ingresado recién el 6 de mayo con documentación incompleta. En algunos casos faltaba información laboral y en otros antecedentes académicos. A otros les faltó el informe de su situación de salud o bien no fue acompañada la declaración jurada que debe realizar cada ministro para "acreditar" que no han sido objeto de una destitución en la administración pública, por lo menos en los últimos cinco años.

En la Contraloría informan que por ese motivo aún no han visado los nombramientos y que están en el proceso de recolección de datos. Pero explican que tampoco existe un plazo legal para terminar con esta tarea.

En el gobierno de Sebastián Piñera, la Contraloría demoró 50 días. En el caso de Rodrigo Hinzpeter (el primer jefe de Interior de Piñera) su decreto tenía visto bueno el 20 de abril de 2010 y, 10 días después (el 30 de abril), los otros ministros ya contaban con la toma de razón del ente fiscalizador.

En la actual administración el decreto de los 22 ministros lleva más de 108 días pendiente desde que fuera firmado por Bachelet.

Si bien el Presidente de la República tiene la facultad constitucional para nombrar o remover a sus colaboradores, la tarea de la Contraloría es revisar que las personas nombradas cuenten con los requisitos básicos para ingresar a la administración pública.

La Ley de Estatuto Administrativo exige ser ciudadano, estar con la situación del Servicio Militar al día, tener salud compatible, haber aprobado la educación básica, no haber cesado en un cargo público como consecuencia de una medida disciplinaria o calificación deficiente y no estar inhabilitado ni hallarse condenado por crimen o simple delito.

En el caso hipotético de que algún ministro no cumpla con los requisitos no podría asumir. Sin embargo, dado que ha pasado un tiempo, algunos juristas estiman que eso no tiene necesariamente que invalidar todos los actos o resoluciones administrativas que haya realizado esa persona en el ejercicio provisional del cargo.

OFICIO UDI

La demora en la tramitación de los nombramientos quedó en evidencia tras un oficio de fiscalización de la UDI al Ministerio de Hacienda, que en su respuesta informó que el decreto de nombramiento de titular de la cartera, Alberto Arenas, aún seguía en manos del contralor Ramiro Mendoza.

El jefe de los diputados gremialistas, Felipe Ward, envió un nuevo oficio, esta vez dirigido a la Contraloría, para que aclare por qué no ha tomado razón de los nombramientos.

"Resulta extraño que los ministros no tengan decreto de nombramiento a más de 100 días de iniciado el gobierno. Queremos saber qué pasa y si esto se extiende también a los subsecretarios porque, reitero, no es lógico ni normal una situación de este tipo", dijo Ward, quien emplazó al gobierno a "entregar una muy buena explicación sobre los antecedentes que faltan".

La Tercera intentó obtener una versión del Ministerio del Interior (cartera encargada de los decretos), pero no hubo respuesta.

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