Corte Suprema brasileña reduce penas a condenados por corrupción del juicio del siglo

Gracias a esto, el ex ministro del Gabinete de Lula da Silva podrá cumplir su pena en régimen semiabierto, lo que significa que deberá pasar las noches en la cárcel y podrá abandonar el penal durante el día.




El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil redujo hoy las penas de ocho condenados en el marco de un escándalo de corrupción, entre ellos al ex ministro del Gabinete Civil durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu.

Por mayoría, los once magistrados de la Corte Suprema aceptaron el recurso de la defensa y anularon la condena por cargos de asociación criminal que había sido impuesta por el propio STF en diciembre de 2012 por cinco votos contra cuatro.

El cambio del resultado se debió al voto de los dos nuevos magistrados del STF, Luiz Roberto Barroso y Teori Zavascki, quienes asumieron el año pasado sus puestos en la Corte Suprema.

Ambos jueces opinaron que la pena impuesta en 2012 a los ocho reos por cargos de asociación criminal fue "demasiado dura" y consideraron que el delito ya prescribió.

Gracias a la decisión de hoy, la pena de Dirceu, que originalmente era de diez años y diez meses de prisión, baja a siete años y once meses, lo que le permitirá al político cumplirla en régimen semiabierto, o sea que sólo estará obligado a pasar las noches en la cárcel y podrá abandonar el penal durante el día para trabajar.

El nuevo fallo beneficiará de la misma manera al ex tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Delubio Soares, cuya condena se redujo de once años y ocho meses de prisión a ocho años y once meses a seis años y ocho meses de prisión.

Dirceu y Soares forman parte del grupo de 25 personas -entre empresarios, políticos y ejecutivos de bancos- condenados en el llamado "juicio del siglo" sobre el escándalo de corrupción que sacudió el gobierno de Lula da Silva en 2005. 

Todos fueron hallados culpables de formar parte de una red ilegal creada por el gobernante PT y dedicada a desviar dinero público para pagar sobornos a legisladores aliados a cambio de su apoyo a los proyectos del gobierno Lula en el Congreso.

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