Corte Suprema responde a críticas del gobierno y abre nuevo conflicto con La Moneda

La respuesta del Poder Judicial a los cuestionamientos del gobierno fue casi inmediata. Tras las críticas que deslizó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el rechazo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a aplicar la Ley Antiterrorista en el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, y ante su público descontento con la sentencia contra Celestino Córdova (27), el presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, salió al paso de la controversia abierta por La Moneda.

Pocas horas después de conocer la pena a 18 años de cárcel contra el comunero mapuche responsable del doble crimen en Vilcún, el ministro Chadwick reconoció que "aspirábamos a una pena mayor, porque como gobierno pensamos que en justicia correspondía a una pena que fuese mayor por la gravedad y lo dramático del crimen de un matrimonio (...). Sí estamos en presencia de una conducta terrorista", enfatizó.

Fue en el marco de estos cuestionamientos que, luego de rendir su cuenta pública y dar inicio al año judicial (ver nota secundaria), el juez Sergio Muñoz dijo que "no está a la altura de una autoridad emitir pronunciamientos descalificatorios de lo que puede ser la función jurisdiccional, por cuanto los jueces miran con respeto, como lo hacen todos los chilenos, a todas las autoridades, entre ellas al señor ministro del Interior y al Presidente de la República".

A juicio del magistrado "este espectáculo lo observamos en Chile y en algunos otros lugares que se califican de repúblicas bananeras y caribeñas, con todo respeto de estas repúblicas". Dijo, además, que "no conozco ningún comentario del secretario general de las Naciones Unidas refiriéndose a algún fallo de la Corte Internacional de La Haya o a otro organismo que tienda debilitar la estructura institucional e internacional".

Según Muñoz, "los tribunales tienen autonomía de determinación dentro del estado de derecho y también deben hacerlo con altura de miras e, incluso, sobreponerse a estos cuestionamientos políticos".

La enérgica respuesta del titular del máximo tribunal no sorprendió a sus pares. En diciembre de 2013, tras ser electo como nuevo presidente de la Corte Suprema, Muñoz explicitó cuál sería una de sus principales preocupaciones en el cargo: "No dejar que se ataque al Poder Judicial".

REACCIONES DE LA MONEDA 

Consultado sobre las declaraciones realizadas por el máximo representante del Poder Judicial, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que "sentimos mucho que le moleste al presidente de la Corte Suprema. Reiteramos que a juicio del gobierno y con pleno respeto por los jueces, en el caso del dramático asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay no compartimos todos los aspectos de su sentencia. Creemos que es un acto terrorista y que la condena debió ser mayor".

El jefe de gabinete, además, dijo lamentar "que el presidente de la Corte Suprema, en un estado de derecho democrático, pretenda que no se opine sobre las actuaciones judiciales. ¡Todo lo contrario a lo que señaló hace pocos días atrás! En todo caso no fueron respetuosas sus referencias a 'repúblicas bananeras o caribeñas'", replicó.

El nuevo foco de conflicto entre La Moneda y el Poder Judicial ocurre a 10 días del cambio de gobierno. En los cuatro años de administración del Presidente Sebastián Piñera, la tensión entre ambos poderes era latente (ver recuadro).

Fue así como en noviembre de 2013, el gobierno criticó a los tribunales por absolver a Francisco Solar y Mónica Caballero del llamado caso bombas. La controversia surgió debido a que la pareja había sido detenida en España tras ser imputados por la detonación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar.

La controversia entre los poderes del Estado generó inmediatas reacciones tanto en parlamentarios como en miembros del ámbito judicial. El senador de RN Alberto Espina dijo ayer que "considero absolutamente legítimo que los poderes del Estado, o una autoridad, tengan derecho a opinar en democracia".

En tanto, la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, aseguró que "la estabilidad institucional y la democracia en el país se deteriora y lesiona con declaraciones descalificatorias".

Según la representante del gremio de juristas, "si los poderes se descalifican entre ellos, ¿qué defensa tienen las personas? Esto sólo lesiona la confianza de las personas en sus autoridades".