De 6.500 causas por delitos sexuales fiscalía logra 500 condenas

El caso de Juan Manuel Romeo, monitor de computación de un jardín infantil de Vitacura, acusado de cuatro abusos sexuales contra menores y absuelto tras pasar más de un año y medio en prisión, no es único.

Según estadísticas de la Fiscalía Nacional, entre enero y abril de este año el Ministerio Público realizó 6.572 investigaciones por delitos sexuales, de las cuales 502 terminaron en condena (7,6%) y otras 5.076 (77,2%) quedaron sin responsables.

Según las mismas cifras, en el 66,5% de los casos no se llegó a una salida judicial. Esta situación llevó a que el Ministerio Público cerrara o paralizara causas por falta de antecedentes. De los que sí llegaron a tener una salida judicial, en tanto, 137 causas terminaron en absolución y 365 en sobreseimiento.

Ante este escenario, Patricia Muñoz, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, dijo que "los procesos de investigación de delitos sexuales tienen complicaciones particulares, que están dadas por la situación probatoria y la alta exigencia que demanda la acreditación ante los tribunales".

Muñoz agregó que "un niño de tres años, por su desarrollo evolutivo, tiene un determinado desarrollo del lenguaje, que le permite entregar información respecto de lo que le ha ocurrido con una estructura limitada por su desarrollo. Lo que en ningún caso implica que el hecho delictivo no haya ocurrido", agregó.

Según la representante de la fiscalía, "estamos desarrollando a nivel nacional la formación permanente de fiscales en la entrevista investigativa inicial que se debe tomar y promoviendo el uso de la grabación de esas diligencias".

Al respecto, el senador DC Patricio Walker señaló que "ante el fenómeno de la retractación de menores por presiones, o que los menores que han sido abusados se olviden de los detalles del delito, eso afecta la calidad de la prueba". Añadió que "es fundamental avanzar en la entrevista videograbada, que se realice una vez producido el hecho, y no seis meses o un año después".

Para el abogado y director de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, la obligatoriedad de las entrevistas videograbadas permite dos cosas: "Que la entrevista sea revisada por un profesional experto, que asegura una calidad superior. Segundo, esto impide que al menor se le arrastre a los tribunales o se interrogue reiteradamente".

Agregó que en las causas de abusos sexuales "creemos que hace muy mal a la investigación y a la resolución de este tipo de asuntos que estos sean mediatizados. Eso les hace mal a las víctimas, a la investigación, y entorpece la labor de los tribunales en esta materia".

Ayer, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, evitó referirse a la absolución del llamado caso Hijitus. Desde Concepción, indicó que "la sentencia debería decir si formó convicción o no formó convicción, creemos que es culpable o creemos que es inocente", y añadió que "si algún tribunal estima que hay falta de objetividad por parte de la investigación, lo puede decir por otras vías".