Defensa y Trabajo crean mesa para regular pensiones de invalidez en FF.AA.

Los ministerios de Defensa y del Trabajo resolvieron crear una mesa para evaluar las modificaciones legales que deberán realizar para terminar con la entrega de millonarias pensiones de invalidez a uniformados que están sanos y que desempeñan otras labores en el sector público y privado.

Según explicó el titular de Defensa, José Antonio Gómez, las conclusiones deberán estar listas en un plazo de 45 días.

Pero además, agregó el secretario de Estado, se llevará a cabo una investigación administrativa que estará terminada dentro de 30 días.

Gómez reconoció que el tema era analizado desde abril del año pasado con representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, precisó que ya se ha llegado a varios acuerdos como que las comisiones de salud, que son las que otorgan las jubilaciones de invalidez o de inutilidad de segundo grado, tengan un reglamento único. "Y que las pensiones sean entregadas según los criterios de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) del Ministerio de Salud, es decir, el mismo reglamento del resto del sistema público", agregó Gómez, quien aseguró que "nosotros ni nadie está por la existencia de abuso ni distorsiones en el ámbito de las pensiones".

Si bien, y tal como consignó La Tercera en su edición del 10 de abril, los antecedentes sobre este tema ya estaban en poder de la Contraloría, el ministro insistió en que serán derivados a la entidad que dirige Jorge Bermúdez y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En ese artículo se daban a conocer casos de ex uniformados que tenían jubilaciones de invalidez superiores a cinco millones de pesos que seguían trabajando. El domingo en Informe Especial de TVN se reveló que Augusto Pinochet Hiriart y un ex agente de la CNI condenado por la Operación Albania reciben este beneficio.

Respecto a si su ministerio buscará anular la entrega de estos fondos, Gómez reconoció que "no tenemos facultad, porque son derechos adquiridos", sin embargo, recalcó que "la Contraloría y el CDE verán la forma jurídica de hacerlo".

En tanto, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, lamentó la situación y reconoció que "es necesario revisar" el tema, además de advertir "que junto al ministro Gómez y a la Presidenta Michelle Bachelet seremos muy serios en este tema".

No obstante, descartó que el sistema de pensiones de las FF.AA. vaya a ser abordado durante la discusión previsional que se viene en el Congreso.

Aunque los datos entregados por el Ejército, la Armada y la Fach a través de la Ley de Transparencia dieron cuenta de 1.050 ex uniformados pensionados y recontratados, fuentes del Ministerio de Defensa señalan que serían 3.300 personas.

Pero eso no es todo. Y es que pese a estar pensionados, el volver a prestar servicios como civiles en las ramas donde hicieron su carrera militar les permite recalcular su jubilación. "Si algún pensionado es recontratado en un puesto que le da derecho a ser imponente de Capredena, después de tres años puede reliquidar su pensión en un 3% anual, con un tope de 50%", explica una fuente de la Secretaría de Estado.

"Para evitar que se produzca que personas jubiladas vuelvan a trabajar en la institución, estamos trabajando en la ampliación de la carrera militar. Es decir, las personas que se tienen que quedar porque se requiere su estadía por conocimientos, van a entrar en un sistema normal y no a través de las recontrataciones", dijo Gómez.

El diputado Jorge Ulloa (UDI), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, apuntó que en algunos casos se justifican. "Básicamente es personal que tiene un nivel de experiencia que no se va a encontrar afuera", manifestó. Sin perjuicio de eso, reconoció que hay "situaciones que en la práctica pueden ser perfectamente desarrolladas por personas que vengan del mundo civil y por lo tanto no el 100% se justifica que el personal tenga que provenir de las instituciones de la Defensa".

Es por ello, dijo Ulloa, que "tengo la impresión de que alargar la carrera militar efectivamente es bastante sano".

En tanto, la ex integrante de la Comisión Bravo, Claudia Sanhueza, afirmó que "lo de las recontrataciones parece más bien un vacío regulatorio". La economista añadió que "es una tremenda deuda no ver este tema y no entiendo por qué esta postergación infinita (de la reforma), ya que no se trata de algo de lo que nos demos cuenta recién ahora".