Defensoría Penal Pública hace reparos a proyecto de ley sobre abusos a menores

Jefa de estudios de la entidad criticó que niños no declaren en juicios. Aseguró además que "podría ser riesgoso para el derecho a defensa". 




El martes de esta semana, el Gobierno anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que cambia la forma en que se interrogará a los menores de edad víctimas de delitos sexuales.

El documento establece que los menores de 14 años no podrán declarar en juicios orales y que sólo podrán ser interrogados en dos ocasiones anteriores al juicio. Además, esas entrevistan, que serán videograbadas, se realizarán cuando se presente la denuncia y en una audiencia de prueba anticipada realizada en un juzgado de garantía

Al respecto, la abogada Francisca Werth, jefa nacional del departamento de estudios y proyectos de la Defensoría Penal Pública, valoró que la iniciativa busque mejorar la forma en que son interrogadas las víctimas para evitar su revictimización. "Como Defensoría, creemos que todas las instituciones tienen que poner de su parte para disminuir la revictimización de un niño, para que no sea expuesto a reiterados interrogatorios y que esos interrogatorios se hagan con dignidad", sostuvo.

Sin embargo, Werth reparó en los riesgos para el derecho a defensa de que el menor no declare en el juicio oral. "Nos preocupa que no se respeten las garantías de una persona a quien se le impute un delito tan grave", comentó.

Para la abogada, esto puede ser perjudicial debido a que "si durante el juicio oral se produce un antecedente que obligue a la defensa a aclarar un punto, es necesario que pueda contra interrogar al menor con todas las precauciones que corresponden".

En este sentido, afirmó que "la Defensoría no pretende que la presunta víctima sea expuesta ni maltratada, pero la ley exige que toda declaración de un testigos -como es en este caso, el niño- se dé en la etapa procesal llamada juicio".

Otro de los puntos donde Werth también planteó reparos tiene que ver con quiénes serán los encargados de realizar los interrogatorios. De acuerdo al proyecto de ley, serán autoridades del Ministerio del Interior en conjunto con el de Hacienda quienes definirán a los entrevistadores capacitados. Así, tanto el fiscal como el resto de los intervinientes deberán plantearles a éste sus interrogantes.

"Nos preocupa el tema del experto, quién es ese experto que contempla el proyecto que estaría seleccionado por Interior y que haría una cierta validación", dijo.

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