Del dolor a la acción

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El 21 de enero se cumplen cinco años de la muerte de Emilia Silva, lactante de nueve meses que falleció luego de que un conductor ebrio impactara el auto de sus padres. Hace más de dos años su familia creó una fundación con su nombre. Su objetivo: ayudar a otras familias que atraviesan por su mismo dolor.




"No es una situación que se supera con el tiempo, se aprende a convivir con el dolor y eso cambia tus prioridades. Nos levantamos porque entendemos que no estamos solos y que es necesario para construir una sociedad más solidaria y resiliente".

Así responde Carolina Figueroa cuando se le pregunta cómo ha sido, en lo personal, enfrentar la muerte de su hija Emilia, de nueve meses de edad -luego de que un conductor ebrio impactara su auto el 21 de enero de 2013-, y casi cinco años después ayudar a personas que pasan por lo mismo.

El 15 de septiembre de 2015, a dos años y ocho meses de su muerte, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley Emilia, una norma que aumenta las penas para quienes manejan con alcohol. Los principales propulsores del movimiento fueron los padres de Emilia, Carolina Figueroa y Benjamín Silva, quienes iniciaron su cruzada en noviembre de 2014, cuando constituyeron jurídicamente la Fundación Emilia, que busca ayudar a las víctimas de este tipo de hechos.

A una semana de que se cumplan cinco años desde la partida de su hija, Benjamín y Carolina reflexionan con La Tercera sobre la importancia del proyecto que lideran y cómo la fundación se ha convertido en su bandera de lucha.

"A pocos días de la partida de Emilia nos acercamos a hablar con los diputados de forma transversal, logrando que se ingresara un proyecto en marzo de 2013", cuenta Carolina.

Explica que fue un proceso difícil, en el que trataron de sensibilizar a los parlamentarios para que apoyaran la propuesta de un año de cárcel efectiva y el ingreso de la fuga como delito y no como agravante. "Fue una tarea ardua y agotadora, que no estuvo exenta de obstáculos. Se convirtió en rutina dedicar los miércoles y jueves al Congreso, pidiendo reuniones, revisando la tabla de discusión, asistiendo a comisiones, reuniéndonos con el ministro de Transportes y comenzando a hacer contactos con otras familias", dice.

En ese punto, Carolina, de profesión historiadora, apunta a que la ciudadanía debe entender que el Congreso es un instrumento del ejercicio cívico, "que independiente de la militancia partidaria de los parlamentarios, representa la voluntad soberana concedida por un voto".

Y ese esfuerzo dio frutos. Según Carolina, hoy la fundación registra más de 550 casos. "Si bien ese es un número que da cuenta de la necesidad de nuestra labor, también nos pone el problema de cómo responder adecuadamente a esta demanda permanente. Es por eso que necesitamos el apoyo de todos, más aún en esta segunda fase de la fundación, en que buscamos aportar en la promoción de una reforma del sistema penal que apunte a dignificar el dolor de las víctimas a través de una defensa jurídica gratuita efectiva, con política pública integral y presupuesto", señala.

Benjamín, el padre de Emilia, dice que la creación de este proyecto surgió como una aspiración innata de colaborar con quienes no tienen las herramientas para enfrentar algo así. "Nadie quiere vivir una situación como las que nos tocó vivir, tampoco nosotros, obviamente. Imagino que -como otras historias como la Ley Zamudio, la Ley Ricarte o Ley Luciano (Rendón)- surge un natural deseo de ayudar a otros. Esto, con el objetivo de que no pasen por el dolor de perder una hija, hijo, padre, madre, etc., y si lamentablemente les toca vivirlo, que puedan tener la mayor contención posible", indica.

En ese sentido, señala que es importante que las víctimas conozcan sus derechos y reciban ayuda psicológica, jurídica y humana. "Para nosotros resulta cotidiano recibir a familias que por no tener recursos no pueden ser representadas en los tribunales, eso rompe su confianza en las agencias del Estado y en las garantías ciudadanas de una justicia justa".

Carolina es enfática: "Me niego a ser víctima. En Chile se tiene la percepción de que la víctima solo puede hablar de su dolor, y me rehúso a que nos vean solo por eso. Antes que nada soy ciudadana y quiero que se entienda que podemos hablar desde la experiencia", dice.

Detallan que además de las complejidades para promover la ley en su momento, también ha sido difícil lograr un financiamiento permanente para la fundación. "Las actividades se realizan por medio de postulación de proyectos a fondos concursables públicos y privados y con donaciones", dice Carolina. Asimismo, en noviembre ingresaron al Registro de Donatarios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que les permitirá postular proyectos buscando financiamiento con certificado.

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