Diputado Macaya y decesos en listas de espera: "Hay desidia del Estado"

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Integrantes de la Comisión de Salud de diversas bancadas pedirán a la fiscalía que investigue eventuales negligencias y responsabilidades penales.




El diputado UDI Javier Macaya, junto a Juan Luis Castro (PS) y Karla Rubilar (Ind.), todos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, acudirán este lunes a la Fiscalía Nacional para pedir a la fiscalía que inicie una investigación de los hechos consignados en el Informe de Listas de Espera de Pacientes, solicitado por el Ministerio de Salud a un equipo de nueve expertos, que fue entregado este jueves.

Ahí se analizó la situación de 22 mil personas que fallecieron durante 2016 y que estaban en lista de espera GES y no GES. Esto se hizo para dar respuesta a una solicitud del Congreso, en la cual se pidió al Ejecutivo explicar las causas y efectos que eventualmente podría haber entre la falta de atención y los decesos.

De ese análisis se evidenció, como primer punto, que la información entregada al Congreso estaba "errada" y que los fallecimientos sin atención médica eran 15.625 y no los 22 mil iniciales. Asimismo, se mostró que para las muertes en la lista GES, que fueron 993, en el 15% de los casos, es decir en 151, se podía establecer "alguna asociación entre la garantía GES retrasada y el fallecimiento".

Para el caso de los fallecidos en 2016 estando en espera de una atención de un especialista o de cirugía, en el 43% de los 15.625 (es decir, 6.593 personas) "era posible plantear una hipótesis de asociación entre la derivación en espera y el fallecimiento".

Si bien se establecen estas conclusiones, en el informe se indica que "la hipótesis de asociación no puede ser confirmada con los datos disponibles". Del mismo modo, se plantea "el desafío de estudiar en mayor profundidad el fenómeno y mejorar los registros de las derivaciones para realizar futuros análisis de causalidad".

Sin embargo, para establecer eventuales responsabilidades penales, los tres diputados integrantes de la Comisión ya mencionados se reunirán este lunes con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para entregar antecedentes y pedirle una investigación.

"Creemos que hay desidia, negligencia y mala gestión de parte del Estado. Hay omisiones inexcusables y por eso esperamos que el fiscal pueda instruir la investigación", dijo el diputado Macaya.

El parlamentario agregó que "el Ministerio Público puede visibilizar de mejor manera lo que ocurre con las listas de espera, donde hay compatriotas que, lamentablemente, han perdido la vida por negligencia y, en la práctica, por delitos que ameritan investigación si se configura una responsabilidad por cuasidelito de homicidio".

Su par independiente, Karla Rubilar, manifestó que "el hecho de que se establezca que hay 6 mil personas con una asociación potencial de su fallecimiento con su falta de atención es de una crudeza brutal. Por ende, ya no basta con las mismas acciones de siempre. Se requiere una cirugía mayor". Agregó que la situación "no es un problema de falta de recursos en el sector, sino que son problemas de gestión y quizás también de desidia".

Para Juan Luis Castro (PS), la labor de la fiscalía en este caso será "fundamental" ya que "si hubo negligencia culposa o desidia administrativa en no adelantar los casos que eran más graves, se cultivó el terreno para terminar por no atender a esas personas".

La presidenta de la comisión, Karol Cariola (PC), explicó que se citó a la ministra de Salud, Carmen Castillo, a esa instancia el próximo martes, para que presente el informe y exponga sus principales argumentos.

"El tema sigue siendo igual de preocupante y muestra que el sistema de salud no está dando abasto. Le hemos extendido a la ministra la citación para que el martes exponga a cabalidad los resultados del análisis", dijo.

Tras conocer esos datos, la comisión evaluará si amerita realizar una sesión especial en el Congreso para analizar en profundidad el tema.

Otros hallazgos del informe

En el informe, junto con evidenciar que existieron limitaciones para los expertos para establecer causalidad, debido a que actualmente no se cuenta con "una descripción precisa ni estandarizada del motivo de derivación ni la historia clínica de los fallecidos", también se da cuenta de los días de espera por una atención.

Ahí se analiza que los días de espera para pacientes no GES, durante 2016, tuvieron una mediana de 526 días para los procedimientos, es decir, exámenes que se usan para determinar diagnósticos, llegando a extremos de 2.040. Respecto de las cirugías, la medida fue de 381 días, mientras que para la consulta de especialidad la mediana fue de 302 días, llegando a 550 días.

Estos tiempos, para el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Oscar Arteaga, "son excesivos". El académico agregó que se debe avanzar en establecer criterios de derivación y gestión de la lista de espera. "Estos criterios deben emanar del ente rector, es decir del Minsal, para ser gestionados y aplicados por hospitales", indicó.

Se espera hoy, en el hospital Barros Luco, se realice la primera supervisión del Plan Extraordinario de Resolución de Tiempos de Espera del Minsal, una de las medidas que se tomaron desde el nivel central para hacer frente a las resoluciones del informe. Ahí está programado entregar atención a 210 personas que requieren consulta con especialistas de otorrinolaringología, oftalmología, neurología, neurocirugía y urología.

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