Dolmestch se inhabilitó en caso de pensiones en la DGAC

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La decisión la tomó porque su hija es parte de los demandantes. Antes de salir del proceso dictó tres resoluciones, las que luego anuló.




El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se inhabilitó el 24 de octubre pasado en la causa judicial donde 1.331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) piden dejar de cotizar en las AFP y pasar al sistema previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

La razón de su decisión fue que su hija, María Gabriela Dolmestch, es técnico aeronáutico de control de tránsito aéreo en la DGAC e inició esta causa junto al resto de los funcionarios al presentar una demanda ante el 29° Juzgado Civil de Santiago en 2012.

Previo a inhabilitarse, el jefe del máximo tribunal del país realizó tres resoluciones durante la tramitación en esta causa donde es parte su hija, las que fueron anuladas por él tras decidir marginarse del caso el 24 de noviembre.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara un recurso de casación en el fondo para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que decidió cambiar a los funcionarios de la DGAC a Capredena.

Dolmestch realizó la primera resolución el 14 de octubre, donde firmó un "téngase presente" a una de las partes recurridas en el caso. Después, asignó la causa a la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que resuelve temas laborales, el 18 de octubre. Finalmente, el 20 de octubre realizó la última resolución, dando cuenta a la sala designada de una serie de antecedentes, entre ellos, de la delegación de poder a la fiscal de la Contraloría, Carolina Requena. Sin embargo, cuatro días después de este último dictamen, Dolmestch se inhabilitó y anuló las actuaciones.

Desde el Poder Judicial explicaron que los presidentes de la Corte Suprema no integran sala, por lo que no participan en la resolución de los procesos judiciales.

En tanto, el 27 de diciembre pasado, el contralor Jorge Bermúdez interpuso una contienda de competencia en el Senado con el objetivo de que la Cámara Alta resuelva si es el máximo tribunal o el órgano contralor la institución que debe decidir dónde cotizarán los trabajadores de la DGAC.

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