El debut de la estrategia del segundo tiempo
El acuerdo tributario suscrito con la Alianza el martes 8 terminó transformándose en el punto álgido de una nueva fase inaugurada por La Moneda. Desde hace unas semanas se venía bajando la velocidad en las reformas y mostrando apertura en áreas sensibles, lo que ha generado alarma en el bloque de izquierda de la Nueva Mayoría.
La casa del presidente de la DC, Ignacio Walker, fue el escenario de uno de los principales encontrones, sino el principal, desde el debut del gobierno entre los líderes de ese partido y La Moneda.
El miércoles 2 de julio llegó hasta el departamento en Vitacura del timonel falangista el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
El jefe del equipo económico de Michelle Bachelet entendía -de acuerdo a la versión de uno de sus cercanos- que en esa cita se jugaba parte importante del destino de la reforma tributaria, el primer test legislativo importante de la actual administración, y por qué no, de su propia gestión al mando de Hacienda.
A Arenas lo esperaba en pleno la bancada de senadores de la DC.
Fue una mala cita para el titular de Hacienda. El propio anfitrión, además de Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Carolina Goic, Patricio Walker, Manuel Antonio Matta y el independiente Pedro Araya lo notificaron que la reforma tributaria -tal y como había sido concebida- no contaba con los votos DC.
Asistentes a la cita señalaron a Reportajes que el mensaje fue categórico: los senadores estaban dispuestos a apoyar el nivel de recaudación de la iniciativa fijado en US$ 8.200 millones, pero la fórmula para el término del FUT -sin registrar incentivos al ahorro y la inversión alternativos- no tenía su respaldo.
Fueron Pizarro, Zaldívar y Patricio Walker los encargados de explicar al ministro la postura de la bancada. Hablaron de "Transantiago tributario" y plantearon que la denominada renta atribuida "tenía visos de inconstitucionalidad".
Poco les valió a los senadores falangistas que el ministro Arenas les hiciera ver que existían a lo menos dos informes en derecho -de los abogados Patricio Zapata y Luis Cordero- que descartaban riesgos de inconstitucionalidad en la reforma. El ministro salió del departamento de Walker sin poder convencer a los parlamentarios de sumarse al proyecto original del Ejecutivo.
Después se enteraría de que la bancada democratacristiana -desde Walker a Pizarro- había acordado actuar como bloque frente a la tramitación, por lo que tampoco había espacio para captar votos sueltos.
Entonces, Arenas abordó el tema con la Presidenta Bachelet y la necesidad de echar a andar una nueva estrategia, concebida para lo que en La Moneda se ha denominado -después de la fase de los cien primeros días- el "segundo tiempo" de las reformas. Así, la Mandataria, quien desde hace días monitoreaba junto a su entorno más cercano las dificultades en el horizonte de sus iniciativas emblemáticas, instruyó acelerar las tratativas con la Alianza en búsqueda de un acuerdo amplio.
Se activaba entonces el primer repliegue táctico de su gobierno.
BAJA DE VELOCIDAD
El cierre de filas en la DC coincidió con una evaluación que desde hace semanas comenzó a dar vueltas en Palacio.
En el círculo más cercano a la Presidenta ya estaba consolidado un diagnóstico sobre los primeros meses de instalación: terminados los 100 días de gobierno existía la convicción de que se habían instalado las bases conceptuales de las reformas más emblemáticas del segundo mandato de Bachelet -tributaria, educacional y constitucional- y se hacía necesario entrar a una nueva fase para ampliar la legitimidad y concretar los ajustes.
La nueva estrategia se caracterizaba por una postura más dialogante, que dejaba atrás los ímpetus que caracterizaron los primeros meses del gobierno y que, si bien habían servido para instalar en el debate público las bases de las reformas, también habían terminado crispando el clima político, permitiendo el avance de las posturas más duras contra las reformas, lideradas por la UDI. Una situación que en pocos meses conseguía ya desgastar a los ministros Alberto Arenas y Nicolás Eyzaguirre, encargados de liderar las iniciativas.
Los ministros, sin embargo, descartan que haya un cambio en la planificación trazada originalmente, y han optado por explicar las señales que han emanado desde La Moneda a partir de entonces como una respuesta natural a la nueva etapa del gobierno. "Hay que sumar a la mayor cantidad de sectores posible, porque son reformas profundas y queremos que sean reformas del país y para el país", explicó a Reportajes la ministra Segpres, Ximena Rincón (DC).
Aunque el acuerdo tributario suscrito con la Alianza el martes 8 terminó transformándose en el punto álgido de la nueva fase, lo cierto es que La Moneda desde hace unas semanas venía bajando la velocidad y mostrando apertura en áreas sensibles.
Y una de las más evidentes habían sido los anuncios de espacios de flexibilización frente a algunos puntos de la reforma educacional y el ingreso de dirigentes de los partidos políticos, particularmente de la DC, a cargos claves dentro del Ministerio de Educación.
Pese al rechazo de Eyzaguirre respecto de las versiones sobre la pérdida del control de sus asesores originales en la cartera, lo concreto es que al recambio de personeros que culminó en el nombramiento del DC Andrés Palma como secretario ejecutivo de la reforma se sumó el reservado trabajo por reformular aspectos clave de la iniciativa, como la compra de los colegios y las fechas de término del copago.
A ello se suma que en el propio ministerio se reconoce que se le pidió a Eyzaguirre bajar el tono del debate y el acelerador de la iniciativa al menos dos semanas, a la espera de un mejor clima de discusión.
Junto a ello, se ralentizó el debate por la reforma constitucional a la espera de que se neutralicen los enfrentamientos por la convocatoria a una asamblea constituyente que no reúne el consenso en el oficialismo.
La propia Bachelet sostuvo hace unas semanas que se postergaría para el 2015 el anuncio de la nueva propuesta constitucional.
PROBLEMAS MULTIPLES
Aunque en La Moneda se sostiene que la disposición al diálogo siempre estuvo abierta y que la dura postura inicial sólo pretendía establecer límites para una eventual negociación, existe consenso de que a cuatro meses del inicio del gobierno las dificultades se hicieron evidentes. Y los frentes fueron varios.
El más importante, aseguran en La Moneda, fue la derrota comunicacional de las iniciativas que lideran Arenas y Eyzaguirre.
Desde hace al menos tres semanas, en el seno del gobierno se habla de encuestas con números preocupantes: en el caso de la tributaria, ya existía un porcentaje importante de la población convencido de que la clase media sería perjudicada por la iniciativa y, en el caso de la educacional, el anuncio del término de la educación particular subvencionada generaba una ola de indignación entre padres y apoderados. Así, el 5 de julio -aunque de baja convocatoria- se registró la primera marcha en contra del proyecto.
La pérdida comunicacional había puesto en jaque el acelerado ritmo con que Bachelet debutó en La Moneda.
Un jefe de partido que prefirió mantenerse en el anonimato afirma que fue este factor el decisivo para instalar una segunda etapa en el gobierno.
Otros, en tanto, apuntan más bien al creciente desorden oficialista en torno a las reformas. "Las mayorías parlamentarias hay que ocuparlas, si no lo haces es porque no las tienes", fue un comentario ampliamente reproducido en el Congreso al día siguiente de la suscripción del acuerdo tributario.
Y si fue la DC la primera en marcar sus matices, con el tiempo ex ministros de la Concertación y parlamentarios de todos los sectores de la Nueva Mayoría empezaron a evidenciar sus resquemores con los proyectos que copaban la agenda.
Altas fuentes oficialistas agregan que en la inclinación de la Mandataria por la búsqueda de un acuerdo amplio con la oposición en reemplazo de uno que sólo lograra alinear a las filas oficialistas obedece también a que Bachelet no está disponible para entregar a un grupo determinado -la DC- la llave de las reformas.
Como telón de fondo, está la desaceleración económica. Quienes han conversado en el último tiempo con Bachelet aseguran que desde hace un tiempo en la cabeza de la Mandataria existe preocupación por el declive de la actividad económica. Estas fuentes señalaron que -al menos en lo que compete a la reforma tributaria- Bachelet se terminó convenciendo de que un acuerdo amplio que incluyera a la Alianza generaría un cambio en el clima político general.
FANTASMA OFICIALISTA
El comité político del lunes 7 estuvo casi íntegramente dedicado a debatir el acuerdo tributario con la oposición liderado por Arenas.
Fue allí donde, por primera vez, se exteriorizó el temor de algunos timoneles de la Nueva Mayoría por la reedición de la llamada "política de los acuerdos" que caracterizó a los gobiernos de la Concertación.
Los representantes de La Moneda desecharon la inquietud.
Altas fuentes de gobierno señalaron que en las conversaciones se ha defendido la idea de que, dada la envergadura de la reforma tributaria y el complejo escenario económico que se avecina, era más responsable incorporar a todos los sectores.
"Siempre que no se pierda el sentido del fondo de las reformas, no hay ningún problema en dialogar", afirmó una alta fuente de Palacio.
Otro inquilino de Palacio explica que -desde un inicio- estaba previsto que se diera un golpe de efecto en la Cámara de Diputados -usando la mayoría parlamentaria- para después abrir diálogos en el Senado, con una oposición que ya estaba advertida de la decisión del gobierno de avanzar en sus iniciativas.
El problema se generó al día siguiente, cuando se firmó el protocolo de acuerdo entre Arenas y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, que lidera Ricardo Lagos Weber (PPD).
A la cita del martes en la noche de sumaron los presidentes de RN, Cristián Monckeberg, y el de la UDI, Ernesto Silva, quien adelantó su regreso desde España para terminar sumándose a la fotografía que refrendó el pacto. Desde ese mismo momento, en La Moneda debieron comenzar a dar explicaciones a representantes del oficialismo.
En el ala más de izquierda de la Nueva Mayoría -que integran la IC, el MAS y el PC- acusaron que no se les informó de los pormenores del documento y que no se sentían obligados a suscribir el acuerdo.
Entre quienes manejaron los términos del pacto -Lagos Weber y sus pares Andrés Zaldívar y Carlos Montes- se multiplicaron los llamados a poner el foco en lo central: según ellos, el "corazón" de la reforma no había sido tocado.
El menos entusiasta de los participantes fue Montes, quien fue el último de los integrantes de la comisión ad hoc en dar luz verde a las tratativas. El senador PS sólo comprometió su firma cuando se le aseguró que la nueva fórmula acordada para reemplazar al FUT no permitía los mismos vicios que se criticaban al mecanismo.
Pocas horas después de que Arenas sellara el acuerdo con la Alianza comenzaron a multiplicarse los mensajes para Eyzaguirre. "No hay margen para que el mismo diseño de la tributaria se utilice para la reforma educacional", debió escuchar varias veces, de parte de los sectores más de izquierda, el titular de Educación.
Entre quienes transmitieron la advertencia estuvieron el presidente del PPD, Jaime Quintana; la diputada PC Camila Vallejo y el diputado radical Alberto Robles.
"El tributario es un tema menos ideológico que el tema educacional, por tanto, lo que ocurrió en tributaria no tiene por qué replicarse en el área educacional, lo que sí hace es fortalecer un debate con menos ripio, menos árido y que hay un gobierno que está dispuesto a escuchar, que demuestra apertura", comentó a Reportajes Quintana.
No son pocos los que afirman -en privado- que será el debate en educación y los cambios que La Moneda vise para la reforma que lidera Eyzaguirre los que terminarán por demostrar cuán profundo es el cambio estratégico definido por Bachelet.
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