El descontento tras las protestas en Isla de Pascua

" O parábamos los vuelos de LAN o cerrábamos los parques. Decidimos cerrar los parques". Así explica Ricardo Hito la movilización impulsada por el Parlamento Rapa Nui y que la mañana del 26 de marzo pasado significó el bloqueo de cinco sitios arqueológicos de la isla y el reemplazo de la Conaf en la administración del Parque Nacional. Una medida radical, dirigida estratégicamente al corazón de la principal actividad económica de la isla: el turismo.

El descontento de los isleños es con el Ejecutivo y el nulo avance en un proyecto de ley sobre control migratorio, que establezca parámetros claros sobre residencia, permanencia y circulación de personas en la isla. Una propuesta inicial, negociada entre las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y representantes rapanui, fue desechada tras el cambio de gobierno y a un año de asumir Bachelet "poco y nada se ha avanzado", reclaman los dirigentes desde la isla.

"Como hubo un cambio de gobierno quieren que empecemos de nuevo y paremos los trabajos de hace dos o tres años. Nos pasaron a llevar. Eso nos tiene cansados", añade Hito, miembro del activo y militante Parlamento Rapa Nui, agrupación que ha liderado -ya por dos semanas- las protestas, y concitado un apoyo transversal de la población local, tras flexibilizar con el paso de los días su dura posición inicial y permitir las actividades turísticas "bajo control rapanui".

Hoy, los miembros del Parlamento no solo resguardan los bloqueos, también controlan la entrada de visitantes y regulan las actividades laborales en los sitios arqueológicos, actuando como un gobierno paralelo en coordinación con los representantes rapanui de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) principal instancia representativa del Pueblo Rapa Nui y quienes han encabezado las infructuosas negociaciones con el Ministerio del Interior.

Partir desde cero

Anakena Manutomatoma es consejera electa en la Codeipa. Junto a otros cuatro dirigentes le corresponde velar por los derechos de su pueblo en una instancia que además conforman el Presidente del Consejo de Ancianos, el alcalde, Gobernador Provincial, y delegados de Conadi, Ministerio de Bienes Nacionales, Desarrollo Social, Corfo, Conaf y Armada de Chile. Su diagnóstico de la situación actual es lapidario.

"¿Por qué debemos flagelarnos para que las autoridades vuelquen su mirada sobre nosotros?", señala a La Tercera desde la Isla. "Hemos debido una vez más movilizarnos, afectando algo que es muy nuestro como es la actividad turística. Parece que es el único camino con el gobierno", agrega Manutomatoma, quien dice respaldar las acciones impulsadas por el Parlamento Rapa Nui. "Hay cansancio y mucha molestia en nuestra gente por el desinterés del Ejecutivo", subraya.

Electa en junio de 2011, le correspondió ser parte activa del diálogo y las negociaciones de los temas de la isla con el gobierno pasado. "Con ellos también todo partió gracias a las protestas", recuerda. La dirigenta hace mención a la emblemática ocupación del hotel Hanga Roa, en agosto de 2010, protagonizada por los miembros del clan Hito y que gatillaron violentos desalojos policiales. "Fue un despertar. Esas imágenes de represión y gente baleada solo se veían en el continente, con los mapuches, y nos hizo dar cuenta de muchas cosas", indica.

Anakena agrega que "con el anterior gobierno se firmó un compromiso de trabajo y se crearon cuatro mesas en temas relacionados con reclamaciones de tierras, el Estatuto Especial, la Ley Migratoria y un Plan de Desarrollo. En el punto de la Ley Migratoria avanzamos muchísimo y se llegó a modificar la Constitución para permitir la regulación del derecho a residir, circular y permanecer en la isla".

En efecto, en 2012, por votación unánime del Senado y solo seis votos en contra en la Cámara de Diputados, fue aprobado en el Congreso el proyecto de Ley N°20.573, que otorgó a Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández dicha facultad excepcional.

"Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7° del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado", dice el inciso segundo, incorporado al texto del artículo 126 bis de la Constitución Política.

Al respecto, la consejera señala que este "parecía ser el único obstáculo. Pero vino el cambio de gobierno y nos vimos partiendo casi desde cero".

En el actual gobierno, el tema rapanui ha tenido al menos cuatro encargados, "todos de muy bajo rango y escaso poder de negociación", señala Anakena. "Nos han cambiado varias veces el interlocutor. Nos pidieron en 2014 una propuesta de ley de migración y la entregamos al poco tiempo. Aún esperamos la respuesta. Es por ello el descontento", agrega a La Tercera.

Consultado el Ministerio del Interior, se señaló que actualmente el tema recae en la Jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, Natalia Piergentile. Hasta el cierre de esta edición, Piergentile se encontraba en la isla negociando con los líderes rapanui una salida al conflicto.

Una isla y cultura en peligro

"La Ley de Control Migratorio es una necesidad urgente", señala Cristián Moreno Pakarati, isleño e historiador de la Pontificia Universidad Católica. "La isla ha sufrido un crecimiento explosivo a causa de la inmigración descontrolada, principalmente de personas del continente. Las estimaciones de la población total varían entre siete y nueve mil habitantes, sin considerar a la población flotante de turistas", agrega.

Las razones de la llegada de inmigrantes son diversas, señala, "aunque se debe principalmente al aumento del turismo y, por consiguiente, de la infraestructura hotelera". Esto, que podría ser una buena noticia, no sería tal. "El desprecio de algunos empresarios por la mano de obra local ha generado la contrata masiva de personal recién llegado, sin arraigo y poco calificado desde el continente", denuncia el académico. Esto, asegura, ha afectado la calidad de vida y el otrora apacible ritmo de vida local. "Ello se ha esfumando con el ingreso de drogas duras, la llegada de delincuentes con amplio prontuario, el aumento en los robos, riñas y otros hechos de violencia".

Sobrepoblación, desabastecimiento, contaminación ambiental, problemas en los servicios básicos, en la conectividad y abandono de patrones culturales propios, son algunos de los problemas que resume el académico rapanui. "La realidad de las islas es completamente diferente y de ahí que Brasil lo entendiera con Fernando de Noronha en los años 80', Ecuador con las Galápagos en 1998 y Colombia con San Andrés en 1991, todas islas que tienen leyes especiales de migración", subraya Moreno. "Pero Chile todavía no parece entenderlo, no ha oído los avisos de alarma", agrega.

La Ley de Control Migratorio - subraya- era ya considerada una necesidad urgente por el Parlamento Rapa Nui en el documento elaborado para la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del gobierno de Ricardo Lagos, el año 2002.

"Lamentablemente, la República sólo ha tenido a lo largo de su historia una actitud reactiva frente al tema", advierte el académico, agregando que  "de no ser por la Rebelión de Angata hace 101 años, el Estado nunca hubiese establecido una presencia real que pudiera mediar entre los isleños y una empresa colonial ovejera que los explotaba. De no ser por la revolución pacífica de 1964, liderada por Alfonso Rapu, la Isla continuaría bajo las normas y reglamentos de la Armada. De no ser por las intervenciones del Consejo de Ancianos en los años '80 e inicios de los '90, el Gobierno no hubiese modificado para el caso rapanui la Ley Indígena. De no ser por las tomas del aeropuerto de Mataveri, el Gobierno quizás nunca hubiese tramitado la reforma constitucional de Territorio Especial para la Isla. Y así hasta hoy", enumera.

Pese a todo, Moreno insiste en el diálogo político como camino. "En Rapa Nui existe la conciencia de que es necesario trabajar con el Gobierno para avanzar. Pero es necesario reestablecer las confianzas: No basta con nuevas patrañas, promesas vacías en las que transcurren años y nada ocurre", señala tajante. "Queremos hacernos cargo de nuestro propio destino, asociados y vinculados con Chile, pero no dependientes de Chile, de sus cambios de gobierno y del ánimo de sus políticos", concluye el historiador.