El ministro de Justicia que regresa tras 11 años: los nuevos desafíos de José Antonio Gómez

Reparar las relaciones que quedaron dañadas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo,  por críticas de ambos lados, será parte de las tareas que deberá enfrentar durante su periodo como Ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

Ayer, de forma oficial, Gómez se instaló en su oficina del tercer piso del edificio ubicado en Morandé 107, tras saludar a los funcionarios de la entidad, que en su mayoría eran caras conocidas para el Secretario de Estado que volvió al ministerio después de 11 años.

Prometió a los trabajadores que volverán las celebraciones, los partidos de fútbol y los saludos de pasillo, y emulando la imitación de "el Kramer', dijo a los funcionarios "vamos a trabajar con convicción".

En entrevista con La Tercera, José Antonio Gómez, trató los principales temas de su cartera, y aseguró que la labor será compleja, pues, "hoy día tenemos una sociedad demandante".

"Vamos a realizar una transformación que permita flujos y respuesta más rápidos, ser mas eficientes en las cosas relevantes para la ciudadanía", dijo, Gómez.

Durante el 2000, como Ministro de Justicia, Gómez fue el encargado de implementar la Reforma Procesal Penal, medida que en los últimos meses ha recibido fuertes críticas desde los diversos sectores.

A más de 13 años de su implementación, ¿cómo ve la Reforma Procesal Penal hoy?

La reforma tiene una larga trayectoria y el gobierno pasado ingresó una reforma a la reforma, y algunas cosas pueden ser positivas y otras negativas pero yo no me cierro al análisis de ciertas cosas que son necesarias modificar para que sea lo plenamente exitoso que debe ser un cambio tan estructural como ese.

Hay dos líneas. Desde el punto de vista del cambio estructural, es una muy buena reforma es mucho mas transparente y los medios tienen más acceso a lo que antes era casi secreto.

Desde el punto de vista público, está el sistema supuestamente garantista, ese es un análisis que reduce lo que es la reforma, si hay un problema en alguna situación habrá que corregirlo.

Pero sin duda hay cosas que hay que modificar, tecnológicamente el trabajo entre  la fiscalía, los tribunales, carabineros.

En mi opinión, la reforma logró sus objetivos.

El ex presidente del CDE, Sergio Urrejola, dijo que el sistema procesal no funcionará mientras no exista "un control efectivo de las actuaciones y omisiones de los fiscales"…

No es exacto decir que los fiscales pueden hacer lo que quieran. Efectivamente, hay un problema –y se lo dije al fiscal Nacional Sabas Chahuán-, que es la mirada pública de la fiscalía, la lentitud muchas veces, y casos que como no hay pruebas se archivan.

Mi trabajo va a ser colaborar con ellos para que esos problemas se solucionen, pero yo no creo que se manden solos ni que sea un organismo que no tenga control, pero de todas maneras, después de tantos años, requiere de una mirada interna.

Hubo también críticas del recién asumido Intendente de La Araucanía a la labor de los fiscales, y los calificó de "opinólogos".

Todo lo que signifique una crítica de funcionamiento que vaya a mejorar el sistema, me parece que es razonable, pero cuando yo le quiero echar la culpa al otro, de temas que a veces son responsabilidad mía, vamos a generar el hecho político de la disputa, pero no vamos a resolver lo que la gente espera, que es un sistema más eficiente.

La Araucanía es una situación en la cual los tribunales recibieron pruebas y fallaron. Hay todavía un recurso que se ejerció, mientras eso esté pendiente yo me voy a abstener de hablar sobre ese punto en particular.

¿Qué le pareció el ambiente tenso que se generó entre el pasado Gobierno y el Poder Judicial, por los cuestionamientos a los jueces en el caso Luchsinger?

Yo no comparto las críticas que hicieron el Presidente Piñera y sus ministros, en el sentido de que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es de los jueces, porque no es así. Los jueces fallan de acuerdo a los medios que se ponen a su disposición. Pueden estar de acuerdo o no, pero para eso hay mecanismos que permiten revertir esa situación.

Lo que se hace al criticar políticamente, es querer salvar mi responsabilidad. El ejecutivo es responsable de la seguridad ciudadana, el responsable de que las instituciones funcionen es el ejecutivo, no el Poder Judicial, por eso no comparto la forma ni las críticas que se hicieron.

En cuanto a la Ley Antiterrorista, ¿comparte su aplicación, requiere modificaciones?

He participado de algunas modificaciones que se hicieron a la ley antiterrorista. Es una ley para casos particulares y especiales donde se cumple requisitos que la propia ley establece, no es una ley que pueda ser utilizada simplemente porque se toma la decisión política.

Hay temas de la ley que deben ser reformulados, además hay que hacernos cargo de algunas recomendaciones internacionales, porque son órganos oficiales.

Lo que yo tengo claro es que la Presidenta ha señalado que no se va a aplicar la Ley Antiterrorista y ese es el camino que ella ha designado.

LOS DESAFÍOS DE SU RETORNO

¿Cuáles son los principales desafíos a corto plazo en la cartera de Justicia?

Tenemos el tema del Servicio Nacional de Menores encima, Gendarmería, las medidas alternativas son un problema, y las dificultades que tiene hoy día el Registro Civil.

Ninguno es más importante que el otro. El Registro Civil está en una situación compleja y necesitamos resolver eso lo antes posible.

El Sename es uno de los temas que la Presidenta encomendó poner prioridad, es un servicio que tiene múltiples funciones, y hay una diferencia entre un niño infractor y un niño vulnerado en sus derechos. Hay una serie de análisis q debemos hacer para mejorar esa situación.

En cuanto a leyes, ¿cuál es la prioridad?

Hay proyectos de ley que fueron presentadas como el Código Procesal Penal, reformas a la reforma, leyes que estamos revisando hoy día para ver cuál de ellas vamos a continuar, cuáles haremos más despacio, cuáles retirar, y cuáles presentaremos nosotros, que están dentro de las prioridades que la Presidenta estableció para los 100 días.

¿Y está contemplada en este Gobierno la Asamblea Constituyente, como fórmula para cambiar la Constitución?

Yo he sido siempre partidario de la Asamblea Constituyente. La Presidenta ha señalado que va a haber una nueva con Constitución, y que ésta va a ser participativa, democrática y que se va a producir los cambios que la Constitución y el país espera, bajo esa lógica, el mecanismo no está definido.

Gómez explicó que para aprobar la medida, son necesarios 25 votos en el Senado, y sumando los votos independientes alcanzarían sólo 23, por eso hizo un llamado al parlamento a entender que el país necesita una nueva Constitución.