El plan de austeridad que activó La Moneda

Casi un mes antes de irse del gabinete, el entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas envió a todos los ministerios, subsecretarías y reparticiones públicas la circular N° 16  sobre medias de austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El documento, de apenas cinco páginas, establecía algunas instrucciones generales respecto de gastos de publicidad, difusión, gastos de representación, uso de vehículos fiscales, compra de pasajes aéreos y de las obligaciones que adquirían los funcionarios de gobierno frente a la ley de lobby. Sobre los abultados honorarios que perciben algunos asesores de gobierno, la circular era escueta. Sólo advertía que se autorizarían incrementos de las glosas presupuestarias para lo que resta del año si éstos se aprobaban por una ley.

Aun así, desde el 14 de abril, cuando se envió la circular a 280 reparticiones de gobierno, poco se había hecho.

No sería sino hasta la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior, en medio de la fuerte crisis de confianza en la política a raíz de los escándalos por financiamiento ilegal de campañas, y de un escenario económico cada vez más complejo, que la idea de un plan de austeridad gubernamental comenzó a tomar cuerpo.

A sus 58 años, era la tercera vez en su carrera política que el abogado DC llegaba a La Moneda a ocupar un cargo en la cartera de Interior (durante el gobierno de Aylwin fue jefe de gabinete del ministro Enrique Krauss, mientras que en el gobierno de Lagos ejerció como subsecretario del Interior). Por lo mismo, según comentó varias veces por esos días a sus cercanos, le llamó la atención el alto número de funcionarios que había en Palacio y, en especial, las favorables condiciones económicas que tenían muchos asesores a honorarios contratados por su antecesor, los que ganaban sueldos superiores incluso a los de jefes de división o autoridades sujetas a control de responsabilidades por parte de Contraloría.

Según el portal de Gobierno Transparente, sólo la Subsecretaría de Interior tenía a comienzos de mayo 146 funcionarios con contrato a honorarios. De éstos, 34 ganaban sueldos superiores a tres millones de pesos. Algunos, como Robinson Pérez, ex jefe de asesores del ex ministro Rodrigo Peñailillo, llegaron a ganar $ 6.360.000 brutos al mes, y otros, como los G-90 Flavio Candia y Héctor Cucumides, también parte del equipo más cercano al ex ministro, superaban los $ 5.300.000 brutos mensuales.

Las instrucciones del nuevo jefe de gabinete fueron claras: bajar los gastos por salarios y restringir el uso indiscriminado de recursos fiscales.

Tras la llegada de Burgos a La Moneda, sólo en Interior ya son 20 los funcionarios a honorarios que salieron de la cartera por “renuncia voluntaria”, lo que ha permitido un ahorro de cerca de 40 millones de pesos mensuales. La cifra se suma a la orden de bajar los honorarios, lo que afectará directamente al grupo de asesores. Según los cálculos de Interior, por este ítem esperan ahorrar durante el segundo semestre unos 300 millones de pesos. “Se espera que sea absolutamente excepcional el que un asesor gane más de cinco millones de pesos”, afirman en La Moneda, personeros vinculados al plan de austeridad.

Con los cálculos ya en mano, la instrucción del nuevo jefe del comité político fue hacer extensivo el plan de ahorro a todas las reparticiones del gobierno. La orden que emanó hace algunos días de La Moneda apunta a que cada ministerio y subsecretaría fije en el plazo más breve posible montos y metas específicas de ahorro presupuestario por este tipo de recortes.

El encargado de bajar las directrices de dicha definición a todas las reparticiones fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. La autoridad PS encabezó el pasado jueves una reunión de coordinación con todos los subsecretarios de gobierno en La Moneda.

En la oportunidad, además de abordar los distintos temas de coordinación entre las carteras, Aleuy expuso los detalles y avances del plan de austeridad que ya se ha implementado en Interior, exigiendo al resto de los ministerios replicar la fórmula para lograr un ahorro presupuestario significativo como gobierno.

Según quienes tuvieron acceso a lo discutido en dicho encuentro, Interior dio un plazo de dos semanas para que cada ministerio presente los cuadros detallados con las disminuciones presupuestarias que comprometerá en materia de gastos administrativos (honorarios, viáticos) y las medidas de probidad que resuelvan implementar para resguardar el uso de bienes fiscales, como automóviles, celulares, etc.

Primeras notificaciones  

En el caso de los ajustes que ya se comenzaron a implementar en el Ministerio del Interior, y cuyos detalles quedaron plasmados en una minuta que hace algunos días se envió -como una forma de instar a otras reparticiones- a distintas autoridades, el personal que tiene contrato y que está dentro de los tramos más altos de salarios también verá reducidos sus ingresos. Esto, porque el plan de austeridad impulsado por Burgos contempla reducir de un 10% a un 35% los montos que perciben por concepto de función crítica. Hasta ahora, son 14 personas: jefes de gabinetes del ministro y del subsecretario, jefes de asesores y jefes de división los que ya fueron notificados de que sufrirán este ajuste.

Las medidas en Interior contemplan incluso la devolución de computadores de última generación que se habían entregado hace poco a algunos funcionarios de La Moneda y que fueron calificados de “excesivos” para las necesidades del servicio. Restricción de uso de celulares, de viáticos y mayor control en los viajes por comisiones de servicio.

Entre las medidas de probidad y buen uso de los recursos fiscales, se restringió el uso de automóviles fiscales con chofer sólo al ministro, subsecretario y jefes de servicio, ya que antes del cambio de gabinete el beneficio incluía a jefes de gabinete y otros asesores, como el jefe de prensa. Aunque este tema estaba normado desde abril de 2003 por una circular de Hacienda e Interior, con el tiempo estas disposiciones quedaron en el olvido hasta el extremo de que, aun en la actualidad, son numerosos los asesores en distintos ministerios los que disponen de automóviles fiscales para sus desplazamientos.

De acuerdo al plan de austeridad que Interior espera que se replique en el resto de las reparticiones del gobierno, todos estos vehículos pasarán a formar parte de un pool para uso colectivo, lo que permitirá reducir gastos en taxis autorizados para el personal del gobierno.

“Se tomó la decisión de dar una señal potente de austeridad y probidad, porque había una necesidad imperiosa de hacer un ajuste a la baja, pues así lo requieren las expectativas económicas”, comenta una fuente de La Moneda.

Desde que se hizo cargo de Hacienda, el ministro Rodrigo Valdés viene advirtiendo tanto al oficialismo como en sus reuniones con el sector privado que las cuentas fiscales serán este año mucho más ajustadas que lo que se había previsto a fines del año pasado. “Hay que acomodarse a la nueva realidad, porque el diagnóstico es más pesimista respecto de seis meses atrás”, les dijo hace algunas semanas el jefe de las finanzas a los demás miembros del comité político.

El ajuste de cinturón también pretende dar una señal política frente a la crisis de desconfianza de los chilenos con la clase política, aseguran en el Ministerio del Interior. Así, con la reducción de los salarios se pretende retomar la ética del servicio público y de que los funcionarios no están en el gobierno para ganar dinero.

A la espera de que se cumpla el plazo impuesto por La Moneda para que el plan de ahorro alcance a todos los ministerios, ya se han dado algunas señales en otras reparticiones. Hace algunos días, el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, le solicitó a la directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Alejandra Wood, que redujera su sueldo mensual líquido de $ 7.184.000, para ajustarlo a los $6.100.000 brutos al mes que ganan los demás directores de centros culturales que reciben aportes del Estado. Según publicó revista Qué Pasa, aunque ella no quiso aceptar de inmediato, dejó la decisión en manos del directorio del GAM, el que finalmente terminó por aprobar la fuerte rebaja de sueldo.