El reformazo

"Me van a permitir que salude especialmente a los miembros de la Cámara de Diputados, que de manera muy eficiente tramitaron el proyecto de ley de reforma tributaria".

El 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet, en su cuenta pública ante el Congreso, se dio espacio para felicitar a los diputados que una semana antes habían aprobado, tras 44 días de una apresurada discusión, una de las reformas estructurales de su gobierno.

Las optimistas palabras de la Mandataria contrastaban con el estado de ánimo que primaba en los partidos de la Alianza y algunos de la Nueva Mayoría, y en los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, que por esos días se alistaban a iniciar su parte del trabajo en la tramitación de la iniciativa.

El escaso debate en la Cámara, el nulo espacio para introducir modificaciones, el naciente rechazo de la opinión pública a las enmiendas emblema del gobierno y las señales de desaceleración de la economía ponían un más que justificado elemento de preocupación.

Fue en ese contexto que menos de una semana después, el martes 27, el ministro Alberto Arenas recibió en su despacho a los representantes de los principales gremios empresariales, entre ellos el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, y de la Sofofa, Herman von Mühlenbrock, quienes le hicieron notar su inquietud por el futuro de la reforma y en especial por sus efectos. Los integrantes de la cúpula empresarial habían entendido bien el mensaje enviado por la Cámara con su particular velocidad legislativa, por lo que sabían que ahora era el momento y espacio para actuar.

A partir de esa reunión, estiman en Hacienda, se comenzó a pavimentar el camino para el protocolo firmado la noche del martes en el Senado.

Uno de los incipientes pasos en esa dirección se dio el jueves 5 de junio. Ese día se realizó la primera de al menos cinco reuniones entre el ministro Arenas, junto a uno de sus asesores, Julio Valladares, y los senadores de Renovación Nacional Andrés Allamand y José García, en el Hotel Kennedy de Vitacura. El tema fue uno solo: comenzar a trabajar en un acuerdo que permitiera transformar el texto que habían aprobado los diputados.

Para esto se decidió dividir el trabajo. Lo político quedaría en mano de ellos cuatro, lo legislativo a cargo del senador Alberto Espina, asesorado por Miguel Zamora, coordinador de políticas tributarias y hacienda en el gobierno de Sebastián Piñera; Enrique Navarro, ex integrante del Tribunal Constitucional, y Alberto Naudón, y lo técnico por el ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine y su hermano economista Bernardo Fontaine.

Además, se tomaron dos definiciones clave: todo el trabajo debía ser bajo reserva y el acuerdo debía concretarse en la Comisión de Hacienda y no de forma bilateral entre el gobierno y RN. Es decir, debían sumarse a las conversaciones los senadores PPD Ricardo Lagos Weber, presidente de la instancia, el PS Carlos Montes y el UDI Juan Antonio Coloma.

El lunes 9 de junio llegó la primera señal pública de entendimiento, cuando los senadores de RN visitaron a Arenas en el ministerio. A la salida de la reunión los parlamentarios exteriorizaron sus aprensiones ante varios puntos de la reforma, pero esbozaron su confianza en que habría espacio para mejoras.

En un tono similar se mostraba ya Lagos Weber, quien se encargó de diseñar un cronograma de audiencias y exposiciones mucho más flexible y extenso que el de los diputados.

Al final, fueron 91 los expositores que asistieron a la comisión, haciendo notar, en su gran mayoría, las debilidades del proyecto. Por ejemplo, el 91% de los que hablaron de renta atribuida plantearon que tenía inconvenientes constitucionales.

Al menos tres miembros de la Comisión de Hacienda del Senado y dos presidentes de partidos de la Nueva Mayoría fueron contactados telefónicamente por el ex Presidente Ricardo Lagos. En las conversaciones, el mensaje fue uno solo: la preocupación del ex mandatario por la creación de la renta atribuida.

El ex gobernante también creía que dicha innovación carecía de constitucionalidad y que podría hacer naufragar el texto completo. Por lo mismo, se encargó de transmitir la necesidad de que eso fuera modificado y de buscar un acuerdo con la oposición.

La intervención del ex presidente no se restringió a los parlamentarios, sino que también intercambió puntos de vista con el ex ministro Fontaine, a quien le hizo notar su preocupación por el clima político que se estaba generando a propósito de la tramitación de las distintas reformas.

Además, el ex mandatario tuvo un desconocido encuentro con el comité tributario de la Sofofa, liderado por el economista Félix Bacigalupo. Este grupo instaurado por el gremio industrial también tuvo reuniones con representantes de Hacienda y con todos los miembros de la comisión de Hacienda del Senado.

En paralelo, una de las mayores preocupaciones del ministro Arenas era el papel que jugaría la DC en la construcción de un posible acuerdo. El secretario de Estado temía que el partido liderado por Ignacio Walker y que tenía como principal negociador al senador Andrés Zaldívar cerrara un pacto con RN, obligando al gobierno a hacerse parte sin compartir, tal vez, todos las enmiendas que incluyera el hipotético consenso.

Los temores de Arenas no eran infundados. Entre junio y los primeros días de julio, al menos tres reuniones se realizaron entre legisladores de la DC y de RN en la casa de Zaldívar.

Atento a esto, el ministro aceptó tener su propio encuentro con los siete senadores DC. Fue así que los parlamentarios falangistas, que como pocas veces actuaron de manera unida, cenaron con el secretario de Estado en dos ocasiones en el departamento de Ignacio Walker, en Vitacura. La notificación DC era conocida por Arenas: el partido no daría sus votos para la renta atribuida y también tenían sus dudas con la presunta.

Hace más de un mes, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, acordó con el senador Coloma mantener una línea de negociación con el gobierno en la medida de que surgieran cambios sustanciales a la reforma. Fue en esa conversación que, dicen en la UDI, Coloma le planteó al diputado Silva que se haría asesorar del ex ministro de Economía Pablo Longueira. En el partido advierten, eso sí, que no fue sino hasta el miércoles 2 de julio que Coloma notificó formalmente al presidente UDI de que Longueira no sólo lo estaba ayudando a él, sino que había sostenido algunas conversaciones directamente con Arenas.

El ex presidenciable UDI y el ministro arrastran amistad de años, la que se cimentó cuando este último estaba en la dirección de Presupuestos y Longueira en el Senado.

Pese a que Silva fue informado permanentemente de los pasos de Coloma, la directiva de la UDI resiente que la irrupción de ambos "coroneles" le haya restado fuerza a su proceso de instalación al mando del partido.

Con todo, la mayor coincidencia en la UDI a la hora de resaltar la influencia de la colectividad en la fisonomía final del protocolo se da con las severas advertencias que hicieron al gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, el jueves 3 de julio, el abogado Arturo Fermandois terminó de redactar el requerimiento que el partido pre- sentaría al TC.

Una copia de ese documento está guardada en el escritorio de un senador gremialista.

También el jueves 3, en el Ministerio de Hacienda recibieron otra advertencia de esta posible falencia. Los expertos constitucionalistas de RN les explicaron punto por punto a sus pares del gobierno, entre ellos Alberto Cuevas, Fernando Dazarola, Luis Cordero y Fernando Zúñiga, los vicios en que caía la reforma. De ahí en adelante las modificaciones a la renta presunta y atribuida fueron irreversibles.

Luego, el fin de semana pasado, vinieron las reuniones de Arenas con el ex ministro Fontaine para comenzar a redactar los primeros párrafos del acuerdo. En ese momento, entre los miembros de la Comisión de Hacienda había coincidencia casi total de lo que debía ser enmendado. Unos días antes, el miércoles 2 de julio, Lagos Weber había tenido su propia bilateral de más de 30 minutos con Fontaine en el comité PPD del Senado, donde concordaron varios de los cambios.

En ese escenario quedaba un escollo por saldar: terminar de subir a la UDI al acuerdo, que pese a la irrupción de la dupla Longueira-Coloma encontraba el frontal rechazo de los otros dos "coroneles": Jovino Novoa y Andrés Chadwick. De hecho, el ex ministro de Interior, afirman parlamentarios UDI, se comunicó desde España -donde estuvo de gira con el ex Presidente Piñera- para intentar persuadirlos de no firmar nada. La oposición del piñerismo al acuerdo fue tal que el lunes pasado, en un encuentro de varios de los negociadores de RN en el ex Congreso para revisar uno de los tantos borradores, se comunicaron por teléfono con el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín. A través del altavoz, el ex secretario de Estado de Piñera planteó sus aprensiones ante la fórmula que se estaba configurando. En ese momento fue invitado a plantear la propia, la que, para sorpresa de algunos, fue calificada por uno de los presentes de contener "ciertos vicios de inconstitucionalidad".

De esta manera, el consenso se hizo inminente y llegó la firma del protocolo.

Ahora, de aquí al 5 de agosto ese texto debe traducirse en las indicaciones que se le harán a la reforma.

Ese es otro acuerdo.