Estudio: en 15 de 34 comunas no se justifica creación de nuevas notarías

Aunque han pasado casi cinco meses desde que el ministro de Justicia, Jaime Campos, anunció la creación de 101 nuevas plazas para notarios y conservadores de bienes raíces, el tema sigue generando polémica.

A las críticas iniciales de Chile Vamos por la decisión del Ejecutivo y los posteriores cuestionamientos del Poder Judicial, le siguió el dictamen de la Contraloría que rechazó el nombramiento del que sería el nuevo notario de Pirque, Ricardo Moyano, por no "cumplir los requisitos". Ello, sin contar que la Cámara de Diputados decidió crear una comisión investigadora.

Pero hoy es la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile la que vuelve a arremeter contra la decisión, y lo hace con un estudio que abordó las razones detrás de la creación de estas nuevas notarías en 13 de las 15 regiones del país.

El informe parte señalando que antes de que se dictara el decreto había 419 cargos repartidos entre notarios y conservadores, pero tras el anuncio del ministro Campos estos subirían a 519. Las notarías, en tanto, aumentarían de 255 a 331. Según el documento de la agrupación, esta decisión "no contó con el beneplácito espontáneo de todas las Cortes de Apelaciones del país, ni tampoco es el resultado de estudios que se hayan conocido o de un proceso de revisión y cruce de datos que hayan considerado las variables internas y externas que ello requiere". Asimismo, el texto señala que estos nuevos nombramientos debieron responder a una serie de criterios, como el promedio de habitantes por notaría; la proyección de crecimiento de la población; los servicios públicos presentes en la comuna; su actividad económica, y el requerimiento de actuaciones notariales. Cuestiones que supuestamente no habrían sido tomadas en cuenta por el gobierno antes de realizar el anuncio.

Las conclusiones del estudio apuntan a que un análisis realizado en 2006 por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fijó en 60 mil personas el promedio máximo de usuarios por notaría. Sin embargo, la Asociación de Notarios advierte que 40 mil habitantes es una cifra más realista. O sea, si hay esa cantidad de personas se justificaría la creación del oficio.

En ese escenario, subraya el texto, "25 de las 34 comunas en que se establece una primera notaría (73%) tienen menos de 40 mil habitantes mayores de 18 años", que son quienes pueden realizar trámites.

"De estas 25 comunas, siete se ubican a menos de 10 kilómetros de distancia de la notaría más cercana", añade el informe (ver tabla).

A su vez, el análisis afirma que los municipios en que se crean notarías cuentan con una oficina de Registro Civil y, ante la ausencia de éstas, son esas reparticiones las encargadas de realizar los trámites más frecuentes como declaraciones juradas, cartas poder, autorización de finiquitos, de firmas, además de compra y venta de vehículos. "Por lo menos en 15 de las 34 comunas en que se crean primeras notarías, la combinación del número de habitantes mayores de 18 años, actividad económica y el acceso (medido como distancia previa al decreto a notaría más cercana) no justificarían la creación del oficio", asegura otra de las conclusiones del informe. Otro de los argumentos para desestimar la decisión del Ejecutivo es que "se aprecia un criterio disparejo para la generación de nuevas notarías en comunas donde el servicio ya existía, por lo menos en lo que respecta a población y promedio de habitantes por notaría". Y agrega: "En 21 comunas, estando sus promedios dentro de los estándares, se crean más notarías de las necesarias, lo que altera el promedio".

El presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, afirma que "no hay ningún estudio que justifique esta intervención masiva al sistema y eso es lo que hemos planteado como tremendamente peligroso".

Agrega que "lo que nosotros queremos es que exista una política pública que determine, con un estudio serio y acotado, cuando es necesario crear una notaría".

En tanto, para el diputado Leonardo Soto (PS), quien preside la comisión investigadora, "las críticas que plantean los notarios son totalmente infundadas (...). La tesis central de ellos para oponerse tiene que ver con que consideran que un aumento de notarios haría insostenible económicamente el ejercicio de la función que actualmente ejercen, puesto que la mayor competencia les obligaría a reducir costos", explica.

Sin embargo, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) reitera el hecho de que "ningún estudio ha podido justificar el anuncio del ministerio". Y agrega que "en vez de estar creando notarías para favorecer a más parientes de los que son nombrados, el gobierno debería crear nuevas regulaciones para que cada vez sean menos los trámites que deban realizarse en dicho lugar, además de disminuir sus costos".

Pese al estudio, el diputado Soto duda de las buenas intenciones de los notarios "porque siempre han hecho un lobby feroz, que ha impedido cerca de 30 iniciativas legales que se han presentado en el Congreso para modificar el sistema notarial".