Fallos de la Corte Suprema contra colegios y universidades se triplicaron en 2012

En febrero de 2010, una alumna de Derecho de una universidad privada demandó a su institución por incumplimiento de las condiciones en las que se suscribió el contrato. Después de estudiar dos años, quiso cambiarse al mismo programa, pero en otra institución. No pudo convalidar, pues su anterior casa de estudios no había especificado en los programas los contenidos de los planes académicos, por tratarse de información "confidencial".

El tribunal consideró que es "un derecho básico de todo consumidor el obtener información veraz y oportuna acerca del servicio ofrecido". Y condenó a la universidad a una multa de 5 UTM por infracción a la Ley del Consumidor y a cancelar $ 550 mil a la demandante.

Desde que la Ley de Protección al Consumidor incorporara los contratos educacionales en 2004, los casos por infracciones a esta normativa en planteles se han acumulado en los juzgados de policía local. En 2012 hubo 15 sentencias en juicios de interés general contra universidades e institutos por la mencionada ley, según estadísticas entregadas a La Tercera por el Sernac. Se trata de una cifra 67% más alta que la del 2011, cuando se dictó sentencia en nueve juicios. Hasta abril de 2013 se registraban otras tres sentencias.Además, hay más de 200 casos de particulares referidos a la ley y cinco demandas colectivas.

No es todo. El año pasado, la Corte Suprema acogió 51 recursos de protección presentados contra universidades y colegios, esto es más del triple que en 2011, cuando la Corte acogió 15 recursos, según un informe del Poder Judicial. El desglose es el que sigue: 15 recursos contra universidades en 2012 y 36 contra colegios; versus 7 contra Ues. y 8 contra escuelas, el año anterior. Además, en los últimos cinco años hubo, al menos, ocho requerimientos al Tribunal Constitucional.

Los expertos coinciden que en el sector está comenzando el mismo fenómeno ya consolidado en salud y medioambiente: la judicialización.

"Se habla de judicialización cuando problemas que eran resueltos por órganos administrativos o en forma directa entre proveedores y contratantes, pasan a ser resueltos en la justicia", explica el secretario general de la UDP, José Julio León, quien expuso en un seminario, organizado por el Ceppe-UC y el Foro de Educación Superior Aequalis. Agrega que el fenómeno es esperable tras una ley como la de protección al consumidor. "La legislación no puede resolver todos los casos. Por eso, las acciones de protección al consumidor se establecen con ese propósito: para que a través de los casos, los tribunales establezcan doctrinas específicas", dice.

Los expertos coinciden con que el fenómeno no ha alcanzado los ribetes de Salud. Según la consultora Altura Management, de los casi seis mil recursos de protección que se presentaron en el sistema en 2008, el 75% obedecía a causas en Salud. "No se ha creado una industria de abogados que se dedique a reclutar clientes en educación, porque no es tan lucrativo", dice el académico del Ceppe-UC Andrés Bernasconi. Explica que, en el caso de Salud, casi todas las demandas son iguales: alzas de planes por parte de las isapres. "En educación, casi todos los casos son distintos", opina.

JURISPRUDENCIA

Aún así, hay una tendencia creciente de temas nuevos que llegan a tribunales: cláusulas abusivas que obligan a pagar el año completo cuando se hizo un solo curso, publicidad engañosa; documentos retenidos o negación de exámenes por deuda. La UDP realizó un análisis de un grupo de 20 recursos que llegaron a las cortes en los últimos cinco años. En el 75% de los casos, los fallos fueron a favor de los estudiantes. Así, a juicio de los expertos, se ha generado una jurisprudencia que resuelve los vacíos legales. "Si antes los tribunales aplicaban la reglamentación de las universidades, ahora la limitan. Se ha generado una doctrina para corregir las malas prácticas. Las normas no han cambiado, pero la manera de aplicarlas, sí", explica León.

El ejemplo más claro: los fallos respecto de expulsiones, desalojos y sanciones por tomas de establecimientos, después de las movilizaciones. "Antes, la jurisprudencia tendía a favorecer a los establecimientos; ahora, se inclina a favor de los estudiantes, aplicando libertad de expresión, igualdad ante la ley e incluso, el carácter 'político' del conflicto", explica León.

En otras palabras, las normas del sistema siguen siendo las mismas, pero son los hechos sociales los que producen un cambio en las sentencias, agrega el experto. Un fenómeno que, a juicio de los analistas, se origina en los vacíos legales del sistema. "Las leyes tienen zonas grises. El futuro depende de una institucionalidad más rica y compleja, que se haga cargo de estos vacíos", dice el director del Doctorado en Educación de la UC, Gonzalo Zapata, quien dice que hay más de 30 proyectos en trámite, que buscan regular la educación superior.