Fiscal nacional rechaza creación de equipos jurídicos para representar a víctimas

Sabas Chahuán cuestionó la idea del gobierno que se concentraría en perseguir delitos de mayor connotación social.




"Nos preocupa". Así respondió hoy el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a la idea del gobierno de crear una red nacional de abogados financiados por el Estado para participar como querellantes en representación de las víctimas de los siete delitos de mayor connotación social.

La iniciativa, que está siendo diseñada por el ministerio de Interior, a través de la División de Seguridad Pública, se concentraría en perseguir delitos como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza, hurto, lesiones, homicidio y violación.

De acuerdo al máximo representante del Ministerio Público, las críticas a la medida se sustentan porque entra " en colisión con  la regla vigente, que quieran enviarse abogados que no son fiscales y que no tiene experiencia investigativa al sitio del suceso. Creemos que no es conveniente".

Chahuán agregó que plantearán en el parlamento sus reparos a la iniciativa y pese a que están de acuerdo en que las víctimas tengan derecho a una asesoría jurídica, "lo que sucede es que en algunos casos, como por ejemplo en violencia intrafamiliar, muchas veces la víctima perdona al agresor y evidentemente ahí hay una colisión de la posición jurídica que tiene la fiscalía, porque quiere la condena del agresor y muchas veces la víctima lo perdona y quiere que la fiscalía no siga, no persevere la investigación. Abogados querellantes bienvenidos sean en ciertos delitos que ejerza responsablemente la labor del abogado".

Respecto de la labor de la fiscalía en la atención a víctimas, el fiscal nacional precisó "que no se atienda adecuadamente no es cierto, porque hemos modificado la atención a víctimas en todo Chile. La labor se está haciendo satisfactoriamente. Encuestas externas indican que hay una satisfacción en la atención del 80%".

La medida será anunciada por el Presidente, Sebastián Piñera, en la cuenta pública del próximo 21 de mayo en el Congreso como parte de la nueva política nacional de seguridad pública.

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