Fiscal nacional solicita a la Corte Suprema orden de detención contra dictador sudanés

El fiscal nacional Sabas Chahuán pidió a la Corte Suprema que dicte una orden de detención contra el dictador de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, actual Presidente en ejercicio de dicho país, por su eventual participación en crímenes de lesa humanidad y guerra ocurridos en Darfur. Esto se enmarca en un gesto de cooperación con la Corte Penal Internacional quien pidió al Estado de Chile su colaboración para asegurar la detención, entrega y juzgamiento del imputado en caso de que pise suelo nacional.

La petición formal se concretó el 19 de agosto pasado vía documentación que fue entregada al representante de la Embajada de Chile en Países Bajos, para que nuestras autoridades adopten las medidas necesarias para asegurar la detención y entrega de Bashir, sobre quien pesan dos órdenes de detención internacional.

DARFUR
El conflicto ocurrido en Darfur –ubicada al oeste de la República de Sudán, cercana a la frontera con Chad- se inició el año 2003 cuando grupos rebeldes se alzaron en armas contra el gobierno por la marginación sufrida, dándose origen a enfrentamientos entre grupos rebeldes, fuerzas del gobierno y las milicias progubernamentales. La población de Sudán se encuentra conformada por más de 40 millones de habitantes, de diversos grupos étnicos y religiosos, principalmente de raza negra y árabes. El gobierno de Sudán, y en particular su Presidente Bashir,  fue acusado de brindar apoyo a los integrantes de la milicia. Se calcula que más de 150.000 sudaneses han muerto, y más de dos millones han sido desplazados de sus hogares, viéndose muchos de ellos obligados a buscar refugio en Chad, Uganda, Etiopía, Kanya, la República Centroafricana, y la República Democrática del Congo.

En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, remitió una denuncia por los hechos ocurridos en Darfur al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo Ocampo, después de una lata investigación desarrollada por Naciones Unidas que concluyó que el gobierno sudanés era el responsable de los crímenes cometidos en Darfur. En junio de 2005, y luego de un completo análisis de la información recibida, el Fiscal Moreno Ocampo, decidió abrir una investigación formal en la Corte Penal Internacional, siendo asignado el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares I.