Fiscal Nacional y huelga mapuche: "No pretendamos que la fiscalía arregle un problema de 200 años"

Ante la situación de los comuneros de Angol que se niegan a deponer la huelga de hambre, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, manifestó esta mañana que el Ministerio Público está obligado constitucionalmente a aplicar la ley, y por lo tanto no puede retirar las querellas contra los manifestantes mapuches.

"No pretendamos que la fiscalía arregle un problema de 200 años", manifestó en entrevista con radio Cooperativa.

"Hemos dicho reiteradamente que el llamado problema mapuche es un problema que excede con mucho lo que es una persecución criminal, que excede con mucho lo que es la facultad de la fiscalía. O sea aquí hay un problema que no está dentro de nuestras facultades resolver. Es un problema por así decirlo, de índole social y comunitario que se arrastra hace muchos años. Nosotros como fiscalía estamos haciendo nuestra labor que es obligatoria constitucionalmente. Entonces, acercamiento, yo diría comprensión del problema mapuche, pero también comprensión esperamos por parte de la comunidad, de que la fiscalía está obligada a investigar los hechos que constituyen delito", dijo Chahuán.

"Nosotros somos respetuosos de las facultades de cada poder del Estado", señaló el fiscal nacional, precisando que de las siete causas contra comuneros mapuches, "en una de ellas el Ejecutivo se adhirió a la acusación del Ministerio Público".

"Es bastante difícil que pudiera retirar las querellas porque no es la etapa procesal. Lo que sí puede hacer en una audiencia de preparación del juicio oral, es modificar su criterio. Pero eso es resorte del Ejecutivo y nosotros no tenemos que opinar ahí. Sí podemos opinar, reiterando lo que hemos dicho, de que esto es un problema de alta política, pero nosotros también tenemos que equilibrar los intereses. Hay víctimas de delitos también que han sido afectadas grandemente en sus derechos (...) nosotros tenemos la obligación constitucional de aplicar la ley", aclaró.

En ese sentido, precisó que mientras no haya una modificación a la ley antiterrorista, debe aplicarse el cuerpo legal actual.

"Sería ilegal, inconstitucional y derechamente podría constituir un delito si cerramos los procesos. No podemos cerrar los procesos porque además ya pasó la etapa de acusación", indicó.