Fiscalía formaliza a tres universidades privadas por beneficiarse con más de $ 16 mil millones en créditos estatales
Esta tarde fueron formalizadas las personalidades jurídicas de las universidades SEK, Pedro de Valdivia y Del Mar, por el delito de soborno. El Ministerio Público les imputó el recibir millonarios montos a través del Crédito con Aval del Estado, obtenido gracias a la acreditación conseguida de manera irregular.
Según los antecedentes revelados por el fiscal de la Zona Oriente, Pablo Norambuena, las tres universidades privadas formalizadas hoy por el delito de soborno, obtuvieron millonarios dividendos gracias al Crédito con Aval del Estado, CAE.
Dineros a los que las universidades SEK, Pedro de Valdivia y Del Mar pudieron acceder una vez conseguida la acreditación de las casas de estudio, mediante supuestos sobornos al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz.
El beneficio obtenido de dineros fiscales motivó al Consejo de Defensa del Estado a presentar una querella en la causa encabezada por el fiscal Carlos Gajardo, quien formalizó a las personalidades jurídicas de los establecimientos.
Según se reveló en la audiencia, tras la acreditación conseguida en diciembre de 2010 por parte de la Universidad del Mar por un plazo de dos años, la entidad se benefició con 2.753 millones de pesos provenientes del CAE durante el primer año, mientras que en 2012, el plantel recibió otros 4.036 millones de pesos.
En cuanto a la Universidad Pedro de Valdivia, el fiscal Norambuena aseguró que el beneficio CAE, llegó a los 2.709 millones de pesos en 2011, y más de 5.600 millones de pesos al año siguiente.
De acuerdo a la imputación, la universidad SEK alcanzó a obtener 859 millones de pesos por créditos estatales durante el 2012.
El hecho imputado a las personalidades jurídicas de los tres establecimientos, que según el Ministerio Público configura el delito de soborno, puede ser sancionado con una multa cercana a los 400 millones de pesos, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.
Por el momento, se descarta como sanción la cancelación de la personalidad jurídica, ya que no se imputa delito de crimen ni delitos reiterados.
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