Fiscalía indaga presunto tráfico de migrantes haitianos en aeropuerto

La escena se repite a diario en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Son cerca de las 22.30 del miércoles y poco a poco un grupo de haitianos comienza a reunirse en la zona de desembarque de la terminal aérea. De español no se escucha una palabra. Los 50 extranjeros hablan y bromean en creol -su idioma nativo- buscando aplacar una ansiedad que crece con el paso de los minutos.

Su encuentro en este lugar no fue casual. Todos esperan la llegada del vuelo H8-703 de la aerolínea chilena Latin American Wings (LAW), que proviene de República Dominicana. Cuando el reloj marca las 23.15, el silencio se rompe con los aplausos, gritos y golpes a los vidrios que dejan ver la llegada de un nuevo grupo de haitianos a Chile.

Las tres maletas que esta veintena de viajeros portan no les impide correr a abrazar a sus familiares y amigos que, del otro lado del ventanal, agitan sus manos y levantan a los niños que a esa hora los acompañan. Una vez superados los controles migratorios, estos turistas se integrarán a una colonia que, en 2017, se proyecta que alcance las 48 mil personas, de los cuales 1.183 ya son residentes definitivos (ver infografía).

El masivo ingreso de haitianos al país, que se estima en 4.000 al mes, es un fenómeno conocido por las autoridades aeronáuticas y la Policía Internacional. También por el Ministerio Público, que el 30 de agosto tras recibir una denuncia de la PDI por el aumento de flujo de haitianos con fines de residencia en Chile, decidió abrió una reservada investigación para determinar la eventual participación de la aerolínea Latin American Wings en un caso de tráfico de migrantes.

La fiscal de alta complejidad, Carolina Suazo, ya decretó las primeras diligencias en esta indagatoria que busca sancionar a quien "con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente".

Fue el 12 de septiembre la fecha en que la fiscal Suazo requirió antecedentes y documentos de la empresa LAW a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En este oficio pidió "informar fecha de inicio de funcionamiento; el número de aviones de la flota de LAW (si es posible detallar modelo de avión y capacidad de pasajeros)". También solicitó "respecto de la flota de aviones, señalar si pertenecen a LAW o no. En caso de no ser aviones propios solicito informar bajo qué modalidad hacen uso de ellos (contrato de arriendo, comodato, etc.) y a quién pertenecen".

Con 145 trabajadores y 24 pilotos, Latin American Wings inició sus actividades el 28 de enero de 2016. Actualmente opera a través del arriendo de un Certificado de Operador Aéreo (AOC) que pertenece a Chilejet, ya que están en proceso para obtener su propia certificación.

Su flota de cuatro aviones, de los cuales tres están en proceso de implementación y certificación, realizan semanalmente siete vuelos directos a Lima, Perú; cuatro a Punta Cana, en República Dominicana, y dos a Puerto Príncipe, capital de Haití.

El 30 de octubre la empresa presentó un escrito a la fiscalía pidiendo acceder a la carpeta de investigación, tras conocer que estaba "involucrada" en la causa. La solicitud fue rechazada.

Contactada por esta denuncia, LAW respondió -a través de un comunicado- que la causa "se circunscribe en un espectro mucho mayor -el aumento de inmigración de haitianos a Chile- y que tangencialmente toca a la compañía, nos imaginamos, por la frecuencia de vuelos que realizamos a Puerto Príncipe y Punta Cana".

Agregaron que la aerolínea "se dedica al transporte de personas, ese es su negocio, recogiendo a pasajeros desde un punto de embarque y dejándolos en su punto de destino. Más aún, tanto en el punto de embarque como en el de destino, quienes velan por la idoneidad de la salida de un país y del ingreso a otro, son las autoridades de Extranjería de cada país y no una aerolínea en particular. Si el pasajero tiene los recursos y los documentos que se requieren para viajar, LAW no le puede negar la adquisición de un ticket aéreo".

Respecto de la causa penal que lleva adelante la fiscalía, enfatizaron que "llama la atención que el foco de la investigación aparentemente, esté puesto en LAW, habiendo otras tres líneas aéreas que atienden dicho mercado, como son Avianca, Copa y Latam, donde sólo un 25% de los haitianos que llegaron a Chile durante el primer semestre de este año lo hicieron a través nuestro". Además, aseguraron que cooperarán con las pesquisas del Ministerio Público.

Según la página web de la aerolínea LAW un pasaje desde Punta Cana a Santiago cuesta US$ 730 ($ 499.000). La Fiscalía está investigando que algunos de estos pasajeros llegaban a Chile con cartas de invitación falsas compradas a religiosos de iglesias cristianas por hasta US$ 300.

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A más de 5.700 kilómetros de Santiago se encuentra el aeropuerto internacional de Punta Cana, principal sector turístico de República Dominicana. Allí el intenso calor se mezcla con la humedad del ambiente y el incesante tránsito de viajeros que a diario arriban a este país centroamericano. A pocos metros de la zona de embarque, un pequeño grupo de haitianos se abraza en silencio. Están a minutos de emprender un largo viaje hacia Sudamérica.

"República Dominicana sirve de puente. Desde aquí viajamos a Chile, porque allá hay mejores oportunidades de vida", aclara Brunet Britus, haitiano radicado en República Dominicana desde 2003 y que ha vivido de cerca la partida de sus familiares y amigos hacia Chile.

Mejores condiciones de vida, seguridad y trabajo, son algunas de las razones que llevan a los haitianos a abandonar su país, golpeado por la pobreza y los desastres naturales.

Según relata Britus, las constantes salidas de sus compatriotas a Sudamérica comenzaron a alertar a la comunidad sobre irregularidades en el proceso de migración. "Hay personas que nos venden las cartas de invitación, que sirven para entrar a su país. O nos venden los contratos de trabajo, que son necesarios para que se queden a vivir en su país".

Dalinx Noel (33), haitiano, vive junto a su esposa en una pequeña casa de material ligero construida en la parte posterior de una iglesia del barrio Yungay, en Santiago. Hace cinco meses dejó Haití por "factores políticos y la inseguridad. Había elecciones en mi país y cuando eso pasa, siempre hay matanzas", señala. Poco sabía de Chile antes de partir. Sin embargo, recuerda que "mucha gente viajaba para acá y compraba los boletos de avión en mi tienda. A una sola persona le vendí 5 tickets de avión para él y su familia, entonces dije: 'hay algo bueno allá', y me decidí".

El masivo arribo de extranjeros al país, además, abrió la puerta para un nuevo delito: la venta de falsos contratos de trabajo. La Plaza de Armas es epicentro de este desconocido mercado negro. Uno de estos documentos, que facilita la obtención de residencia temporal y definitiva para un extranjero, puede costar entre $ 50 mil y $ 120 mil.

Pero no solo chilenos participan de este ilícito. También hay peruanos, argentinos, colombianos e, incluso, haitianos, quienes vieron esta irregularidad una oportunidad de obtener ingresos extra. Quienes venden estos documentos se mueven con cautela cerca de la Catedral Metropolitana. Ofrecen sus productos sólo a extranjeros o a quienes llegan por una recomendación.

Pese a esta barrera, no es difícil conseguir una copia de contratos falsos, como el que emitió Héctor Rodríguez, ciudadano argentino, que presuntamente contrató de forma ficticia a la haitiana M.E.C. como auxiliar de aseo, trabajo por el cual, según el documento, le pagaría $ 257.500. O los documentos que presuntamente elaboró Sonya Reyes para dar trabajo como temporeros a J.F.D. y a R.A., ambos haitianos, que pagaron $ 50 mil por obtener contratos que le permitirían obtener la residencia.

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Una mesa redonda, una pequeña pizarra blanca, 18 sillas y una cruz de madera colgada en la pared, ambientan la improvisada sala de clases de la iglesia San Saturnino, ubicada a metros de la Plaza Yungay. Español básico, intermedio y avanzado se imparten cada semana en este lugar como una forma de ayuda a los haitianos recién llegados. El párroco Juan Carlos Cortez lidera desde mayo esta labor, que se mantiene firme gracias al trabajo de voluntarios.

Cada semana pasan por la iglesia cerca de 400 inmigrantes, la mayoría haitianos. Y sólo los fines de semana este número puede llegar a los 150 interesados en aprender español, alimentarse, recibir ropa o comida, participar de los talleres de artesanías o elaborar currículum para conseguir un empleo.

Este trabajo directo con la comunidad haitiana le permitió al padre Cortez adentrarse en su realidad. Y también conocer sus necesidades y los problemas que los afectan. Fue en una de estas conversaciones que el religioso conoció la existencia de venta de documentos de trabajo falsos para haitianos. "Lo que he visto en estas últimas semanas es que lo vendedores de contratos falsos no apuntan a quienes están desesperados y sin trabajo, sino que a los que recién se están bajando del avión. Entonces, la capacidad de reaccionar y aconsejar es cada vez menor", señala.

Las ganancias que deja este ilícito, que vincula a empresas de fachada, es un factor a considerar. Es por eso que el religioso busca visibilizar esta irregularidad que, de ser detectada, puede terminar con la deportación del extranjero.

"En Extranjería una funcionaria detectó que una misma persona había emitido 300 contratos de trabajo. Todos a haitianos. Y esa persona que los emitió había recibido recién una residencia en Chile, porque era extranjero. Ganó $ 15 millones con ese método", cuenta el religioso. "Soy un cura de barrio y mi impacto no es cambiar la política, pero quiero responder a una emergencia humanitaria y de caridad que hoy existe".

Pese a sus esfuerzos, y los anuncios realizados desde el gobierno, Chile aún está pendiente la nueva ley de inmigración que reemplace a ley de que data de 1975, la más antigua de toda la región.