Fiscalía pide 103 años de cárcel para líder de la CAM
Ministerio Público presentó acusación contra cabecillas de del grupo radical mapuche, incluyendo a Héctor Llaitul.
Atentado contra un fiscal, robo con intimidación, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista son parte de los delitos contenidos en la acusación que el Ministerio Público presentó contra el líder militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, actualmente en prisión preventiva.
El fiscal Andrés Cruz, quien investiga la cúpula de la CAM detenida en abril de 2009, decidió llevar a juicio a 19 integrantes del grupo, acusados de asociación ilícita terrorista. Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel.
Entre los acusados figuran los 15 comuneros que el 16 de octubre de 2008 atacaron con pistolas y escopetas al fiscal Mario Elgueta, mientras realizaba diligencias en Tirúa.
El funcionario y cinco policías resultaron heridos en el atentado, que fue adjudicado por el autodenominado "Organo de Resistencia Mapuche de Lleu Lleu", entidad creada al alero de la CAM. La investigación determinó que Llaitul fue quien planificó y reclutó a la cuadrilla que participó en el ataque. En total, la fiscalía acusó de 10 delitos al líder de la organización mapuche.
A Llaitul también se le imputa encabezar una asociación ilícita destinada al robo de madera a agricultores de la zona. Según el análisis policial, con estos robos la CAM financiaba a sus dirigentes.
Otra de las acusaciones tiene relación con el robo con intimidación que sufrió el agricultor José Santos Jorquera y un incendio a las instalaciones de la empresa forestal Mininco el año pasado.
Entre los acusados también figuran Ramón Llanquileo Pilquimán, para quien se pide 65 años de cárcel, y José Huenuchue, que arriesga 52 años de presidio. Ambos también participaron en el atentado al fiscal y son investigados por presuntos viajes que realizaron a Colombia para recibir instrucción de las Farc.
La fiscalía presentará en el juicio cerca de 230 testigos, 100 informes periciales y escuchas telefónicas de llamados que realizaron los imputados tras el atentado al fiscal Elgueta.
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