Fiscalía rastrea eventuales pagos de Caval a funcionarios de Municipalidad de Machalí

La Fiscalía Regional de O'Higgins solicitó al Banco de Chile información sobre los movimientos de la cuenta corriente que la empresa Caval tiene con la entidad bancaria. El objetivo es rastrear si existieron traspasos de fondos desde la firma a funcionarios de la Municipalidad de Machalí.

La diligencia se está realizando en el marco de la indagación que lleva el fiscal Luis Toledo, en que se busca detectar eventuales delitos en la compraventa de tres terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval, cuyo 50% pertenece a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

Específicamente, lo que el persecutor está buscando es información sobre eventuales transferencias electrónicas desde Caval a las cuentas bancarias de dos funcionarios de la Municipalidad de Machalí: Jorge Silva Menares y Cynthia Ross Wiesner. 

Jorge Silva, ex director de Obras de la municipalidad, sostuvo contactos con Mauricio Valero -socio de Compagnon y propietario del otro 50% de Caval- durante los meses previos a la transacción por los terrenos. En un correo electrónico enviado el 2 de octubre de 2013, Silva le informó a Valero sobre la densidad de habitantes por hectárea que tenían los terrenos.

Cynthia Ross, en tanto, prestó servicios hasta enero de 2014 para la Municipalidad de Machalí, donde una de sus funciones era realizar propuestas para las futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal e Intercomunal. Además, Ross es sobrina de Patricio Wiesner, quien era el propietario de los predios hasta que fueron adquiridos por Caval mediante el convenio judicial preventivo a cargo del síndico de quiebras Herman Chadwick.

El Ministerio Público está investigando un correo electrónico enviado por Ross a Mauricio Valero el 25 de noviembre de 2013, en el cual le remite un informe sobre el uso de suelo de los terrenos.

El pasado 27 de febrero, el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia entregó diversos antecedentes al fiscal Toledo y, en paralelo, ordenó un sumario interno para que se investigue la eventual responsabilidad en la entrega de información por parte de funcionarios o asesores que trabajan o hayan trabajado en el municipio. Según fuentes de la municipalidad, se espera que esta investigación esté lista durante los próximos días.

OTROS INVOLUCRADOS

La Fiscalía también está solicitando información sobre posibles traspasos de dineros desde Caval a las cuentas bancarias de otras dos personas: al asesor Victorino Arrepol, y al gestor inmobiliario Juan Díaz.

Díaz, ex dirigente de la UDI, fue uno de los gestores del negocio y -según declaró Compagnon ante la fiscalía- existía un acuerdo para que las ganancias obtenidas por el negocio fueran repartidas de la siguiente forma: un 50% para Caval, y el otro 50% para Díaz y Patricio Cordero, otro gestor vinculado a la UDI.

La solicitud de información efectuada por la fiscalía abarca el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2012 y el 15 del mismo mes, pero de 2015.