Formalizarán a taxistas por Ley de Seguridad del Estado

Hasta las últimas horas de ayer, el fiscal Occidente Claudio Álvarez, en conjunto con un equipo especializado del OS-9 de Carabineros, llevaron a cabo distintas diligencias para esclarecer las circunstancias en que más de 150 taxistas se manifestaron el lunes, en las inmediaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde cortaron el tránsito y afectaron a mas de mil pasajeros de vuelos. Ese día fueron detenidas más de veinte personas, de las cuales cinco serán formalizadas hoy.

El lunes, luego de que se confirmó la muerte de un turista brasileño producto de un infarto, el gobierno se querelló por los hechos que causaron la congestión de los distintos accesos al aeropuerto. El Ejecutivo invocó la Ley de Seguridad del Estado, a través de la acción judicial, señalando que los manifestantes causaron alteración del orden público y el normal funcionamiento del transporte público y privado.

Aunque el día del control de detención no existía una decisión sobre si el Ministerio Público levantaría cargos contra los taxistas por la eventual infracción a la Ley de Seguridad del Estado, fuentes del caso señalaron que la fiscalía formalizará a los cuatro imputados -identificados como Michel Farías Osorio, Marco Pavez Torres, José Salgado Salgado y Jorge Henríquez Figueroa-, por vulnerar lo establecido en dicha norma.

Entre los antecedentes que la fiscalía analiza, para fundamentar la formalización, están las cámaras de seguridad del aeropuerto, donde se detectó que los taxistas llegaron de manera organizada a las vías de acceso. Los primeros peritajes del Ministerio Público y del OS-9 de Carabineros concluirían que se alteró el normal funcionamiento de los vuelos y del libre tránsito de las personas.

Según establece el artículo 6, letra c, de la Ley de Seguridad del Estado, cometen delitos contra el orden público "los que inciten, promuevan, destruyan, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones". Las penas por este ilícito parten en 10 años, pudiendo llegar a 15 años.

Desde esa base, según fuentes del caso, la fiscalía imputará el vínculo entre la protesta y la cancelación de vuelos, afectando a pasajeros y personal que trabaja en la terminal aérea.

Es por eso que entre el martes y ayer en la noche, los investigadores tomaron una serie de declaraciones a funcionarios de Aduanas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representantes de empresas afectadas, y hasta de la Fuerza Aérea (Fach), con el objetivo de saber el detalle del perjuicio al normal desarrollo del aeropuerto.

Además, el OS-9 investiga a 152 conductores de los taxis que fueron abandonados por sus dueños ese día en los accesos del aeropuerto. Tras ser empadronados por la comisaría del sector, la policía uniformada notificó a los choferes, quienes fueron objeto de una infracción por dejar los vehículos en lugares no autorizados.

En tanto, hasta ayer también se estaban analizando los antecedentes del ciudadano brasileño fallecido en la ruta, tras la manifestación. La fiscalía solicitó la autopsia del turista al SML, para ver si su deceso se hubiera producido aunque la manifestación no hubiera ocurrido, o si ambos hechos tienen algún tipo de vinculación.

Para el presidente de Confenataxi, Luis Campos, "esperamos que esto se resuelva a favor de la gente que está detenida, porque el costo está siendo muy alto. Ellos fueron detenidos por cosas que aún no sabemos, por lo tanto, esperamos que todo esté a su favor; hay algunas cosas que se han confundido. Sin embargo, hay que esperar lo que el fiscal diga en la audiencia y cuáles son las pruebas que tiene, pero ojalá que no sea algo tan costoso para ellos".

En tanto, según señaló la defensa de los imputados, el día del control de detención, no habría ninguna vinculación directa entre los detenidos y la organización de la manifestación. Además, según ellos, no habría una vulneración a la Ley de Seguridad del Estado, ni menos una responsabilidad en el fallecimiento del turista.