Georgy Schubert: "Defensoría debe poder asistir a los chilenos en Corte Interamericana de DD.HH."

"La tendencia internacional es que los estados les garanticen a sus ciudadanos el acceso sin problemas al sistema interamericano de justicia, cosa que en Chile hoy está sujeta a que la persona tenga dinero para un abogado particular o al patrocinio de una ONG, entre otras variables muy reducidas", asegura el defensor nacional Georgy Schubert (43).

Casado, padre de dos hijos, evangélico, oriundo de Temuco y voluntario de la Séptima Compañía de Bomberos de Concepción, este abogado, egresado de la Universidad de Chile, tiene una postura clara: "Apuntamos a que la Defensoría Penal Pública (DPP) pueda defender a chilenos ante la Corte Interamericana de DD.HH. Hoy no podemos y el sistema avanza en esa dirección. No hay razones para quedarnos atrás".

Dos hechos coyunturales atraviesan, actualmente, este debate: el juicio del llamado "caso lonkos mapuches", desarrollado durante mayo y junio en Costa Rica, en el cual la corte debería emitir una sentencia a fines de año (ver recuadro), y la visita que la semana pasada efectuó a Chile el presidente de este tribunal internacional, Diego García-Sayán, en el marco de un seminario sobre la misma materia.

Según Schubert, "otros países han asumido diferentes institucionalidades frente al sistema interamericano. Por ejemplo, los defensores de Costa Rica sólo pueden asistir a sus propios ciudadanos. Otros, como Brasil, Uruguay, lo abordan de manera más amplia".

En Chile, la ley no contempla esta atribución para la defensoría. ¿Qué podría justificar un cambio en la norma?

Existe una resolución de la Contraloría, de que a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial se podría exigir este servicio, pero no se dice nada respecto de la DPP. Y creemos que debiésemos ser nosotros, porque tenemos los conocimientos, la capacitación y una relación vigente con la Asociación Interamericana de Defensores.

La defensoría depende del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y su propio cargo es nombrado de una terna por el Presidente. ¿La representación de un chileno en el extranjero, eventualmente en contra del Estado, podría generar un conflicto de interés?

Nosotros tenemos autonomía jurídica en la representación de nuestros clientes. De hecho, todos los días asistimos a personas en contra de los intereses del Estado, ya que la fiscalía, las policías y otros entes normalmente los representan y/o son sus funcionarios. Conceptualmente, no es tan diferente hacerlo ante una corte internacional.

¿Considera que podría representar un problema el respaldar cuestionamientos a fallos de la Corte Suprema?

Los países que firmaron el acuerdo interamericano, y Chile lo hizo, saben que existe esta instancia para que los ciudadanos puedan acudir, reclamar y eventualmente llegar a la corte. Son tratados internacionales y a través de la Constitución forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es una instancia válida y vinculante.

Con esto, invariablemente la DPP ganaría autonomía.

No vemos la discusión en ese sentido, sino como parte de una evolución natural jurídica. Es una realidad positiva y buena para la democracia. Actualmente, la Defensoría no puede designar a un abogado chileno para esta corte. Y hasta ahora, los casos y sus fallos han tenido un efecto positivo en la legislación interna.

¿Con qué criterios decidirían qué causas respaldar? ¿Lo harían en todos los casos?

No, nosotros nos enfocamos en la figura del defensor público interamericano. Actualmente, tenemos una, la defensora Gustava Aguilar, de Punta Arenas, quien es parte del listado que la Corte Interamericana podría designar, aunque, por ahora, su caso es sólo nominal. Pero tener una presencia real y concreta en esa lista, con uno o dos defensores, implicaría un uso de recursos acotado y eficiente. Además, sólo una proporción menor de casos y denuncias llega finalmente a esa Corte, no más de 20 al año.

¿No buscan, entonces, apoyar todas las demandas ante la corte?

En ningún caso. Hay filtros previos. Para efectos prácticos, a Chile podrían tocarle uno o dos casos al año, lo que es algo acotado, pero muy simbólico e importante.

¿Lo ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia?

Sí, hemos tenido conversaciones y gestiones formales. Durante mi gestión, a principios de 2012, pedimos un pronunciamiento al ministerio, que enseguida le efectuó una solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sabemos que el debate tiene sus tiempos, pero obviamente que se debe tomar una decisión jurídica y política sobre esta materia. Más temprano que tarde, Chile lo debe asumir y resolver.